Angel de la Cruz Jimenez

Expediente 1650/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1650/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Angel de la Cruz Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Vicefiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, por suplencia del Fiscal General del Estado, y anexo que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad federal, informa que con el carácter de encargado de la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de esa Institución, solicitó al jefe adscrito a esa Vicefiscalía, que analice las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, para que determine la existencia de hechos posiblemente delictuosos y continuar con la investigación hasta lograr el esclarecimiento, por lo que se inició para ello el acta de investigación VFEDTTCID-GV/000260/2023. En ese sentido, es importante traer a colación lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para revenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado el acta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación VFEDTTCID-GV/000260/2023, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado electrónicamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el que comunica que remitió las constancias que integran el presente asunto al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que realice las indagatorias correspondientes con motivo de las manifestaciones plasmadas por el actuario de la adscripción, en relación con la detención del aquí directo quejoso. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 29/2023, de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o, en su caso, no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional en proveído de cinco de septiembre del año en curso, e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia levantada el doce de los corrientes, por el Actuario de la adscripción, de la que se desprende que el directo quejoso Ángel de la Cruz Jiménez, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Gerson Harif Colmenares Arreola. En consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. Asimismo, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintitrés minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que el Actuario de la adscripción hizo constar que el directo quejoso le indicó que fue golpeado en la cabeza y en los costados, presentando, como lesión visible, inflamación en el lado izquierdo de la cabeza, desde la frente hasta el mentón. En ese sentido, debe precisarse que la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante, son prácticas que se encuentran prohibidas de forma absoluta en el sistema normativo y constitucional; en ese sentido, el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe el tormento de cualquier especie, pues establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Asimismo, por reforma constitucional de dos mil once, se incluyó en el precepto 29 de la Ley Suprema del país, como uno de los principios constitucionales inderogables la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, pues en el párrafo segundo de dicho numeral, se dispuso: "Artículo 29. .En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos..." Así también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, establece explícitamente una protección internacional al derecho a la integridad personal y en el artículo 5.2 prescribe específicamente y de forma absoluta, la prohibición de la tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues al efecto señala: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano..." Luego, si bien en dichos instrumentos internacionales no se define expresamente en qué consiste la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que a la fecha, esos conceptos han sido aclarados a través de las respectivas convenciones internacionales especializadas en la materia, a saber: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y siete y el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis. De las cuales derivó, en el ámbito legislativo nacional, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; en la que se establecieron diversas obligaciones a cargo de los órganos dependientes del Ejecutivo Federal en la procuración de justicia y el tipo penal de tortura, así como las penas aplicables. En cuanto a la definición del delito de "tortura", el artículo 3, establece: "Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad." De lo anterior, se obtiene que el núcleo, objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o bien degradantes, es en realidad la tutela de un derecho fundamental más general, a saber: la integridad personal (física y moral) y por ello, este derecho como género y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como especies de aquél, han recibido atención por la jurisprudencia constitucional e internacional, así como por la doctrina. En ese contexto, también es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado, que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta, además, que los elementos constitutivos de tortura ha considerado que son: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) que se cometan con un propósito determinado. En atención a lo anterior, de conformidad con los artículos 1 y 22 de la Constitución, en relación con los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Y concretamente, entre otras obligaciones específicas que surgen a cargo del Estado frente al derecho humano a la integridad personal, está el deber de iniciar una investigación imparcial de forma inmediata, cuando una persona denuncie (entendida como cualquier manifestación) haber sido sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de oficio, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de esa naturaleza en el ámbito de su jurisdicción. Es por todo lo anteriormente expuesto, así como atento a lo asentado por el Actuario de la adscripción en su razón de cuenta, y lo relevante que resulta para esta Juzgadora la acusación que el quejoso manifestó al momento de ser notificado, sin prejuzgar de forma alguna sobre la existencia de los hechos alegados por el fedatario de este Juzgado, se determina DAR VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL adscrita a este Juzgado Federal, con las constancias relativas, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda. Requiérase a la representante social que una vez hecho lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional las acciones tomadas para tal efecto. Finalmente, agréguese a los presentes autos, el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con un anexo que acompaña; sin necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, en atención a lo determinado en párrafos precedentes. Notifíquese por lista; y personalmente a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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