Angel Casas Perez

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Remigio Martínez Gallardo, Apoderado de Angel Casas Pérez
  • Angel Casas Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes de juicio de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 382/2023, promovido por********************apoderado del quejoso ********************, respecto de los actos precisados en el apartado III, por las consideraciones expuestas en el punto V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita efectivos apercibimientos. Se requieren datos fiscales a responsables. Visto el escrito recibido de manera electrónica, que presenta la apoderada de la parte quejosa, mediante el que realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y solicita lo siguiente: Que se de vista al Consejo de la Judicatura, a fin de que vigile el actuar de este juzgado federal hasta el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo; Que se hagan efectivos los apercibimientos decretados en contra de las autoridades responsables; y, Que se requiera nuevamente a las autoridades, a fin de que, en el plazo de veinticuatro horas, realicen el pago correspondiente a los quejosos, bajo el apercibimiento de iniciar el trámite de inejecución correspondiente. Sin embargo, respecto a su solicitud indicada con los numerales 2) y 3), por el momento no es procedente acordar de conformidad, toda vez que al día de hoy se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a las autoridades requeridas en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, a fin de cumplir con lo ahí solicitado, por lo que, una vez que se tenga conocimiento de la respuesta formulada por las autoridades con motivo del requerimiento que se les efectuó en dicho auto o, en su caso, fenezca el plazo con el que cuentan para acreditar el cumplimiento de que se trata, se les podrán hacer efectivas las medidas de apremio con las que se les conminó en el citado proveído y requerir nuevamente en los términos que solicita. Ahora bien, se estima oportuno recordar que el incidente de inejecución deriva de los artículos los artículos 192, 193, 194 y 196 de la Ley de Amparo, que se citan a continuación: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Los invocados preceptos regulan el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo indirecto, en los términos siguientes: Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días -que el órgano judicial de amparo podrá ampliar tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento-, apercibida que, de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados y las consecuencias del incumplimiento, que comprende el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, se tiene presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia 11./J. 107/2022 (11a.) de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN."; señaló que una vez que fenezca el plazo para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el juez de amparo debe multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que las responsables cumplan con la sentencia de amparo, sin que se pueda iniciar el incidente de inejecución en el mismo auto en el que se haga efectivo el apercibimiento de multa. Lo anterior, porque la finalidad de la medida de apremio es vencer la negativa de la autoridad que pudiera obstaculizar el cumplimiento del fallo amparador; puesto que el sistema sancionatorio de la ejecución de sentencias es progresivo, al iniciar con la imposición de una multa por parte del órgano jurisdiccional de amparo y continúa, ante la negativa, con el incremento de las sanciones disponibles, hasta llegar a la destitución y consignación de la autoridad responsable ante un Juzgado de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En ese tenor, se observa que para lograr el inicio de la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, en el presente juicio de amparo tuvo que haber existido la negativa de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, con la consecuente imposición de la medida de apremio consistente en una multa con el propósito de lograr el cumplimiento respectivo y, finalmente, haber transcurrido un plazo razonable, en el que la responsable pueda realizar las acciones tendentes a acreditar el cumplimiento. Precisado lo anterior, ahora conviene relatar lo sucedido en el trámite de ejecución de la sentencia en el presente juicio: Mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria del recurso Q-227/2022, en la que se declararon infundados los recursos de queja interpuestos por las autoridades responsables, en contra de la resolución incidental de dos de mayo de dos mil veintidós, requiriéndose, en consecuencia, el pago del monto que por concepto de indemnización deben pagar las autoridades a favor de los quejosos, y que fue ordenada en la ejecutoria de amparo, esto es $8,674,857.05 (ocho millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 05/100 moneda nacional). Para ello, se otorgó el plazo de quince días hábiles contado a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, para que acreditaran el cumplimiento de tal resolución. Seguidamente, en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a las autoridades responsables informando que, mediante oficio SACH-SM/0100/2023, requirieron a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que