Anel Marcela Morales Lozano
Expediente 476/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Anel Marcela Morales Lozano
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el 916/2018-B, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el toca 150/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Anel Marcela Morales Lozano, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja número 150/2018, interpuesto por Anel Marcela Morales Lozano contra el acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho por el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 476/2018, mediante el que desechó la demanda que lo originó, por notaria improcedencia de dicho juicio."
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que señala la promovente y de las demás que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Vista la demanda de amparo promovida por Anel Marcela Morales Lozano, contra actos reclamados a los Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 476/2018. Al respecto se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que el acto reclamado en el presente asunto por la promovente es el siguiente: La falta de fundamentación y motivación de la resolución del recurso de reconsideración emitida por el Órgano de Fiscalización Superior el Estado de Veracruz, de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en sus resolutivos primero y tercero y sus considerandos tercero y cuarto, en donde confirma la resolución definitiva de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitida dentro de loa autos del expediente administrativo número DRFIS/002/2017, I.R./FRIDEVER/2016. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La referida facultad del Juez de Distrito deriva del artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". La disposición legal referida precisa, en lo que interesa, que antes de acudir a la instancia de amparo, la promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades administrativas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. De otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes; la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución; cuando el acto carece de fundamentación; y, cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. De esta manera, se infiere que los elementos con los cuales se integra la causal de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra ese acto conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. c) Mediante esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Ahora bien, en el caso el impetrante de amparo reclama la falta de fundamentación y motivación de la resolución del recurso de reconsideración emitido por el Órgano de Fiscalización Superior el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en sus resolutivos primero y tercero y sus considerandos tercero y cuarto, en donde confirma la resolución definitiva de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitida dentro de los autos del expediente administrativo número DRFIS/002/2017,I.R./FRIDEVER/2016. Así las cosas, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda y de las documentales que acompañó anexas se desprenden los siguientes antecedentes: La quejosa se desempeñó como contadora pública a cargo del Departamento Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER) del treinta de enero de dos mil once al quince de diciembre de dos mil dieciséis. El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, la quejosa fue requerida mediante un pliego de observaciones de carácter financiero con número de oficio OFS/4308/07/2017, signado por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), relativo a la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio dos mil dieciséis (2016), todo ello dentro del expediente DRFIS/002/2017, I.R./FRIDEVER/2016, del índice de la responsable. Por lo que, el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la parte quejosa dio oportuna respuesta a las observaciones realizadas por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), en relación con la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio dos mil dieciséis (2016). Hecho lo anterior, al iniciar la etapa de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, se citó a la aquí quejosa, junto con otro ex servidor público, a la audiencia de pruebas y alegatos, la que se llevó a cabo el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Posteriormente, el nueve de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió la resolución definitiva dentro de los autos del expediente DRFIS/002/2017, I.R./FRIDEVER/2016, en el que determinó lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO. Se determina que los Ciudadanos [..] y Anel Marcela Morales Lozano, Ex Titular del Departamento Administrativo, ambos del Fideicomiso Público Revocable de Administración Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), son responsables directos de las irregularidades constitutivas de daño patrimonial en perjuicio de la Hacienda Pública Estatal, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis por las razones expuestas en los CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO, de las presente Resolución; en consecuencia: SEGUNDO: Se finca a los Ciudadanos [..] y Anel Marcela Morales Lozano, Ex Titular del Departamento Administrativo, ambos del Fideicomiso Público Revocable de Administración Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), una indemnización por la suma de $2´428,977.28 (dos millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y siete pesos 28/100 M.N.), que es equivalente al monto de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Estatal; y una sanción económica consistente en multa por la cantidad de $1´335,937.50 (un millón trescientos treinta y cinco mil novecientos treinta y siete 50/100 M.N.) equivalente al rango mínimo legal del cincuenta y cinco por ciento del monto de la indemnización[.] QUINTO. [.] en contra de la presente Resolución Definitiva procede el Recurso de Reconsideración ante esta propia autoridad, mismo que podrá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación; o bien, el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que podrá hacerse valer dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos su notificación [.]" Motivo por el cual, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, la aquí quejosa inconforme con la determinación adoptada en el expediente DRFIS/002/2017, I.R./FRIDEVER/2016, interpuso recurso de reconsideración, al que se le dio debido trámite el quince de marzo posterior, mismo que fue resuelto el veinticinco de abril de la presente anualidad, en los siguientes términos: RESUELVE: PRIMERO: [.] se confirma la responsabilidad resarcitoria determinada a la Ciudadana Anel Marcela Morales Lozano, Ex Titular del Departamento Administrativo, del Fideicomiso Público Revocable de Administración Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), en la Resolución de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, dentro del expediente DRFIS/002/2017, I.R./FRIDEVER/2016, subsistiendo la indemnización por el daño patrimonial causado al Fideicomiso Público Revocable de Administración Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), por la cantidad de $2´428,977.28 (dos millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y siete pesos 28/100 M.N.), y una sanción por la cantidad de $1´335,937.50 (un millón trescientos treinta y cinco mil novecientos treinta y siete 50/100 M.N.) equivalente al rango mínimo legal del cincuenta y cinco por ciento del monto de los daños y perjuicios causados al patrimonio estatal[.] TERCERO: [.] se hace saber a la recurrente Anel Marcela Morales Lozano, Ex Titular del Departamento Administrativo, del Fideicomiso Público Revocable de Administración Inversión y Garantía Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), que la presente Resolución, podrá ser impugnada mediante el Juicio Contencioso en vía sumaria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado." Siendo esta última la resolución que hoy se tilda de inconstitucional de parte de la quejosa. Sentando lo anterior, resulta necesario traer a la vista el contenido del artículo 100 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz, que a la letra versa de la siguiente manera: "Artículo 100. Los interesados afectados por las resoluciones definitivas del Órgano podrán, a su elección, interponer el Recurso de Reconsideración previsto en esta Ley o intentar el Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado. No procederá el Recurso de Reconsideración o el Juicio Contencioso en contra de actos dictados dentro del Procedimiento de Fiscalización, en tanto no se dicte resolución definitiva. Se entenderá como resolución definitiva la que pone fin a la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones." Así las cosas, el artículo antes transcrito dispone que los afectados por las resoluciones definitivas del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, podrán recurrirlas optando libremente por interponer el recurso de reconsideración, o en su defecto, instar el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, entendiendo como determinación definitiva la que pone fin a la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones. De la misma forma, en caso de optar por el recurso de reconsideración contemplado por la legislación que rige el acto reclamado, una vez resuelto éste y en caso de no obtener una determinación favorable a los intereses del recurrente, se podrá instar a su vez el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el fin de recurrirla, lo anterior por disposición expresa del artículo 112 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz, que a la letra versa de la siguiente manera: "Artículo 112. Contra la resolución que recaiga al Recurso de Reconsideración procede el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal competente del Poder Judicial del Estado." Así las cosas, si con motivo de una determinación definitiva emitida por una autoridad administrativa un gobernado es afectado en su esfera jurídica puede optar de manera indistinta por cualquiera de las siguientes vías para impugnar tal acto: a) Mediante el recurso de reconsideración previsto en el artículo 100 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz; o, b) Mediante el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, también contemplado por el precitado artículo. Así las cosas, en el caso en concreto la quejosa Anel Marcela Morales Lozano, escogió la primer vía, que contempla a su vez, en caso de no obtener una resolución favorable a sus intereses, un diverso medio de impugnación contenido en el artículo 112 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, que en esencia consagra que en contra de la resolución de la reconsideración procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal competente del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por lo tanto, si la agraviada estaba facultada para ocurrir directamente al juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, o incluso al juicio de amparo indirecto, en contra de la primera resolución que le fue adversa a sus intereses, y en su lugar optó por impugnarla mediante el recurso de reconsideración, aun cuando no era obligatorio agotar tal medio de impugnación, al haber elegido tal vía al mismo tiempo se obligó a seguir hasta sus últimas consecuencias su impugnación mediante