Ángel Cornejo Arvizu
Expediente 52/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2018
Partes del expediente
- Ángel Cornejo Arvizu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ***; atento a su contenido, téngasele por desahogada la prevención que le fue formulada en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, signados por la parte quejosa, así como de las constancias remitidas por el Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, se provee lo conducente. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte el siguiente acto reclamado: La citación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho y el emplazamiento de cuatro de octubre del presente año, efectuados dentro del juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas vencidas ***, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla; y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el juicio. Sentado lo anterior, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". Así, en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dado que a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña, en virtud de que a la fecha en que tuvo conocimiento pleno y exacto de la existencia del juicio de origen (veinticuatro de octubre del año en curso) no se había dictado sentencia definitiva (sino hasta el cinco de noviembre de dos mil dieciocho). Al respecto, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por la quejosa, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de garantías es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: I. Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. II. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. III. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. b) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que sea parte formal en el procedimiento. b) Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación simple, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. De lo anterior se concluye que la persona que, ostentándose como tercera extraña a juicio por equiparación simple, comparezca al juicio natural -en el que aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada-, no podrá tener tal carácter, pues como consecuencia de dicha comparecencia estará en posibilidad de hacer valer todos los mecanismos ordinarios de defensa legalmente previstos para defenderse, resultando en consecuencia improcedente el juicio de amparo indirecto; aunado a que, como ya se señaló, en tanto no se haya emitido sentencia definitiva en el juicio natural, no puede actualizarse la institución de referencia. Ahora, en el caso concreto se estima que a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación, en virtud de que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio de origen antes de que se dictara definitiva sentencia. En efecto, de las constancias allegadas por el Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla , se advierte que en el juicio de origen no se dictó sentencia sino hasta el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 81 a 84). Sin embargo, la parte quejosa manifestó en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen el veinticuatro de octubre del año en curso, fecha en que compareció al juzgado de la causa y tuvo acceso al expediente (por ser parte demandada en el juicio). Debe destacarse que las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda, bajo protesta de decir verdad, son equiparables a una confesión judicial, misma que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, tal manifestación es un elemento de convicción eficaz para determinar el momento en que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen. Cobra aplicación al caso, los criterios emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Publicada en la página 71, 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época) "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Publicada en la página 57, Tomo III, junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) Cabe apuntar que la parte quejosa tomó conocimiento completo y exacto de las actuaciones que lo integran al haberse impuesto de las constancias del juicio de origen (dado que en la demanda de amparo manifestó que se le permitió ver físicamente el expediente). En ese sentido, al ser parte demandada en el juicio, el quejoso estaba en aptitud de imponerse de las constancias que lo integran e interponer los recursos procedentes, puesto que en ese momento (veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho) no se había dictado sentencia definitiva en dicho juicio. En efecto, como ya se ha dicho, para que pueda considerarse tercero extraño al solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual se pretende ser llamado no exista resolución definitiva, pues de lo contrario, se estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes. Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. (Jurisprudencia 1/2012 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro VI, Tomo 1, correspondiente a marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (Jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Jurisprudencia 67/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente a agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627 del Libro V, Tomo 2, Décima Época, correspondiente a febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Cabe indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013 , estableció que basta con que el promovente del juicio de amparo tenga conocimiento de la existencia del juicio de origen antes del dictado de la sentencia, para que pierda el carácter de tercero extraño, y que dicho conocimiento debe ser completo y exacto, es decir, que debe darle plena oportunidad de integrarse a la relación procesal. A efecto de ilustrar lo anterior, a continuación se transcribe la parte considerativa que interesa de la resolución antes indicada: "(.) En consecuencia, el criterio sostenido en la tesis cuya modificación se solicita, debe ser en el sentido de que basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia para que pierda el carácter de tercero extraño a juicio, en cuyo caso, está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. No obstante, debe precisarse que para poder estar en aptitud de integrarse a la relación procesal mencionada, el conocimiento de la existencia