Angel Manuel Moreno Navarrete

Expediente 868/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
868/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Angel Manuel Moreno Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 868/2022-VIII. Puebla, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos, se observa que en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se declaró que el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, causó estado. Derivado de la declaración previa, se proveyó en esa determinación el archivo del presente asunto. Luego, del sumario constitucional se aprecia que en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se recibió un oficio de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por el cual remitió los registros audiovisuales de la audiencia inicial celebrada en la causa penal ******, en un disco compacto, con el cual se formó un cuaderno auxiliar. Por consiguiente, al ser innecesaria su retención, se ordena la devolución del indicado anexo, sin embargo, al tratarse de copia de un registro audiovisual no es necesario requerir el acuse de recibo. Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente asunto al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, donde se resolvió el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el presente juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Devolución de anexo. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no existen anexos que se deban devolver.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Fiscal General cumple requerimiento Se agrega al expediente el oficio del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues comunica las gestiones realizadas para la notificación del oficio dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla (quien se encuentra a cargo de la carpeta de investigación XXXXX); y para justificarlo, remite las constancias correspondientes. Por tanto, se declara cumplido el requerimiento formulado al citado fiscal en el proveído mencionado, pues se tiene emplazado al citado agente como tercero interesado en este juicio; razón por la cual se deja sin efectos el apercibimiento de multa que se le hizo. Ahora, de las constancias se advierte que fue notificado el licenciado XXXX; asimismo, se advierte un domicilio, número telefónico y correo electrónico correspondiente a dicho agente. En ese contexto, se le tiene como tercero interesado en este juicio y se ordena a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el S.I.S.E. Jueza de Control remite informe para conocimiento Por otra parte, se agrega el oficio signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, a través del cual informa que la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual le fue concedida al quejoso, en términos de los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para sustentar lo asentado en su oficio de cuenta, acompañó un disco versátil digital DVD, que contiene la audiencia celebrada en la causa de origen; por lo que se ordena formar el cuaderno auxiliar respectivo, para facilitar el cuidado del disco óptico. Ahora, visto el contenido del mencionado disco, se hace notar que la jueza responsable, en audiencia celebrada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, calificó de legal la detención del quejoso XXXX; y dictó auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal XXXX. A su vez, en la misma audiencia, el quejoso solicitó la suspensión condicional del proceso a través de su defensa, por lo que previo debate entre las partes, el órgano jurisdiccional determinó procedente tal solicitud. De lo anterior, se obtiene que desde este momento, se estima la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción del artículo 61 fracción XIII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es obligatorio conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo, como se asentará en el siguiente apartado. Sobreseimiento fuera de audiencia En efecto, en la especie, se configura una causal de improcedencia a que se hizo referencia, por lo que es útil señalar la materia de este juicio por el cual se admitió: ? El exceso de plazo en la detención del quejoso sin que la jueza de control responsable se haya pronunciado sobre su situación jurídica; y, ? La custodia de la que es objeto por parte de la autoridad señalada con el carácter de ejecutora. Del precepto transcrito se establece que para tener por actualizada dicha causal de improcedencia, debe determinarse que un acto de autoridad se entiende consentido expresamente cuando el quejoso hace del conocimiento de la autoridad responsable que está conforme con su actuación, existiendo una constancia al respecto, por lo que existe una adhesión verbal a él, escrita o traducida en signos inequívocos. Además del consentimiento expreso, la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, alude a una especie de consentimiento, al disponer que es improcedente el juicio de amparo contra actos que hayan sido consentidos mediante manifestaciones de voluntad que