Ángel Eduardo Latiolay Iglesias
Expediente 465/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel Eduardo Latiolay Iglesias
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el treinta y uno de agosto del año en curso, se emplazó a la tercera interesada Ángela Hernández Loya; por tanto, no han transcurrido los ocho días que deben mediar para que dicha parte se imponga de los autos en que se actúa. En tal virtud, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para emplazar al tercero interesado, por los motivos que precisa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y resérvese a acordar lo conducente, hasta que obre en el expediente el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora, de donde se pueda advertir su domicilio. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 465/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión toda vez que en la especie no se surten los requisitos que señala el artículo 128 de la ley de la materia, esto es, que lo solicite expresamente la parte quejosa. Sin perjuicio de que pueda solicitarlo con posterioridad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Con independencia a lo anterior, se significa a la autoridad responsable que cualquier comunicación que se remita a este órgano jurisdiccional deberá ser mediante oficio y no por correo electrónico, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, pues es menester que la comunicación oficial conste por escrito y contenga una firma que demuestre la voluntad de su signatario, que puede ser firma autógrafa o firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además de que el artículo 26 de la ley de la materia, establece específicamente que las notificaciones en los juicios de amparo, se harán de forma: personal, por oficio, por lista y por vía electrónica. Sin que obste que los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establecen que las partes pueden proporcionar correos electrónicos a fin de agregarse al sumario como información de contacto; empero, únicamente es con la finalidad de que los actuarios puedan entablar comunicación no procesal a fin de acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia; sin embargo, no sustituye las formas de notificación expresamente señaladas por la ley de la materia. De ahí que, se le instruye para que se abstenga de enviar correos electrónicos relacionados con el presente asunto, en virtud de que cualquier comunicación remitida por esa vía, no se tendrá por presentada y se hará efectivo el apercibimiento, que en su caso, se hubiese decretado. Asimismo, cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024510 Instancia: Pleno Época: Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2022 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro: 12, Abril de 2022 Tomo: I Página: 12 Tipo: Jurisprudencia PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada a ********************, quien deberá ser emplazada en términos de los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116, párrafo segundo, de la propia ley, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa en su escrito de demanda, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la hora y fecha de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio que se trata, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que la parte tercera interesada puede ser encontrada en otro lugar distinto ubicado en esta misma ciudad, se constituya de inmediato en ese domicilio a fin de que practique la diligencia encomendada, debiendo asentar la razón correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte promovente en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ******************** ********************, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluida la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; y emplácese a la parte tercer interesada. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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