Andrés Vite Viveros

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Andrés Vite Viveros

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vistas las constancias que obran en el presente juicio de amparo, de las que se advierte que mediante oficio 1262/2022, registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, bajo el número 687, el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 6/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Andrés Vite Viveros, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, en virtud de haber sido señalada como autoridad responsable en la citada demanda, declinándola a favor de este Juzgado de Distrito. Sin embargo, en el auto de diecisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido el citado oficio, erróneamente se asentó que fue remitido por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y en consecuencia, se omitió girar el oficio correspondiente al homólogo federal; por tanto, con fundamento en el diverso 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de girar oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y hacer de su conocimiento el contenido del citado auto de diecisiete de enero de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el oficio 1262/2022 y anexos que lo acompañan, remitidos por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 6/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Andrés Vite Viveros, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, en virtud de haber sido señalada como autoridad responsable en la citada demanda, declinándola a favor de este Juzgado de Distrito. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 19/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO Derivado de lo anterior, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Decimoprimero y Decimotercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que realice la captura del presente juicio a fin de equilibrar las cargas procesales. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En la especie, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto; 5, fracción I; y, 6, primer párrafo de la Ley de Amparo. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I del Pacto Federal, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (.)". Asimismo, los artículos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 3o. . Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. ..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De estas porciones normativas se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sobre este contexto normativo, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda". Por su parte, los artículos 16, 17 y 42 del citado Acuerdo General 12/2020, contempla el primero, cuáles son los requisitos necesarios para registrarse en el Portal de Servicios en Línea, indicando que el registro de cada usuario en el sistema es personalísimo y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. El artículo 17 del Acuerdo General referido, prevé que el registro en el Portal de Servicios en Línea no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, igualmente, se exenta la firma electrónica de la demanda tratándose de esos supuestos. Por lo que refiere al artículo 42 en comento, éstos establecen la forma en que se deberá presentar la demanda de amparo de forma electrónica, distinguiéndose el modo en que puede hacerse la presentación cuando se reclaman actos mencionados en el 15 de la Ley de Amparo. Así, de la interpretación integral de los artículos citados, se obtiene que respecto a las demandas de amparo presentadas a través del Portal de Servicios en Línea, en las que se señalen actos reclamados distintos a aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se requiere una validación electrónica mediante una firma de esa naturaleza, o bien, el ingreso en el sistema de un usuario y contraseña personal; por consiguiente, ante la falta de dichos requisitos el acto jurídico carece de validez. Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente (evidencia criptográfica) en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. Expuesto el anterior marco jurídico, en este caso, la demanda de amparo fue firmada electrónicamente por Ángel Guzmán Vitte. En esas condiciones, resulta indispensable que en la demanda o promoción que se envía electrónicamente, conste la firma electrónica, así como la evidencia criptográfica de quien la promueve, sin que en el caso se actualice lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Andrés Vite Viveros, por propio derecho, es quien promueve amparo indirecto, no firmó la demanda de amparo, tal como lo dispone el artículo 3, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Entonces, conforme al principio de instancia de parte agraviada, y que la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, no fue firmada electrónicamente por el promovente del amparo Andrés Vite Viveros, sino que fue signada por Ángel Guzmán Vitte, no se actualiza en la especie, es decir, carece de un requisito de procedibilidad de la demanda de amparo. Ello es así, pues, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que la quejosa es quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda y además debe advertirse indefectiblemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió pertenece a la parte quejosa. Es por lo anterior, que si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo, sin que pueda ser sustituida (la firma electrónica). Sin que tal situación pueda considerarse una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, no amerita prevención alguna, ya que al no contener el escrito de demanda la firma electrónica ni evidencia criptográfica de la accionante del amparo, no se aprecia la voluntad de la que aparece como promovente y, como se dijo, no hay instancia de parte, por lo que, consecuentemente, el suscrito está facultado para desecharla de plano. Y se insiste, de la lectura integral de la demanda no se advierte que el quejoso se encuentre en algunos de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2019715 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición e justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." "Época: Décima Época Registro: 2018943 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) Página: 5 DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el cuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." De ahí que, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, Constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, procede desechar de plano, por manifiesta e indudablemente improcedente, la demanda de amparo promovida por Andrés Vite Viveros, contra actos del Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que el impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: Gamundi. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese vía electrónica al quejoso; y por oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Decimoprimero y Decimotercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad.

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