emitiera la orden de pago por la cantidad resuelta en el presente juicio de amparo; sin embargo, por no haber emitido la respectiva contestación, en acuerdo de treinta y uno de enero siguiente se tuvo por informado que las responsables habían requerido por segunda ocasión a la autoridad en cita, a través del diverso oficio SACH-SM/0184/2023. De tal suerte que este órgano jurisdiccional las conminó para que enviaran la contestación que hubiera pronunciado la Tesorería antes referida y, en su caso, también la constancia de la orden de pago emitida. Posteriormente, en el pronunciamiento de diez de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, informando que, a través del oficio SACH-TM-0272/2023, la Tesorería Municipal de ese Ayuntamiento contestó los requerimientos que se le realizaron, en el sentido de que la solicitud que le fue enviada por las responsables no cumplía con los requisitos establecidos en la Circular TM/052/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós. Por lo tanto, al advertirse que las deficiencias en la solicitud que fue enviada a través del oficio SACH-SM/0100/2023, eran atribuibles a las autoridades condenadas, se les conminó para que, en el plazo de tres días, acreditaran el cumplimiento a la resolución dictada en el incidente innominado de que se trata, para lo cual debían remitir las constancias necesarias para demostrar que fueron cumplimentados los requisitos establecidos en la referida Circular TM/052/2022. En veintidós de febrero siguiente, la Síndico responsable informó que, con la finalidad de tener mayor certeza para realizar el pago que les fue ordenado, procedió a investigar si ya se había efectuado alguna erogación en favor de la parte quejosa; en ese sentido, en dicho proveído se les requirió a fin de que acreditaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular TM/052/2022 y, en su caso, también remitieran constancia de la orden de pago emitida. En veintitrés de febrero del mismo año, se tuvo por recibido el oficio SACH-TM/0380/2023, de la responsable del que se advirtió que no se realizó el pago a favor de la parte quejosa. A continuación, en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por informado que las autoridades responsables remitieron a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, el oficio SACH-SM/0449/2023, que contenía el proyecto de orden de pago, así como la solicitud de pago con número de oficio SACH-SM/0366/2023 y de la orden de pago con número 0010 por la cantidad de $ 8'674,857.05 (ocho millones, seiscientos setenta y cuatro ochocientos cincuenta y siete pesos con cinco centavos en moneda nacional); por lo tanto, se les requirió a efecto de que informaran sobre la respuesta que hubiere dado la Tesorería en comento. En auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se informó sobre la remisión del oficio SACH-SM/0449/2023, en el que se solicitó la respuesta a la Tesorería en cita; por lo que, al advertir que en ese momento el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dependía de la respuesta que brindara una diversa autoridad, se vinculó a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a fin de garantizar su acatamiento, requiriéndole en consecuencia, el envío de la respuesta al oficio SACH-SM/0449/2023, que le fue remitido por las autoridades responsables, y que contenía el proyecto de orden de pago, la solicitud de pago SACH-SM/0366/2023 y la orden de pago 0010, así como la constancia de la orden de pago emitida con las respectivas firmas y sellos de autorización. Así, en auto de veintitrés de marzo de este año, se tuvo a la Tesorería vinculada, informando que ya había emitido tal respuesta a través de su oficio SACH-TM-0437/2023, en el que hizo del conocimiento a la Síndica Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, que la solicitud de pago contenida en el oficio SACH-SM0449/2023 carecía de documentación y que era deficiente por lo siguiente: El oficio de solicitud de pago se envió sin firma. La orden de pago no se llenó debidamente, porque faltó la clave presupuestal del recurso financiero que se pretendía utilizar. Faltó copia de INE, CURP, RFC y demás documentos atribuibles al quejoso, José Francisco Allegue Barrera. Faltaron las documentales señaladas en la circular TM/052/2022, de fecha treinta de junio de dos mil veintidós. Además, se advirtió que tal autoridad reiteró a la Síndica de referencia que, de conformidad con los artículos 8 y 13, fracciones I y IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sólo podía comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado; precisando, por último, que por las deficiencias antes citadas, aún no se encontraba aprobado el pago por la cantidad de $ 8'674,857.05 (ocho millones, seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos con cinco centavos en moneda nacional). Por lo anterior, en auto de esa fecha se requirió a las autoridades a efecto de que, en plazo de cinco días legalmente computados, acreditaran el cumplimiento dado a la resolución dictada con motivo del incidente innominado. En proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que acreditara la entrega de la documentación faltante ante las autoridades responsables. Cuestión que se cumplimentó en proveído de veintinueve de marzo del presente año, al exhibir la parte quejosa esa documentación; y, en proveído