entrañen un consentimiento. En materia de amparo, el consentimiento mencionado se traducirá en la realización de hechos por parte del agraviado que indiquen principalmente su disposición de cumplir el acto o la ley reclamados. De lo antes apuntado, se destaca que si el quejoso ha evidenciado su conformidad con el acto de autoridad que pudiera resultar transgresor de derechos humanos, ya sea que dicha conducta de aceptación del acto reclamado sea expresa o se infiera por la forma de actuación en que se entrañe ese consentimiento o aceptación, el juicio de amparo deberá ser declarado improcedente. Ahora, los actos derivados de actos consentidos, son aquéllos que emanan directamente de un acto que expresamente o por manifestaciones de voluntad; es consentido por el promovente del juicio de amparo y para que se dé tal circunstancia, además de la relación causal que debe existir entre el acto de la autoridad consentido y el acto de autoridad que participe de dicho carácter, para que sea aplicable la causal de improcedencia invocada, se requiere que la inconstitucionalidad entre ambos no sea independiente o no esté desvinculada. Establecido lo anterior, debe decirse que en el presente asunto, el quejoso consintió el exceso de plazo en la detención y la custodia de la que fue objeto, ya que en audiencia aceptó el control de la detención y la vinculación a proceso, incluso, una vez que fue vinculado, solicitó la conclusión anticipada de la controversia, a través de la suspensión condicional del procedimiento, por lo que al consentir libre y voluntariamente la solución anticipada del proceso mediante un mecanismo alternativo, también aceptó libremente los hechos materia de la imputación, ya que lo hizo con la finalidad de perseguir un beneficio. Por auto inicial de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se requirió la jueza de control responsable para que en el plazo de veinticuatro horas, comunicara a este juzgado federal la situación jurídica que guarda el quejoso, señalando para ello las horas y minutos que han transcurrido desde el momento de su detención, precisando el instante en que fue puesto a su disposición, y en su caso, el momento en que se haya definido su situación jurídica. Lo anterior, porque el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que hasta el doce de agosto del año en curso, no se había realizado ningún pronunciamiento en relación a su actual situación jurídica. Por ende, el quejoso, como lo establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el derecho a ser juzgado en un procedimiento oral y adversarial, en el cual se cumplan con el cúmulo de derechos previstos a su favor, como el ser juzgado ante un tribunal previamente establecido, por un juez competente, independiente e imparcial, que se cumplan con el debido proceso, que se le trate como inocente hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia emitida en una audiencia de juicio oral, entre muchos más. Consecuentemente, la jueza responsable atendió dicho requerimiento, en el que comunicó lo siguiente: 1. El quejoso fue detenido por su posible participación en los hechos con apariencia de delito de robo agravado a casa habitación y lesiones, el ocho de agosto de dos mil veintidós a las dos horas de ese día; 2. El peticionario de amparo fue puesto a disposición de la autoridad judicial de manera formal el día diez de agosto último, a la una horas con cuatro minutos. 3. El impetrante de amparo se encontraba interno en el Hospital General del Sur, con motivo de las lesiones que presenta (consistentes en edema de cuello, fractura de cráneo y discapacidad auditiva); 4. Con motivo de las lesiones presentadas por el quejoso y ante la manifestación de la fiscalía de que aquél se encontraba interno en el hospital de mérito, la jueza de control determinó el diez de agosto de este año, suspender el término constitucional a partir de la hora uno con cuatro minutos de ese día; y, 5. Que desde el momento de su detención, hasta el momento en que la autoridad judicial responsable dio cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído inicial de este juicio de amparo (a las diecisiete horas del diecisiete de agosto de este año), han transcurrido doscientas treinta y un horas. Luego, tal como se advierte del disco que se acompañó al oficio de cuenta, el peticionario de amparo quedó a disposición de la causa penal XXXXX, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, en la que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la jueza responsable calificó de legal la detención realizada por los elementos de investigación y dictó auto de vinculación a proceso. Lo anterior fue así, pues el quejoso fue asistido por su defensa particular la cual no realizó pronunciamiento alguno al respecto. A su vez, en la misma audiencia, el quejoso solicitó la suspensión condicional del proceso a través de su defensa, por lo que previo debate entre las partes, el órgano jurisdiccional determinó procedente tal solicitud. En consecuencia, aun cuando el quejoso impugnó el exceso