Ángel Atilano Pineda

Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
287/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Ángel Atilano Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio 588/2022-A, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 7/2022, de su índice, mismo que resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de la demanda presentada por Ángel Atilano Pineda contra el acto de la autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Envíense los autos del juicio de amparo 225/2022, al órgano jurisdiccional que se precisa en el decisorio anterior, para que se pronuncie con libertad de jurisdicción, en torno a la demanda planteada, hágase saber el contenido de esta resolución a la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad de Xalapa." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Así las cosas, archívese este expediente como asunto concluido Atento a lo anterior, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al superior jerárquico.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual comunica que, en el expediente número 7/2022, se admitió el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en aquella ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. Atento a lo anterior, estese en espera de que se reciba en este juzgado la determinación que al respecto emita el citado órgano colegiado, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio mediante cual el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, informa que esa autoridad insiste en declinar su competencia que se planteó a este órgano jurisdiccional, por lo que remitió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Séptimo Circuito, los autos del juicio de amparo ********************, de su índice, a fin de que determine a quién corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. Cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, visto el oficio 541/2022-V, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, y anexos que acompaña consistentes en: 1.- El Juicio de amparo 225/2022 que contiene la demanda de amparo promovida por Ángel Atilano Pineda. 2.- Con cuatro copias de la citada demanda. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 287/2022-3-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Del oficio de cuenta se advierte que, mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 225/2022-V, el juez declinante determinó carecer de competencia legal para conocer el juicio de amparo promovido por la parte quejosa. El órgano jurisdiccional declinante esencialmente considera que debe conocer de la demanda de amparo un Juez con residencia en esta ciudad, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa tendrá ejecución material en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, pues el expediente del que emana el acto de molestia se encuentra radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI, por lo que, los efectos del acto reclamado inciden directamente en el proceso jurisdiccional que se encuentra en trámite, esto es, en el expediente 301/2020. Tales consideraciones, aunque respetables, no son compartidas por la suscrita, por los motivos que se explican a continuación: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: La audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, llevada a cabo el diecisiete de febrero de dos mil veintidós en los autos del juicio agrario 301/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, de esta ciudad, en la que, en lo que se duele, la autoridad responsable negó al aquí quejoso el perfeccionamiento, aclaración y ampliación de su escrito de contestación de demanda y del escrito de reconvención de demanda. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece textualmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Precepto del cual, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, reglas que conforme al criterio de nuestro Máximo Tribunal se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados en el juicio de amparo que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. No obstante lo anterior, en el segundo párrafo del precepto legal en análisis, en lo conducente, quedó manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso a la administración de justicia, en la medida en que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un distrito, le permite optar por presentar su demanda de amparo ante cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en dichos distritos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia constitucional se entable ante cualquier juzgador de amparo si el acto no requiere ejecución material, es decir, ante juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte la Nación al resolver la contradicción de tesis 389/2013, arribó a la conclusión de que la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado, razón por la que debe aplicarse conforme a la letra contenida en el mismo, sin emplear algún método sistemático teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, sino que debe aplicarse de manera estricta a su texto, pues la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Además, estimó que lo anterior tenía también justificación en que, al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los Jueces. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio). Bajo este orden de ideas, en principio debe determinarse en qué medida la resolución reclamada es o no de carácter ejecutivo, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable a efecto de establecer la competencia respectiva. En términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En esa medida, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. Sentado lo anterior, al verificar la naturaleza del acto combatido en esta vía, se desprende que la misma carece de ejecución material, esto es, que el acto que se reclama tiene efectos meramente declarativos, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, de modo que sus efectos son estrictamente formales, en el caso que nos ocupa, el tribunal responsable negó el perfeccionamiento al escrito de ampliación o aclaración de contestación de demanda y reconvención que presentó el aquí quejoso, es decir, las cosas en el juicio agrario del que deriva el acto de molestia, quedaron en el estado que guardaban antes de la celebración de la audiencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, pues la autoridad que se señala como responsable determinó que las actuaciones que pretendía realizar el solicitante de amparo no se deberían desarrollar en tal procedimiento, lo que conlleva a que se negó la pretensión del allá promovente, sin que se realizara algún acto que tuviera efectos materiales. Entonces, si en dicha audiencia de derecho el tribunal responsable no se emitió una orden que conlleve a la realización material de acto alguno, resulta incuestionable que el acto reclamado carece de ejecución material, por tanto, los efectos de la audiencia tildada de constitucional son meramente declarativos. De lo que se colige, que en el particular, el supuesto que se actualiza es el previsto en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado al no tener ejecución material, como se destacó, posibilita a que conozca del mismo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, que en el caso fue presentada por la parte quejosa ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, por lo que resulta inconcuso que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del presente asunto. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese esta determinación al Juzgado Federal declinante, y devuélvasele el juicio de amparo 225/2022 de su índice; solicitándole el acuse de recibo, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO. Se toma nota de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; no obstante, se estima que no resulta procedente ordenar la notificación personal de este proveído a los promoventes, en virtud de que, atendiendo a lo determinado en el presente auto, es incuestionable que esta juzgadora no se vinculó con el procedimiento. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en amplios términos previstos por el artículo 12, de la citada legislación a Pedro Vicente Soto Chacha y Apolinar Lascurain Jácome, quienes cuentan con los registros 42985 y 62476, en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala la parte quejosa, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos.

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