Angel de Jesús Alamilla Cen

Expediente 925/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
925/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Angel de Jesús Alamilla Cen
  • María Beatriz CERVANTES CHI

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios 2275/2023 y 2278, signados por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Turno Matutino y Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta al primero de ellos, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveídos de veintiocho de junio del año en curso y once de los corrientes, remite copia certificada del auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 175/2023, relativo al juicio ordinario días y horas de visita, de su índice y el segundo, informa que se da cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado con el referido proveído, mismo que fue notificado a las partes mediante publicación hecha en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de veintidós de junio del año en curso. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye el auto de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se omitió proveer sobre las medidas provisionales solicitada por la parte quejosa, a fin de que se fije un régimen de convivencia con sus hijos menores de edad en el juicio 175/2023. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, en sus oficios de cuenta y del informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se advierte que el catorce de junio de dos mil veintitrés, la Juez responsable dictó un auto en el que proveyó en relación con las medidas provisionales solicitadas por el quejoso, en el juicio de origen, lo cual fue notificado a las partes mediante publicación hecha en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de veintidós de junio del año en curso. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable el catorce de junio de dos mil veintitrés, dictó las medidas provisionales solicitadas por el quejoso en el juicio 175/2023, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar las medidas provisionales que solicitó a fin de que se le fijen días y horas de convivencia para con sus hijos menores, en autos del juicio de origen, lo que en el caso se subsana con el auto dictado el catorce de junio del año que transcurre, emitido en el expediente 175/2023, del índice de la responsable. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dictó las medidas provisionales solicitadas por el quejoso en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la representante especial de los menores ******************** y ********************, en el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las alegaciones de la ocursante, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún no se cuenta con la constancia solicitada al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en proveído de veintiocho de junio del año en curso. En tal virtud, con la finalidad de estar en aptitud de resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase de nueva cuenta al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que con base en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés dictado en el juicio de origen; apercibiéndole que de no cumplir con lo solicitado en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días de medidas de actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y un anexo que acompaño, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como las constancias remitidas y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado el auto de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se omitió proveer sobre las medidas provisionales a fin de que se fije un régimen de convivencia con sus hijos menores de edad en el juicio ********************; asimismo, se desprende de las constancias remitidas por el citado Juez que el catorce de junio del presente año proveyó en relación con las medidas provisionales solicitadas por el quejoso, sin embargo, no remitió copia certificada del aludido auto, siendo necesaria para resolver este asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que con base en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés dictado en el juicio de origen; apercibiéndole que de no cumplir con lo solicitado en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días de medidas de actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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