de plazo en la detención sin que la jueza de control responsable se haya pronunciado sobre su situación jurídica; y, la custodia de la que es objeto, a través del presente juicio; lo cierto es que al consentir tanto el control de detención, como la vinculación a proceso, el quejoso consintió los actos que reclamó por esta vía constitucional. En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, la exhibición del disco que contiene la audiencia celebrada en la causa penal XXXX, se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las diez horas con ocho minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    SE DEJO DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA POR LO TANTO SE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y SE TIENE POR NOTIFICADA DEL SIGUIENTE ACUERDO: Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Fiscal General cumple requerimiento Se agrega al expediente el oficio del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues comunica las gestiones realizadas para la notificación del oficio dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla (quien se encuentra a cargo de la carpeta de investigación XXXXX); y para justificarlo, remite las constancias correspondientes. Por tanto, se declara cumplido el requerimiento formulado al citado fiscal en el proveído mencionado, pues se tiene emplazado al citado agente como tercero interesado en este juicio; razón por la cual se deja sin efectos el apercibimiento de multa que se le hizo. Ahora, de las constancias se advierte que fue notificado el licenciado XXXX; asimismo, se advierte un domicilio, número telefónico y correo electrónico correspondiente a dicho agente. En ese contexto, se le tiene como tercero interesado en este juicio y se ordena a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el S.I.S.E. Jueza de Control remite informe para conocimiento Por otra parte, se agrega el oficio signado por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, a través del cual informa que la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual le fue concedida al quejoso, en términos de los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para sustentar lo asentado en su oficio de cuenta, acompañó un disco versátil digital DVD, que contiene la audiencia celebrada en la causa de origen; por lo que se ordena formar el cuaderno auxiliar respectivo, para facilitar el cuidado del disco óptico. Ahora, visto el contenido del mencionado disco, se hace notar que la jueza responsable, en audiencia celebrada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, calificó de legal la detención del quejoso XXXX; y dictó auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal XXXX. A su vez, en la misma audiencia, el quejoso solicitó la suspensión condicional del proceso a través de su defensa, por lo que previo debate entre las partes, el órgano jurisdiccional determinó procedente tal solicitud. De lo anterior, se obtiene que desde este momento, se estima la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción del artículo 61 fracción XIII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es obligatorio conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo, como se asentará en el siguiente apartado. Sobreseimiento fuera de audiencia En efecto, en la especie, se configura una causal de improcedencia a que se hizo referencia, por lo que es útil señalar la materia de este juicio por el cual se admitió: ? El exceso de plazo en la detención del quejoso sin que la jueza de control responsable se haya pronunciado sobre su situación jurídica; y, ? La custodia de la que es objeto por parte de la autoridad señalada con el carácter de ejecutora. Del precepto transcrito se establece que para tener por actualizada dicha causal de improcedencia, debe determinarse que un acto de autoridad se entiende consentido expresamente cuando el quejoso hace del conocimiento de la autoridad responsable que está conforme con su actuación, existiendo una constancia al respecto, por lo que existe una adhesión verbal a él, escrita o traducida en signos inequívocos. Además del consentimiento expreso, la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, alude a una especie de consentimiento, al disponer que es improcedente el juicio de amparo contra actos que hayan sido consentidos mediante manifestaciones de voluntad que entrañen un consentimiento. En materia de amparo, el consentimiento mencionado se traducirá en la realización de hechos por parte del agraviado que indiquen principalmente su disposición de cumplir el acto o la ley reclamados. De lo antes apuntado, se destaca que si el quejoso ha evidenciado su conformidad con el acto de autoridad que pudiera resultar transgresor de derechos humanos, ya sea que dicha conducta de aceptación del acto reclamado sea expresa o se infiera por la forma de actuación en que se entrañe ese consentimiento o aceptación, el juicio de amparo deberá ser declarado improcedente. Ahora, los actos derivados de actos consentidos, son aquéllos que emanan