Angel de Jesus Alamilla Cen

Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
211/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Angel de Jesus Alamilla Cen

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cinco de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada determinación, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que adjuntó. Ahora bien, de la lectura realizada al informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de emitir el respectivo acuerdo de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1073/2018. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que mediante auto de once de febrero del año en curso, dicha responsable dictó un acuerdo en el que se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en autos del juicio laboral 1073/2018. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues mediante auto de once de febrero del año en curso, dicha responsable dictó un acuerdo en el que se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en autos del juicio laboral 1073/2018. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Toda vez que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, esta determinación deberá notificarse personalmente a la parte quejosa, se deberá realizar con base en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; así como en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen las notificaciones de las personas justiciables.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se emitió determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Ahora bien y toda vez que de la revisión del juicio de amparo en que se actúa se advierte, que no obran en autos los acuses de recibido de los oficios 22541/2020, 22542/2020 y 22543/2020, en los cuales se les notificó la sentencia dictada en los presentes autos, a las autoridades responsables, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Dirección General de Registro y Control Documental y Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, todos con sede en la ciudad de México. Asimismo, también se advierte que no obran en autos los acuses de recibido de los diversos oficios 24181/2020, 24182/2020 y 24183/2020, dirigidos a la antes citadas, en los cuales se les hizo del conocimiento la interposición del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Diego Alberto Lugo Interián. Por lo anterior, y como no se tiene la certeza de que dichas autoridades hayan recibido los oficios antes referidos; requiérase a las mismas, para que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, informen a este Juzgado la fecha en que recibieron los citados oficios; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, o en caso de no señalar la imposibilidad que tienen para ello, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor de Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo establecido en el numeral 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Asimismo, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, para enviar la información requerida cuentan con la opción de rendirlos vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; y comunicar la remisión del mismo, al teléfono de guardia 9994595880, o bien vía interconexión. Finalmente, se ordena a los Actuarios de la adscripción, que los oficios dirigidos a las citadas autoridades responsables, se procuren su envío a través de los correos electrónicos que se tengan y que sean oficiales y que se puedan indagar y en caso de no contar con ellos, se manden los mismos por estafeta, a fin de agilizar el presente procedimiento y evitar dilaciones procesales innecesarias.

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