Ángel Ávila Reyes

Expediente 1031/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1031/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Ávila Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que el Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, no ha remitido las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni ha informado las gestiones que haya realizado para ello, la cual se concedió para los siguientes efectos: Emita la respuesta que debe recaer las solicitudes de trámite con números 16230004658 y 16230004659, presentadas el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido que estime conveniente; y, Notifique personalmente tal determinación a la parte quejosa en el domicilio proporcionado para tal efecto. En consecuencia, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el juez debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo este juzgado procederá de la forma siguiente: 1. Realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...CAUSA EJECUTORIA....

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1031/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa [Documental, presuncional legal y humana e instrumental pública de actuaciones]. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para presentar alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2-10), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Ángel Ávila Reyes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, el 8° fracción I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 1031/2023 y en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés (foja 18), se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la parte quejosa reclama una omisión y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, consiste en: La omisión de dar respuesta a las solicitudes de trámite con números 16230004658 y 16230004659, presentadas el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, al rendir su informe justificado negó los actos reclamados; sin embargo, posterior a ello adujo que las solicitudes fueron presentadas y recibidas en dicha delegación, pero que hay varias autoridades que participan en los referidos trámites, cuyo estatus en el sistema aparece como "en proceso" (foja 26). Manifestaciones que evidencian la certeza de los actos reclamados y por ende deban tenerse por ciertos. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó la parte quejosa, consistente en las solicitudes de trámite con números 16230004658 y 16230004659, presentadas el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no invocaron causa de improcedencia de la acción constitucional alguna ni de manera oficiosa se advierte la existencia de una de ellas; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en sus conceptos de violación, señala en esencia- que existe una violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la omisión de la Delegación del Registro Agrario Nacional de dar respuesta a las solicitudes de trámite con números 16230004658 y 16230004659, presentadas el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. A efecto de estar en posibilidades de saber si asiste razón a la parte quejosa, es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 8° de la Constitución Federal Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por tanto, para considerar que la autoridad cumplió con lo ordenado en el artículo octavo constitucional, lo primordial es que reciba el escrito de petición que le es dirigido de manera escrita, pacífica y respetuosa. Estas formalidades, de ninguna manera obligan a la autoridad para resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. Una vez precisado lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa acreditó que presentó las solicitudes de trámite con números 16230004658 y 16230004659 ante el Delegado del Registro Agrario Nacional el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, así como que la referida responsable, a la fecha no ha dado respuesta a la misma. Por tanto, resultan fundados los conceptos de violación. Lo anterior, porque el artículo 8° constitucional establece como derecho que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a lo que deberá recaer siempre un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, quien tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Así, atento al derecho previsto en el artículo 8° constitucional, lo debido era que la autoridad responsable se pronunciara de manera directa y clara sobre la procedencia de la petición formulada por la parte quejosa, lo que a la fecha no ha realizado. Sirve de apoyo a los razonamientos vertidos, la jurisprudencia XXI.1º.P.A. J/27, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, registro digital 162603, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181149, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." No pasa inadvertido para este juzgador que la responsable al rendir su informe justificado adujo que no ha podido atender las solicites por las excesivas cargas de trabajo, ya que es la encargada de atender y gestionar más de cincuenta diferentes tipos de trámite, los cuales pueden ser promovidos por cualquiera de los sujetos agrarios pertenecientes a cualquiera de los mil setecientos veintiún ejidos y noventa y un comunidades certificadas, así como el resto de ejidos y comunidades indígenas. Ello, porque si bien la carga excesiva de trabajo es una atenuante en la omisión reclamada, las autoridades deben demostrar haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos, sobre todo cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado. Como apoyo a lo anterior, se invoca la tesis I.4o.A.5 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, registro digital 2002351, del epígrafe y texto: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." En consecuencia, al estar demostrada la violación del derecho aducido, atento el principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe resarcirse al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de que sea respetado el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. Por tanto, se concede a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Delegación del Registro Agrario Nacional, con domicilio en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, realice lo siguiente: Emita la respuesta que debe recaer las solicitudes de trámite con números 16230004658 y 16230004659, presentadas el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido que estime conveniente; y, Notifique personalmente tal determinación a la parte quejosa en el domicilio proporcionado para tal efecto. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ángel Ávila Reyes, contra los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, por las razones y para los efectos contenidos en el considerando quinto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cual se tuvo por recibido el cinco de septiembre del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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