directamente de un acto que expresamente o por manifestaciones de voluntad; es consentido por el promovente del juicio de amparo y para que se dé tal circunstancia, además de la relación causal que debe existir entre el acto de la autoridad consentido y el acto de autoridad que participe de dicho carácter, para que sea aplicable la causal de improcedencia invocada, se requiere que la inconstitucionalidad entre ambos no sea independiente o no esté desvinculada. Establecido lo anterior, debe decirse que en el presente asunto, el quejoso consintió el exceso de plazo en la detención y la custodia de la que fue objeto, ya que en audiencia aceptó el control de la detención y la vinculación a proceso, incluso, una vez que fue vinculado, solicitó la conclusión anticipada de la controversia, a través de la suspensión condicional del procedimiento, por lo que al consentir libre y voluntariamente la solución anticipada del proceso mediante un mecanismo alternativo, también aceptó libremente los hechos materia de la imputación, ya que lo hizo con la finalidad de perseguir un beneficio. Por auto inicial de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se requirió la jueza de control responsable para que en el plazo de veinticuatro horas, comunicara a este juzgado federal la situación jurídica que guarda el quejoso, señalando para ello las horas y minutos que han transcurrido desde el momento de su detención, precisando el instante en que fue puesto a su disposición, y en su caso, el momento en que se haya definido su situación jurídica. Lo anterior, porque el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que hasta el doce de agosto del año en curso, no se había realizado ningún pronunciamiento en relación a su actual situación jurídica. Por ende, el quejoso, como lo establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el derecho a ser juzgado en un procedimiento oral y adversarial, en el cual se cumplan con el cúmulo de derechos previstos a su favor, como el ser juzgado ante un tribunal previamente establecido, por un juez competente, independiente e imparcial, que se cumplan con el debido proceso, que se le trate como inocente hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia emitida en una audiencia de juicio oral, entre muchos más. Consecuentemente, la jueza responsable atendió dicho requerimiento, en el que comunicó lo siguiente: 1. El quejoso fue detenido por su posible participación en los hechos con apariencia de delito de robo agravado a casa habitación y lesiones, el ocho de agosto de dos mil veintidós a las dos horas de ese día; 2. El peticionario de amparo fue puesto a disposición de la autoridad judicial de manera formal el día diez de agosto último, a la una horas con cuatro minutos. 3. El impetrante de amparo se encontraba interno en el Hospital General del Sur, con motivo de las lesiones que presenta (consistentes en edema de cuello, fractura de cráneo y discapacidad auditiva); 4. Con motivo de las lesiones presentadas por el quejoso y ante la manifestación de la fiscalía de que aquél se encontraba interno en el hospital de mérito, la jueza de control determinó el diez de agosto de este año, suspender el término constitucional a partir de la hora uno con cuatro minutos de ese día; y, 5. Que desde el momento de su detención, hasta el momento en que la autoridad judicial responsable dio cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído inicial de este juicio de amparo (a las diecisiete horas del diecisiete de agosto de este año), han transcurrido doscientas treinta y un horas. Luego, tal como se advierte del disco que se acompañó al oficio de cuenta, el peticionario de amparo quedó a disposición de la causa penal XXXXX, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, en la que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la jueza responsable calificó de legal la detención realizada por los elementos de investigación y dictó auto de vinculación a proceso. Lo anterior fue así, pues el quejoso fue asistido por su defensa particular la cual no realizó pronunciamiento alguno al respecto. A su vez, en la misma audiencia, el quejoso solicitó la suspensión condicional del proceso a través de su defensa, por lo que previo debate entre las partes, el órgano jurisdiccional determinó procedente tal solicitud. En consecuencia, aun cuando el quejoso impugnó el exceso de plazo en la detención sin que la jueza de control responsable se haya pronunciado sobre su situación jurídica; y, la custodia de la que es objeto, a través del presente juicio; lo cierto es que al consentir tanto el control de detención, como la vinculación a proceso, el quejoso consintió los actos que reclamó por esta vía constitucional. En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, la exhibición del disco que contiene la audiencia celebrada en la causa penal XXXX, se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las diez horas con ocho minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós.

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