Angel Mendizabal Luna

Expediente 847/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
847/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Angel Mendizabal Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 847/2022-VII. Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso, donde se resolvió sobreseer el presente juicio -por inexistencia de actos-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA ALCANZÓ EL RANGO DE EJECUTORIA. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente porque constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura ederal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de ejecutoria. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o la parte quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En virtud de lo anterior, glósese las constancias relativas del cuaderno original a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar o destruir el expediente principal -según sea el caso-. Por su parte en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado será destruible dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar copia de este proveído a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 847/2022-VII S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 847/2022-VII, promovido por; por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, y otra Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por, por inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el cuarto punto considerativo. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 847/2022-VII. Puebla, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por el Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecucion de todas las Regiones Judiciales del Estado, mediante los cuales rinden sus informes justificados correspondientes negando los actos reclamados por el quejoso. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional que estaba señalada para este juicio, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada. Notifíquese

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 847/2022-VII. Puebla, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por +++++,, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y otra. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . El acto reclamado por el quejoso, en términos de la demanda comprende: 1. la ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra por la Autoridad Responsable Ordenadora 1. Orden de detención. De los hechos narrados por el quejoso en los antecedentes de su escrito de demanda, se desprende que, menciona que: ". con fecha siete de agosto del año en curso, aproximadamente a las quince horas, me informaron que se presentaron en mi domicilio aproximadamente tres patrullas de la Policía Estatal, y como tres patrullas de la Fiscalía General del Estado, y que para esto eran aproximadamente diez sujetos del sexo masculino, que iban con armas de alto calibre y con el uniforme de la Policía Estatal, así como hombres armados con uniforme color café y con leyenda Agencia Estatal de investigación de la Fiscalía General del Estado que mis familiares pensaron se trataba de un operativo en esa zona, puesto que tenemos conocimiento que han ocurrido muchos robos y otros delitos, por lo cual no tomaron mucho en cuenta esta situación. Sin embargo más tarde cual fue mi sorpresa que mis familiares me informaron que dichos supuestos Agentes de la Policía, estuvieron preguntando con el suscrito, cuál era mi domicilio y dónde me podían localizar, y digo supuestos policías porque nunca se identificaron solo llevaban el uniforme como he mencionado en líneas anteriores, el caso es que como soy conocido por todos mis vecinos como una persona amable, que no se mete en problemas con nadie e incluso siempre he participado en algún proyecto de mejora para la calle, como pavimentación, alumbrado público, pintura para guarniciones, se les hizo raro preguntaran por mi, y sobre todo por el número de supuestos policías que se encontraban buscándome. Que por tal motivo varios de mis vecinos les preguntaron a dichos supuestos policías, que cuál era el motivo por el que me buscaban, y respondieron dos policías que al parecer iban al frente de todos que llevaban una orden de aprehensión en mi contra, y una orden de detención que dicha orden la había librado un juez de los del nuevo sistema oral y que solo cumplían órdenes." Narración de la que no se advierte que le libraran una orden de detención, de ahí que, es evidente que no se encuentra en el supuesto de la siguiente hipótesis: ? Que el Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al Fiscal señalado como autoridad responsable -la orden de detención reclamada-, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar presentación, aprehensión y detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, debe desecharse el acto consistente en la orden de detención En suma, conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a desechar de manera parcial la demanda de amparo, respecto del acto consistente en la orden de detención. 2. Autoridades ministeriales. En virtud de que la litis constitucional quedó acotada a la orden de aprehensión, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por cuanto hace a la Fiscal General del Estado de Puebla, porque es evidente que no les asiste el carácter de autoridad responsable ordenadora. En efecto, dicha autoridad carece de facultades para ordenar una orden de búsqueda, localización y/o aprehensión; por ende, con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente, en aras de una impartición de justicia pronta, desde este momento se descarta su emplazamiento. Admisión Parcial. Debido a que se cumplen los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite parcialmente la demanda de amparo, por los actos siguientes:  La orden de aprehensión. Precisión de las autoridades responsables de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución en el Estado de Puebla. El quejoso señaló entre las autoridades responsables, a los jueces de control de las regiones judiciales Centro con sede en Puebla, Centro Poniente, con sede en Cholula, San Martin Texmelucan y Atlixco. Ahora, Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por oficio 22328/2021-ADM, comunicó a este juzgado federal que la administración general a su cargo cuenta con el acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal en el Estado de Puebla. De ahí que para maximizar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, sea conveniente realizar un ajuste procesal y requerir únicamente al indicado juzgador (Administrador General) como responsable para que rinda informe justificado por sí mismo y en representación de los jueces de Oralidad Penal y Ejecución que integran la región judicial Centro con sede en Puebla, así como de la región Centro Poniente, con sede en Cholula, San Martin Texmelucan y Atlixco, Sur con sede en Izúcar de Matamoros, respectivamente, respecto de los actos que reclama el aquí quejoso. Con motivo de lo anterior y a efecto de evitar mayores dilaciones en la substanciación de este juicio constitucional, se tiene como autoridad responsable ordenadora al Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, para que rinda el informe justificado por sí y en representación de los jueces de control adscritos a las regiones judiciales señaladas en líneas anteriores. Precisión de la autoridad ejecutora. Ahora, el quejoso señalado a catorce autoridades ejecutoras de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, de conformidad con los artículos 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a cargo del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por lo tanto, se tiene únicamente como autoridad ejecutora a la siguiente: Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Precisión de las autoridades responsables que habrán de emplazarse. Autoridad ordenadora: Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. Autoridad ejecutora: Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Luego, se instruye al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones con las denominaciones anteriores, al momento de registrar las autoridades responsables. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; al cual deberá glosarse una impresión de este acuerdo. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Terceros interesados. Una vez que se reciba la información requerida a la autoridad responsable y sea cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables que en el presente juicio sólo le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito3 . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. También, como lo ordena el artículo 2454 de la Ley de Amparo, se les impondrá a las autoridades (con exclusión del juez de distrito señalado como responsable) una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), se hace notar a la parte quejosa que en el término de tres días siguientes a partir de la notificación de este acuerdo, puede proporcionar algún correo electrónico o número de teléfono móvil como medios del cual puedan ser contactada. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se tienen los tres números telefónicos y la dirección de correo electrónico proporcionados en la demanda, como medios de contacto con la parte quejosa para el trámite de este juicio. En consecuencia, se determina que esos medios de contacto deberán considerarlos los actuarios de este juzgado, en específico cuando sea necesario ubicar al quejoso por alguna circunstancia que lo ameritara. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo - en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por a la autoridad responsable cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Medidas especiales para la notificación de las autoridades y Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Se hace saber a las autoridades que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; cualquier oficio que deseen enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido únicamente al correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Empero, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). De igual manera, se instruye al actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de éste, si se tratase de autoridades locales, deberán ser entregados de manera física. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Por su parte, las autoridades responsables foráneas deberán ser notificadas por medio de correo electrónico, levantado para ello por el actuario en cuestión, la razón de su confirmación. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de éstas. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 16/2022), en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes del sumario constitucional que se ubiquen en alguno de los supuestos precisados, deberán proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios5 ; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"6 ; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Por último, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer de manera presencial a la misma; pero, de antemano deberán registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades (con exclusión del juez de distrito señalado como responsable) de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el que indica en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Luego, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cesar Joaquín Sánchez Zepeda, porque el mismo cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y a los demás profesionistas nombrados con facultades restringidas que marca el mimo numeral por no tener registradas sus cédulas en el mencionado sistema. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto7 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita) Notifíquese

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