Ángel Armando Lozada Morales
Expediente 42/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel Armando Lozada Morales
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de seis de febrero de la presente anualidad, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la diligencia de ratificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Ángel Armando Lozada Morales, compareció ante esta potestad federal a efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes su escrito de veintidós de enero del presente año, recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintitrés siguiente, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en proveído de diecisiete del mismo mes y año; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, de la demanda de amparo presentada por Ángel Armando Lozada Morales, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pacho Viejo, Veracruz. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que al suscrito confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el promovente de amparo bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Señaló como acto reclamado la resolución del término constitucional de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 226/2017-IX, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que se le dictó la formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico y se ordenó su identificación administrativa. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto juzga estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En este contexto, tomando en consideración que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución del término constitucional de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 226/2017-IX, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que se le dictó la formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico y se ordenó su identificación administrativa, el cual le fue notificado en esa misma data. Ahora, dado que el quejoso refiere que se le dictó formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico y se ordenó su identificación administrativa, resulta patente que en el caso el acto reclamado se rige por el Código 590 de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, ya que este ordenamiento en el artículo 175 establece que una vez dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. En todo caso, se comunicarán a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y hayan causado ejecutoria, para asentar las anotaciones correspondientes. En ese tenor, debe verificarse el contenido del artículo 85 del Código 590 de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, establece lo siguiente: "Artículo 85. Los términos son improrrogables. Empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los términos los días inhábiles, salvo cuando se trate de poner al inculpado a disposición del tribunal que conocerá de su caso, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica. El término para resolver podrá ampliarse sólo a petición del inculpado o de su defensor. Decretada la ampliación, el juez deberá comunicarla inmediatamente al encargado del reclusorio donde se halle el detenido." El artículo transcrito establece que los términos son improrrogables y empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos en que el aludido ordenamiento señale expresamente; sin embargo, el numeral en comento no especifica si aplica para todo tipo de plazos, tampoco se específica a partir de cuándo surten efectos las notificaciones personales en los procedimientos penales, así como tampoco existe dentro del código en comento artículo que establezca regla alguna en torno al momento en que surten efectos las notificación, por lo que, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." En ese orden de ideas, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes al que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado. Se afirma lo anterior, en virtud de que el propio promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio, lo siguiente: "En fecha 09 de mes de octubre del año 2018; fui notificado de la resolución que recayó al vencimiento del término constitucional ampliado, esto dentro de la causa penal 226/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz". De modo que, si presentó su demanda el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, entonces, se colige que para el impetrante de amparo no es novedoso el acto que impugna y contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo dentro del plazo legalmente establecido sin que lo hubiera hecho. Así, si el propio quejoso refirió que el nueve de octubre de dos mil dieciocho, fue notificado del acto reclamado, por ende, es claro que desde esa data conocía el acto de molestia que pretende combatir; por tanto, resulta evidente que ha trascurrido en exceso el término de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de amparo. Sin que sea dable considerar para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, la data de once de enero del presente año, en la que el Juzgado responsable mediante oficio dirigido al Director del Reclusorio Regional, el Juzgado señalado como responsable solicitó la identificación administrativa del aquí quejoso, ya que el impetrante de amparo, desde la fecha de notificación del auto de formal prisión decretado en su contra, sabía que una vez que causara ejecutoria éste, el Director del Reclusorio Regional, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, procedería a realizar la identificación administrativa. En este orden, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de amparo, toda vez que el quejoso fue notificado de la resolución del término constitucional de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 226/2017-IX, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, el nueve de octubre del año dos mil dieciocho, como se desprende del escrito aclaratorio. En efecto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciséis de enero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad; resulta inconcuso, que la presentación de la misma resulta extemporánea, pues el término empezó a transcurrir a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fue notificada del acto reclamado, es decir, el día nueve de octubre de dos mil dieciocho; de forma que, el término legal empezó a transcurrir el día diez siguiente, por lo que dicho término concluyó el treinta y uno de octubre de ese mismo año. Ello considerando como días inhábiles el trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre de dos mil dieciocho, por corresponder a sábados y domingos, asimismo, el día doce