Ángel Coyotl Fernández
Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/04/2021
Partes del expediente
- Ángel Coyotl Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Causa estado auto desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte promovente no recurrió el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano de la demanda de amparo propuesta; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese, sin mayor proveído el oficio del director de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Gobierno del Estado, toda vez que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese, sin mayor determinación el oficio del director de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Gobierno del Estado; lo anterior, toda vez que mediante proveído del veintitrés de marzo pasado se desechó de plano la demanda de amparo planteada. Cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la comparecencia de veintidós de marzo pasado, por medio de la cual *** ratificó su escrito registrado con el número de promoción 2941, se provee: En principio, es relevante destacar que tanto de la demanda de amparo como del escrito aclaratorio presentado por el quejoso, se obtienen los siguientes datos. Parte quejosa: *** Tercero interesado: No existe. Autoridades responsables: (i) Ayuntamiento del Municipio de Puebla; (ii) Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla; y (iii) Dirección de Medio Ambiente de la referida Secretaría. Actos reclamados: Se reclama la validez de la liberación de obra en materia ambiental LMA._00160_/20, solicitud 38414, expediente LMA2000000000163 que ya había sido evaluada como procedente por la Dirección del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla. En específico, a la Dirección del Medio Ambiente de la mencionada Secretaría se le reclama la emisión del el oficio SDUyS-DMA-00238/11/2020 en el que se le hace saber al quejoso que la única autoridad con atribuciones para autorizar la gestión integral de los residuos de manejo especial, es la Subsecretaría de Gestión y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. Desechamiento Del análisis integral a los escritos inicial y aclaratorio y con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente el desechamiento de plano de la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a las personas juzgadoras a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Al caso resulta ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. También debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR.", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En el caso, se reitera, el quejoso reclama: La validez de la liberación de obra en materia ambiental LMA._00160_/20, solicitud 38414, expediente LMA2000000000163 que ya había sido evaluada como procedente por la Dirección del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla. La emisión del el oficio SDUyS-DMA-00238/11/2020 por parte de la Dirección del Medio Ambiente de la mencionada Secretaría, en el que se le hace saber al quejoso que la única autoridad con atribuciones para autorizar la gestión integral de los residuos de manejo especial, es la Subsecretaría de Gestión y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. Con base en lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta que se advierte en este caso deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que solo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que solo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Los anteriores supuestos, en el caso de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Ahora, del referido precepto legal y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. h) Se trate de un acto administrativo unilateral, cuya fundamentación y motivación pueda ser complementada por la autoridad en el informe justificado. En el caso en concreto y como ya se refirió, la parte quejosa controvierte la validez de la liberación de obra en materia ambiental LMA._00160_/20, solicitud 38414, expediente LMA2000000000163, así como el oficio SDUyS-DMA-00238/11/2020 emitido por la Dirección del Medio Ambiente de la mencionada Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla. Bajo este contexto, es preciso traer a colación que el artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dispone lo siguiente: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares." De la disposición normativa transcrita se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá competencia para conocer de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares. En ese sentido, dado que el reclamo de la parte quejosa se centra en la validez que solicitó de la liberación de una obra en materia ambiental, así como en el oficio SDUyS-DMA-00238/11/2020 emitido por la Dirección del Medio Ambiente de la mencionada Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, se considera que se actualiza el supuesto previsto en el citado artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, debido a que precisamente existe una controversia entre las autoridades municipales y el quejoso. Dicho en otras palabras, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues antes de promover esta acción constitucional, la parte quejosa tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dado que reclama cuestiones de carácter administrativas que se suscitaron entre ésta y las autoridades responsables que pertenecen al orden municipal en ejercicio de su potestad administrativa. Además, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad a que antes se hizo referencia. En primer lugar, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que el quejoso no puede ubicarse como persona extraña para efectos del juicio de amparo, ya que se trata del destinatario de los actos administrativos mencionados, toda vez que el oficio y la validez de la liberación de la obra en materia ambiental que reclama se encuentran dirigidos a él. Al respecto, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintas épocas, ha desarrollado el concepto de persona extraña o tercero extraño; sin embargo, existe una nota común, a saber: que la parte quejosa se vio afectada por las decisiones o actuaciones llevadas a cabo en un juicio, propiamente dicho o en un procedimiento seguido en forma de juicio; sin embargo, en la especie se tratan de actos autónomos en materia administrativa que se dirigen al quejoso. Por tanto, no es posible tenerlo como tercero extraño, dado que, se insiste, no existe un procedimiento seguido en su contra, sino que simplemente no se han resuelto sus solicitudes a favor de sus intereses, por lo que no se ha iniciado algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Consecuentemente, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." En efecto, la jurisprudencia transcrita expresamente se refiere al tercero extraño por equiparación quien no debe agotar los medios ordinarios de defensa por ser actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, en este caso, se tratan de actos autónomos o aislados de la administración pública municipal, por lo que no aplica dicha excepción. Por estos motivos no debe estimarse al quejoso como persona extraña para efectos del juicio de amparo y, por ende, estaba obligada a agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De igual manera, debe decirse que los actos reclamados no actualizan la excepción prevista en los incisos c) y d), pues no implican una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importan peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, tampoco se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualiza el