Ángel Oswaldo González Pérez

Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 43 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
306/2019
Año
2019
Actuaciones
43
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Ángel Oswaldo González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, donde se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso Ángel Oswaldo González Pérez, para que diera cumplimiento a la prevención realizada en proveído de catorce de julio del año en curso, sin que lo hubiera hecho; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo citado en líneas precedentes, y SE TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN intentado en contra de la sentencia pronunciada en este asunto. Finalmente, devuélvase el presente expediente al archivo como está ordenado en auto de ocho de julio de dos mil veintiuno. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1685/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Sarah Carolina Vázquez García, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (aviso) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 20424/2021 proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el escrito de Ángel Oswaldo González Pérez, a través del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintiuno; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, aporte cinco copias del escrito de expresión de agravios que resultaron faltantes, toda vez que únicamente exhibió cuatro copias, y, en el particular, resultan necesarias ocho para ser distribuidas de la manera siguiente: una copia para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dos para las autoridades señaladas como responsables, cinco para los terceros interesados y una más para el presente expediente. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo apuntado, se tendrá por no interpuesto tal medio defensivo, acorde a lo dispuesto por el numeral en consulta. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente al quejoso. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, toda vez que en el sumario obran copias certificadas exhibidas por la parte quejosa; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la ley de amparo, desglósese del presente asunto las copias certificadas del Juicio Ejecutivo Mercantil 96/1992/I y remítanse a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obra la constancia de notificación del oficio con el que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable foránea, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012455 Época: Novena Época Registro: 1003171 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1292 Página: 1452 REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada. Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (CITATORIO) EMPLAZAMIENTO POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA MIGUEL ABRAHAM PÉREZ RUIZ, POR CONDUCTO DE SU CÓNYUGE MARÍA DE LA PAZ DIEGO MARTINEZ.- AUTO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.- ...Visto el escrito signado por el quejoso ... téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso... se admite la demanda ...Con copia fotostática simple del escrito de demanda, con fundamento en el artículo 128 de la ley de la materia, por duplicado y separado tramítese el incidente de suspensión...Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la audiencia constitucional...AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Visto; el oficio de la Encargada de Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarias, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento parcialmente al requerimiento efectuado mediante proveído de veintisiete de enero del año en curso, al hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional que no encontró conocimiento de la existencia de un testamento o juicio sucesorio a nombre de Miguel Abraham Pérez Ruiz. En esas condiciones, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se suspendió el procedimiento por un plazo de sesenta días a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, sin que hasta la fecha se haya promovido juicio sucesorio a nombre del tercero interesado Miguel Abraham Pérez Ruiz, por lo que no se ha designado al representante legal del finado tercero interesado. Además, mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió la copia certificada del acta de defunción 00805 de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, a nombre de dicho finado, donde se advierte que la tercera interesada María de la Paz Diego Martínez, es la cónyuge del tercero interesado Miguel Abraham Pérez Ruiz (finado), quienes tienen sus domicilio habitual en Camelia ciento siete (107) fraccionamiento Villa de las Flores, en esta ciudad, por lo que, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que emplace al presente juicio al tercero interesado Miguel Abraham Pérez Ruiz (finado), por conducto de su cónyuge, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como del auto admisorio y le hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo antes precisado la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 180049 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XXI.3o.16 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Noviembre de 2004, página 2036 Tipo: Aislada TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. TIENE ESE CARÁCTER LA CÓNYUGE SUPÉRSTITE PARA INSTAR EL JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL, SIN QUE ESTÉ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO HUBIERE REPUDIADO LA HERENCIA RESPECTO DE UN BIEN INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SI CON POSTERIORIDAD AL REPUDIO SE HUBIERE ADJUDICADO EN SU TOTALIDAD A LOS COHEREDEROS. Si durante el desarrollo del juicio intestamentario, y previo a la etapa relativa a la declaración de herederos, la cónyuge supérstite repudia la herencia y derechos que correspondían al de cujus respecto del único bien inmueble afecto a la masa hereditaria, tal proceder no implica renuncia alguna a los derechos que de origen sigue conservando la cónyuge sobre el cincuenta por ciento del mencionado bien, cuando se encuentre sujeto al régimen de sociedad conyugal, dado que el juicio sucesorio únicamente se constriñe a la adjudicación de los bienes y derechos de que disponía el de cujus, de manera que con el aludido repudio se deja de ser parte formal en el procedimiento intestamentario, porque los derechos que la vinculaban con la parte proporcional del bien hereditario con ello se han extinguido, sin embargo, jurídicamente sigue conservando íntegro su derecho respecto del otro cincuenta por ciento del bien que no es materia de la sucesión intestamentaria. De manera que si con posterioridad se adjudica la totalidad del inmueble a los coherederos, sin excluir la parte de los derechos no renunciados por la cónyuge, incuestionablemente que ello se traduce en un acto violatorio de sus garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los reseñados derechos son la esencia de su interés jurídico que la legitima para instar el juicio de amparo biinstancial, sin que se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad, debido a que por la renuncia y repudio de los derechos hereditarios dejó de ser parte en el juicio sucesorio, y entonces le resulta el carácter de tercero extraño por equiparación, con legitimación para ejercitar el juicio constitucional, según lo establece la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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