Ángel Herón Navarrete Villalva
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ángel Herón Navarrete Villalva
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 89/2022. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de anexos. Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 89/2022-IX. Puebla, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se acepta competencia. Se agrega a los autos el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. A través de él, remite el juicio de amparo **, promovido por **. Lo anterior, por la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas que determinan que el conocimiento debe ser de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno en el Estado de Puebla. Competencia que por razón de turno le fue asignada a este órgano federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó *** por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a las autoridades responsables lo siguiente: ".La dilación injustificada en la integración de la , y la abstención de iniciar una carpeta de investigación .". Ahora, bajo ese escenario, resaltan las siguientes circunstancias:El expediente con el número de atención temprana a que hace referencia el solicitante de la protección constitucional, se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.Dicho expediente, al haberse iniciado con motivo de la denuncia presentada, implica que el quejoso adquirió el carácter de víctima o agraviado. Por tanto, a raíz de las circunstancias referidas en los párrafos previos, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque las omisiones y retardos reclamados en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, se presenta el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. .". Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación al citado artículo en la jurisprudencia4 siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. ." De lo anterior, se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por el quejoso deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una omisión de investigación del Ministerio Público. De hecho, la parte quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la omisión o retardo combatido en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Luego, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, se encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las abstenciones combatidas en la demanda de protección deben impugnarlas, primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que se estima actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, dado que es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en la ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Librado Heron Navarrete Borbia porque así lo solicita la parte quejosa y su cédula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Ahora, respecto de Antonio Alonso Navarrete Villalva, Max Uriel Urzua Figueroa y Cecilia Cortes Rosas, solo se tienen por autorizados para recibir notificaciones, porque así lo solicito la parte quejosa. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y por oficio al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 89/2022-IX. Puebla, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se acepta competencia. Se agrega a los autos el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. A través de él, remite el juicio de amparo **, promovido por **. Lo anterior, por la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo, por las razones ahí expuestas que determinan que el conocimiento debe ser de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno en el Estado de Puebla. Competencia que por razón de turno le fue asignada a este órgano federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó *** por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a las autoridades responsables lo siguiente: ".La dilación injustificada en la integración de la , y la abstención de iniciar una carpeta de investigación .". Ahora, bajo ese escenario, resaltan las siguientes circunstancias:El expediente con el número de atención temprana a que hace referencia el solicitante de la protección constitucional, se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.Dicho expediente, al haberse iniciado con motivo de la denuncia presentada, implica que el quejoso adquirió el carácter de víctima o agraviado. Por tanto, a raíz de las circunstancias referidas en los párrafos previos, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque las omisiones y retardos reclamados en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, se presenta el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. .". Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación al citado artículo en la jurisprudencia4 siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. ." De lo anterior, se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por el quejoso deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una omisión de investigación del Ministerio Público. De hecho, la parte quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la omisión o retardo combatido en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Luego, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, se encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las abstenciones combatidas en la demanda de protección deben impugnarlas, primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que se estima actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, dado que es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en la ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Librado Heron Navarrete Borbia porque así lo solicita la parte quejosa y su cédula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Ahora, respecto de Antonio Alonso Navarrete Villalva, Max Uriel Urzua Figueroa y Cecilia Cortes Rosas, solo se tienen por autorizados para recibir notificaciones, porque así lo solicito la parte quejosa. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y por oficio al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; y cúmplase.
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