supuesto señalado en el inciso g). En otro orden de ideas, debe destacarse que si bien la ley que rige los actos reclamados, no prevé de manera expresa un recurso o medio de defensa en su contra, lo cierto es que el quejoso estuvo en posibilidad de promover el juicio de nulidad local, por lo que tampoco se actualizan los supuestos señalados en el inciso f). Por otro lado, el quejoso no hizo valer que los actos reclamados carecieran de fundamenta y motivación; por tal motivo, no se actualizan los supuestos señalados en los incisos e) y h). Además, en la especie se advierte que el reclamo del quejoso tiene relación con cuestiones de legalidad, dado que pretende, medularmente, que se determine que las autoridades municipales responsables tienen la obligación de expedirle la validez de la licencia que solicitó y que ello no le corresponde a autoridades estatales, lo que evidencia en este caso que no se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. Por lo tanto, la sola circunstancia de que en la demanda de amparo se aduzcan violaciones de diversos preceptos constitucionales, no releva a la parte quejosa de la obligación de agotar el juicio contencioso local. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así como el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Por otro lado, los actos reclamados sí podrían ser cuestionados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, máxime que el mencionado juicio se prevé en una ley y no en un reglamento. Asimismo, es preciso acotar que los actos que se reclaman tampoco participan de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral. En ese sentido, sobre los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral, resulta conveniente traer a colación la queja 6/2016 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que en lo que interesa dice: "59. Como se puede observar, de las referidas disposiciones se desprenden dos aspectos importantes que, según se vio en párrafos que anteceden, deben ser analizados como parte de un sistema: A) La posibilidad de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado complemente el acto reclamado - tratándose de aquellos materialmente administrativos-, al cual se le atribuye la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación; y B) Que en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se debe analizar el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la responsable al rendir su informe; so pena que de no cumplir con tales requisitos, en la misma resolución concesoria del amparo se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. 60. Así pues, es importante precisar que el acto administrativo se define como aquella declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. 61. En tanto que el procedimiento administrativo debe ser entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la producción del acto administrativo. 62. Sobre este último aspecto, este Alto Tribunal ha establecido a través de tesis aislada y de jurisprudencia que dichos procedimientos se distinguen generalmente de la siguiente manera: A) Los instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; B) Los que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones; C) Los que -por vía de control- buscan tutelar derechos e intereses particulares que se ven afectados por los actos administrativos (recursivo); los cuales, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 Constitucional -oportunidad de conocimiento y oportunidad probatoria- han de concluir con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; y D) Aquellos en los que intervienen particulares con intereses opuestos y que definen una situación jurídica en concreto. 63. Según se advierte, este tipo de procedimientos se caracterizan por la intervención del gobernado, cuyo resultado no es discrecional de la autoridad sino que debe ser acorde con el derecho ejercido y con las formalidades establecidas para tal efecto. Lo anterior es así, ya que al formular alguna petición o bien, al emprender el ejercicio de un derecho (como por ejemplo el hecho de comparecer en sede administrativa a ofrecer pruebas para desvirtuar el incumplimiento a disposiciones de tal naturaleza o, la posibilidad de dirimir algún conflicto por vía de control o incluso, entre particulares), necesariamente debe existir una contestación o una resolución que dirima la situación jurídica en particular, so pena de contrariar lo establecido en los artículos 6°, 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 64. Ahora bien, en razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que cuando el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que: "[.] En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado" y que "Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración"; no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto administrativo, sino sólo respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto, son discrecionales), por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. 65.Se afirma lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario quedaría inaudita la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable al rendir su informe de ley no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que por lo tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que respete dicho derecho. 66. De ahí que, tratándose de este tipo de actos, necesariamente éstos deben ser apreciados tal y como aparecen probados ante la autoridad responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. 67.En ese orden de ideas, es que el referido enunciado no debe ser entendido respecto a cualquier tipo de asunto del orden administrativo, sino únicamente respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto son discrecionales)." En ese sentido, al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que tales actos se suscitan cuando no tiene intervención las y los particulares y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que los actos reclamados en este caso no pueden catalogarse como actos materialmente administrativo emitidos en forma unilateral, dado que derivan de las solicitudes realizadas por el quejoso. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." En consecuencia, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad, previsto en el párrafo último del numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, como se precisó, la validez de la liberación de obra en materia ambiental LMA._00160_/20, solicitud 38414, expediente LMA2000000000163, así como el oficio SDUyS-DMA-00238/11/2020 emitido por la Dirección del Medio Ambiente de la mencionada Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, se ubican en el supuesto contemplado en el citado artículo 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; por lo que, antes de promover la acción constitucional el quejoso tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente. "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Por ende, el juicio de amparo resulta improcedente, ante la necesidad de agotar previamente el juicio contencioso local, dado que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que establece el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Ángel Brando Justo Zepeda1303/2023
- Ángel Campos Ramos602/2021
- Ángel Campos Ramos53/2020
- Angel Casas Perez382/2023
- Angel Celerino Perez Arce1506/2022
- Ángel Cornejo Arvizu52/2018
- Ángel Daniel Liendo González1189/2021
- Angel David Alcantara Vera1891/2021
- Angel David Alcantara Vera2116/2022
- Angel David Cano Pérez1290/2023
- Ángel David Osorio López438/2020
- Ángel Enriques Soriano1392/2019