de treinta y uno de marzo siguiente, al exhibir un acuse de recibo sellado en veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, con lo que informó la entrega ante las responsables de la copia del INE, RFC y CURP, del quejoso José Francisco Allegue Barrera. En ese orden, se emitieron los consecuentes requerimientos, bajo los apercibimientos correspondientes, a efecto de que, en el plazo de cinco días, el Ayuntamiento y Síndico del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, acreditaran haber realizado el pago correspondiente a la parte quejosa. Requerimientos que se realizaron de nueva cuenta en el pronunciamiento de catorce de abril de dos mil veintitrés, al haber informado la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, que únicamente se pueden comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, manifestando su disposición para efectuar los actos administrativos y legales necesarios a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Finalmente, en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la Síndica Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informando que emitió el oficio SACH-SM/0769/2023, dirigido a la Tesorería Municipal de ese Ayuntamiento, a efecto de que, entre otros puntos, indicara si se tiene disponibilidad presupuestal de recursos para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, a efecto de poder complementar la información correspondiente en la orden de pago. De lo antes narrado, se advierte que si bien ha transcurrido un tiempo considerable a efecto de que se realice el pago que, por concepto de indemnización, deben pagar las autoridades en favor de la parte quejosa, y que fue ordenada en la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables han informado las gestiones que se encuentran realizando a fin de acreditar el referido cumplimiento, y, como se precisó en párrafos anteriores, al día de hoy está transcurriendo el plazo otorgado en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, a fin de que se informe sobre la suficiencia presupuestal de recursos. Lo anterior está relacionado con el argumento de la apoderada legal de la parte quejosa, en cuanto a que la autoridad vinculada, Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, manifestó encontrarse impedida para realizar el pago ordenado en la ejecutoria dictada por este juzgado; puesto que, como se advierte de la narración anterior, la autoridad vinculada refiere que únicamente se pueden comprometer a recursos con cargo al presupuesto autorizado -de ahí la necesidad del ultimo requerimiento-, no advirtiéndose hasta el momento una negativa por parte de esa autoridad ni de las diversas autoridades responsables, a cumplir con los requerimientos que se les han efectuado. No obstante lo anterior, una vez que trascurra el plazo otorgado en proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, a fin de que se informe sobre la suficiencia presupuestal de recursos, este Juzgado Federal emitirá el pronunciamiento respectivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Asimismo, tiene aplicación al presente asunto la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." Al margen de lo anterior, a fin de agilizar el trámite de ejecución, gírese oficio al Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, proporcione el domicilio fiscal y el RFC con homoclave de a) Felisa Jaramillo Romero, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla y representante de ese mismo Ayuntamiento; y de b) Nalleli Anali Santos Bautista, en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla. Con el apercibimiento que, en caso de incurrir en omisión a este mandamiento, se hará acreedor a una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, es improcedente la petición marcada con el inciso 1), en la que solicita dar vista al Consejo de la Judicatura Federal con la finalidad de que supervise el actuar de este juzgado federal para el cumplimiento del presente asunto. Lo anterior pues como quedó establecido en párrafos que anteceden, la Ley de Amparo no contempla la vista que refiere la parte quejosa dentro del procedimiento de ejecución de la sentencias. Además, el Consejo de la Judicatura Federal no funge como superior jerárquico ni como órgano revisor de este órgano en materia jurisdiccional; sin embargo, se encuentran a salvo sus derechos, a fin de que los haga valer ante las instancias que considere pertinentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Vincúlese al expediente el oficio con anexos firmado por el Notificador del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, por medio del cual rinde informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como pruebas las documentales que anexan a su oficio de cuenta, que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Diferimiento de la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, está transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que se concedió a las partes en el presente proveído para desahogar la vista con el informe justificado de la autoridad responsable. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes con el informe justificado referido. ... Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las TRECE HORAS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese.

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