Ángel Olegario Marquez González
Expediente 103/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel Olegario Marquez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, toda vez que en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se acordó respecto de su contenido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase al juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el disco en formato DVD, que acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, y con apoyo además en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 103/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ÁNGEL OLEGARIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Señalo como acto reclamado EL ACUERDO DICTADO CON FECHA 21 DE ENERO DE 2021 EN LA CAUSA PENAL 87/2020, EN EL CUAL DECLARA IMPROCEDENTE Y DESECHA DE PLANO LA RECUSACIÓN QUE PROMOVI EN SU CONTRA POR CONSIDERAR QUE TIENE INTERES DIRECTO EN EL PROCEDIMIENTO." Actos que estima transgrede los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. La citada demanda fue turnada inicialmente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente por conocimiento previo, y remitió la demanda con sus anexos y copias a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por haber prevenido en el conocimiento del asunto, en el juicio de amparo 377/2019. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, aceptó la competencia planteada, radicando el asunto con el número de expediente 103/2021; admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a la parte tercera interesada, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Cambio de titular. En auto de once de junio de dos mil veintiuno, en atención al oficio SEPLE./CJD./002/1946/2021 de dos de junio del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se autorizó la licencia prejubilatoria y posterior retiro voluntario del licenciado Amado Chiñas Fuentes, anterior titular de este juzgado, se comunicó a las partes que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la licenciada Elia Irma Hernández Antonio, desempeña las funciones de jueza de Distrito adscrita a este juzgado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Aplicación de criterios. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en su informe justificado convino en la existencia del acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación del mismo, como lo es un disco digital versátil DVD, el cual adquiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, y en términos de la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 61 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria génesis de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Ahora, en la especie, el acto reclamado es el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 87/2020, mediante el cual se declaró improcedente y se desechó de plano la recusación que promovió el quejoso en contra del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Con base en lo argumentado previamente, se concluye que la resolución que desechó la recusación que promovió el peticionario del amparo, no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, habida cuenta que el impetrante de amparo no resiente una afectación grave o trascendental en sus derechos subjetivos, concretamente el de defensa, pues al ser de carácter formal o intraprocesal, sus consecuencias podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, pues dicha determinación únicamente produce el efecto de que el Juez recusado continúe conociendo de la causa penal número 87/2020, y bien puede ocurrir, que obtenga decisión favorable a sus intereses, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto reclamado. Además, cabe precisar que la resolución combatida no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia definitiva de primera instancia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal -desechamiento de la recusación- sería reclamable en amparo directo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar en forma presente el ejercicio de derechos sustantivos. Por tanto, las violaciones procesales que en su caso se hayan cometido a través de dicho acto deben alegarse como tales en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que en su oportunidad se emita en la causa penal que se le instruye. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada P. XLI/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 23, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. Ese tipo de resoluciones no constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que produce es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de dicha ley, revela una violación procesal reclamable en amparo directo". Así también, por las razones que la conforman, robustece lo anterior la jurisprudencia X.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 59, Núm. 63, Marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "RECUSACIÓN. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La recusación con expresión de causa no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución, es de que el propio juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias Común, del rubro siguiente: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 103/2021, promovido por el quejoso ÁNGEL OLEGARIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
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