recursos ordinarios; es decir, la determinación de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, forzosamente debe combatirla ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, para así agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, que es un medio de impugnación extraordinario. Apoya a la siguiente determinación la tesis aislada sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2007, tomo XXVI, página 3103, materia Común, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LO RIGE, CUANDO SE RECLAME LA ILEGALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL QUEJOSO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYA INICIADO LA VÍA ORDINARIA DE IMPUGNACIÓN. Del artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y de la interpretación que de él ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 2a. LIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 205, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO EL QUEJOSO OPTÓ POR AGOTAR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL RECURSO ORDINARIO QUE FUE DESECHADO, Y CONTRA ESA DETERMINACIÓN PROCEDE OTRO RECURSO, DEBE AGOTAR ÉSTE Y NO SOLICITAR DIRECTAMENTE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.", y la publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 252, aprobada por el Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.", se colige que cuando en el amparo indirecto se reclame una ley con motivo de su primer acto de aplicación y el gobernado opte por impugnar dicho acto a través de un medio ordinario de defensa, el juicio constitucional resultará improcedente por encontrarse, ante tal evento, obligado a recorrer o agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes. En concordancia con lo anterior y por mayoría de razón, al reclamarse la ilegalidad de un acto administrativo, si se inició la defensa ordinaria, ésta no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo. Por tanto, en esa hipótesis, para que se actualice alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, también es requisito indispensable que el quejoso a la fecha de presentación de la demanda de amparo no haya iniciado la vía ordinaria de impugnación, pues ello traería consigo su improcedencia. Así las cosas, para que sea procedente alguna de las excepciones al principio de definitividad del juicio de amparo promovido en contra de una determinación emitida por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, resulta indispensable que el accionante del amparo no haya iniciado la vía ordinaria de impugnación, lo que en el caso no acontece, pues la quejosa al interponer el recurso de reconsideración manifestó su voluntad de agotar los medios de impugnación ordinarios de la determinación que le agravia y permitir que en este momento procesal acuda al juicio de amparo, sería tanto como dejar al prudente arbitrio del gobernado el momento en el que quiere que sea procedente la acción constitucional, vulnerando con ello la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo. Atento a lo anterior, se estima indispensable que la peticionaria del amparo previo a acudir al juicio de amparo, agote el juicio contencioso ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente, con el fin de obtener una resolución que puede resultar favorable a sus intereses y en caso contrario, al haber agotado la vía ordinaria de impugnación de la determinación que le agravia, entonces sí acudir al juicio constitucional, respetando con ello el principio de definitividad de rige el juicio de amparo. Sirve por analogía la tesis aislada número I.7º.A.296 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación en Julio de 2004, tomo XX, página 1712, Novena Época, materia Administrativa, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. SI EL GOBERNADO INTERPONE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRA UN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEBE COMBATIR LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE OCURRIR AL JUICIO DE AMPARO. Si el particular impugna una resolución dictada por una autoridad de la administración pública mediante el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, cuya interposición es optativa según el numeral 108 de tal ordenamiento, al elegir la vía ordinaria se obliga a seguirla hasta sus últimas consecuencias, es decir, a impugnar la resolución que recaiga al recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para así agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, y de no hacerlo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la jurisprudencia 2a./J. 71/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señale que el juicio previsto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal es optativo para la procedencia del amparo indirecto, al exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues las excepciones al principio de definitividad no son absolutas, ya que si el agraviado, pudiendo interponer un juicio de amparo indirecto contra un acto que afecta su interés jurídico prefiere agotar la vía ordinaria, implica la renuncia a la excepción legal consagrada a su favor y el sometimiento al principio de definitividad." Motivos lo anteriores por los que deviene improcedente la demanda de amparo intentada. DESECHAMIENTO Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Hernández Flores, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 149935 y por autorizados con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, a María del Rosario Alba Castillo, Erika Jazmín Velázquez Hernández, Christian Evaristo Cano Jácome y Mario Alejandro Segura Hernández, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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