de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, sin género de dudas que la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que al no tratarse de un caso de excepción, de los previstos por las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17, de la propia Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito aparentemente signado por el quejoso Ángel Armando Lozada Morales, a través del cual pretende desahogar la prevención que le fue formulada mediante proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad. Ahora bien, toda vez que se advierte que la firma que calza el escrito de cuenta, difiere notoriamente de aquella que el quejoso estampó en el escrito inicial de demanda, como puede observarse en las siguientes imágenes: Firma plasmada en el escrito de demanda / Firma plasmada en el escrito de desahogo de prevención / Resérvese a acordar lo conducente y requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sea debidamente notificado el presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, a fin de que reconozca la firma que calza el ocurso que se provee, hecho lo anterior, y vista la diligencia de reconocimiento de firma, se acordará lo que en derecho corresponda, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, del Apéndice de 1995, de rubro y contenido siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Finalmente, dígasele a la parte quejosa, que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó mediante auto de diecisiete de enero de los cursantes. Notifíquese personalmente al quejoso
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SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Armando Lozada Morales contra actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pacho Viejo, Veracruz y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 42/2019. Al respecto, se acuerda: Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en los artículos 112, 114, fracciones I y II y 108, fracción V, de la Ley de Amparo vigente que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.) "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) Los preceptos legales enunciados imponen la obligación a este juzgador, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita. Acotado lo anterior, es necesario precisar que la parte quejosa en su demanda señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO.- El acto reclamado lo haré consistir en que la Autoridad Ordenadora ordenó en su Resolución que recayera al vencimiento del término constitucional duplicado de 9 de octubre del año 2018 en el resolutivo número tercero de la Causa Penal 226/2017 que a la letra dice.- . TERCERO.- Comuníquese esta resolución a las autoridades de estilo para su conocimiento; adjuntándole copia debidamente certificada de esta resolución, asimismo, al Director del CERESO de Pacho Viejo, Veracruz, para que una vez que cause estado esta resolución, proceda a la inmediata identificación del ahora procesado para estar en condiciones de solicitar sus antecedentes penales, conforme a lo dispuesto por el artículo 175 del Código Procesal Penal." Asimismo, se le ordena a la Responsable Ejecutora tomarme la FICHA SIGNALETICA, en el Reclusorio Regional de Pacho Viejo, Veracruz, AUTO QUE FUERA DICTADO en actuaciones de la causa penal número 226/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pacho Viejo, Veracruz, y toda vez que dicho acuerdo es contrario a derecho y violatorio de mis Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de los Tratados internacionales, esto por el entendimiento de que al ordenar de nueva cuenta en fecha 11 de enero del año en curso, mediante oficio sin número signado por la C. LIC. ANITA GUTIERREZ ZAPATA, Secretaria de acuerdos de dicho Juzgado, en el cual se vuelve solicitar que el suscrito se identifique por el procedimiento Administrativo adoptado y que trae como consecuencia la ficha signalética, es violatoria de mis Derechos Humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado B, 22 y 133 Constitucionales." Ahora bien, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que en fecha tres de octubre del dos mil dieciocho, fue intervenido mediante una orden de aprehensión girada en su contra, derivada de la causa penal 226/2017-IX, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, como probable responsable del delito de fraude genérico; que el día nueve de octubre del dos mil dieciocho, fue trabado a la formal prisión, con todas sus consecuencias legales, que actualmente se encuentra en libertad al haber pagado la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) ante el Juzgado Primero de Primera Instancia, y que con fecha once de enero del presente año, dicho juzgado, remitió un escrito dirigido al Director del Reclusorio Regional de Pacho Viejo, Veracruz, en el cual le ordenó se identificara y se remitiera ante dicho juzgado para que surtiera los efectos legales procedentes dentro de la causa penal 226/2017-IX, de su índice; sin embargo, de la lectura integral de la demanda, no se aprecia que el ocursante exprese cuándo fue notificado de la resolución de término constitucional de nueve de octubre de dos mil dieciocho, que ordenó su identificación administrativa, lo que produce falta de certeza en relación a tal circunstancia. Sentido de la prevención que se formula. Dígase al promovente de amparo, que previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo en vigor, requerirle para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias parar correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá indicar la fecha en que fue notificado del auto de término constitucional de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho. Hechos que resultan indispensables para el suscrito, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, por lo que, deberá aclarar tal circunstancia. Tiene aplicación al caso en concreto la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Noveno Circuito y Cuarto del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décimo Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, guárdense en la secretaría de este juzgado, las cuatro copias de la demanda de mérito. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto García Rodríguez ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 113264, y por autorizado con la restricción que impone el citado numeral a Carlos García Vargas, quien no cuenta con el registro correspondiente ante el mencionado Sistema Computarizado. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, quien firma ante el licenciado Julio César López Céspedes, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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