del juicio al que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, debe ser tal, que realmente le permita acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal. Por ello, si se tiene en cuenta que el reclamo del quejoso que se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, siempre se va a sustentar en una violación a su derecho de audiencia, ya sea porque no fue emplazado al juicio o el emplazamiento realizado fue defectuoso por no haberse realizado en la forma prevista en la ley, es claro, que aun y cuando en la demanda de garantías se reclame todo lo actuado en dicho juicio, ese reclamo es consecuencia de la violación a su derecho de audiencia; por tanto, si la violación que se reclama respecto de ese derecho es fundada y ello amerita otorgar la protección de la Justicia Federal, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, traerá como consecuencia dejar sin efecto todo lo actuado en ese juicio, hasta el momento de la violación, de ahí, que aun y cuando en la demanda de amparo el quejoso señale como acto reclamado todo lo actuado en el juicio respecto del cual se ostenta como tercero extraño por equiparación, no es preciso que tenga conocimiento íntegro de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio al que se ostenta como tercero extraño por equiparación; sin embargo, si es necesario que el quejoso tenga un conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, a fin de que realmente pueda estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal. Por ende, para perder el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, se debe tener la certeza de que el quejoso a pesar de haber estado en posibilidad de acudir al juicio al que se ostenta como tal, no lo hizo. (.)" Así, debe concluirse que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación, dado que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio entablado en su contra antes del dictado de la sentencia. De modo que no resulta relevante el hecho de que la demanda de amparo fue presentada el siete de noviembre de dos mil dieciocho; es decir, en fecha posterior al dictado de la sentencia en el juicio de origen (cinco de noviembre de dos mil dieciocho). Lo anterior en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido -como ya quedó apuntado- que se debe atender a la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del juicio de origen y no a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a efecto de determinar si al promovente le asiste o no el carácter de tercero extraño por equiparación. Resta indicar que, en virtud de que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y exacto de la existencia del juicio de origen antes del dictado de la sentencia definitiva (en el cual es parte demandada), ésta estuvo en posibilidad de interponer el incidente de nulidad en contra de las diligencias reclamadas (citación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho y emplazamiento de cuatro de octubre del presente año). En efecto, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: "Artículo 74.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II.- El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III.- El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV.- No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." Del citado precepto normativo, se desprende la posibilidad de impugnar la notificación cuando alguna de las partes en un procedimiento considere que fue realizada en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad, que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio, sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. En este contexto, es incuestionable que la parte quejosa estaba en condiciones de impugnar las diligencias reclamadas (citación y emplazamiento) a través del incidente de nulidad, que prevé el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, puesto que al tener conocimiento de los actos reclamados antes la emisión de la sentencia definitiva en el juicio origen, y ser parte demandada, estaba en aptitud integrarse a la relación procesal e interponer los recursos procedentes. Máxime que la parte quejosa contó con suficiente tiempo para interponer el incidente de nulidad en contra de las diligencias reclamadas, pues tuvo conocimiento ellas desde el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y la sentencia se dictó hasta el cinco de noviembre siguiente; por tanto, entre las referidas fechas sí median los tres días que tenía la parte quejosa para intentar el referido medio ordinario de defensa. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo ". Además, que de conformidad a la jurisprudencia temática número P./J. 4/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 6, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL"; en los incidentes de nulidad de notificaciones se tiene la posibilidad de analizarse tanto los vicios propios de la notificación, como la forma en la que ésta se ordenó, por lo que se corrobora que debió agotar previamente el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente. Ahora, si la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño y estuvo en aptitud de comparecer al juicio de origen, en su caso, el juicio de amparo sólo será procedente en contra de actos que tenga efectos de imposible reparación en su esfera jurídica, después de dictada la sentencia definitiva en el juicio natural, o se impugne un acto que viole derechos fundamentales de un modo irreparable; sin que en el caso, se surtan esas hipótesis, puesto que el quejoso al tener conocimiento de los actos reclamados antes la emisión de la sentencia definitiva en el expediente origen, y ser parte demandada estaba en aptitud de imponerse de las constancias que lo integran e interponer los recursos procedentes. Así, de lo anterior se evidencia que el promovente carece de la calidad de tercero extraño, puesto que en la fecha en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados no se había dictado sentencia definitiva, por lo que estuvo en aptitud de defender sus intereses e interponer los medios de defensa ordinarios para el caso de que considerara que se le habían violado alguno de sus derechos, de ahí la improcedencia del juicio de derechos respecto a los actos en estudio. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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