Ángel Alfonso Quintero Pérez

Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
490/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Ángel Alfonso Quintero Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    "Audiencia Constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 490/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio dictado el dos de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con el informe justificado que rinden el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y el Encargado del Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, con registro 7133. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. De igual manera, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta. Dése vista a las partes. Por otra parte, se tiene las autoridades responsables informando que la autoridad señalada como Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejó de estar en el organigrama de esa institución; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, se deja de tener como autoridad responsable en este juicio de amparo al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Para los efectos legales a que haya lugar; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera: Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar a siguiente: SENTENCIA Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 490/2022 promovido por Ángel Alfonso Quintero Pérez, por propio derecho, en contra de actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y otras autoridades. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de fundamentación y de motivación, consagrados por los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES De autos se desprende, que actualmente el quejoso Ángel Alfonso Quintero Pérez percibe dos pensiones, una por jubilación (946318) y otra por viudez (7482977) ambas concedidas a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin embargo, según los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente, el cuatro de abril de dos mil veintidós, cuando se presentó ante las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, para preguntar el por qué se ha estado descontando mensualmente a su pensión de viudez el concepto cuarenta y ocho (48) denominado "Compatibilidad de Pensión", fue informado por personal de dicho instituto, que esos descuentos se realizaban en atención que se le estaba aplicando el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Inconforme con esa situación, es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO La parte quejosa señaló como autoridades responsables a la Subdelegada de Administración, Subdelegado de Prestaciones Económicas, y a Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Estatal Oaxaca. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 490/2022 y fue admitida el dos de mayo de dos mil veintidós. En la audiencia que antecede se dejó de tener como autoridad responsable al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Subdelegada de Administración como la había señalado originalmente el quejoso) debido a su inexistencia. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de1 los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido presuntamente por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: Del Subdelegado de Prestaciones Económicas, y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): Las aplicación del Segundo Párrafo del Artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, traducido esto, en las deducciones realizadas a su pensión por viudez identificada con el progresivo 748277 bajo el concepto "48 COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN", a partir del cuatro de junio de dos mil diez. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reprochados al Subdelegado de Prestaciones Económicas y al jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; no obstante los encargados de dicha Subdelegación y Departamento hayan negado el acto reclamado, pues dicha negativa se encuentra desvirtuada de la lectura integral del informe en cuestión, del que se desprende que realizó manifestaciones que evidenciaron la existencia del mismo. Existencia que se corrobra la copia certificada de las concesiones de pensión por jubilación y viudez, identificadas con los folios 946318 y 748277, respectivamente, así como con los comprobantes electrónicos de pago de pensión la última de las mencionadas (viudez), exhibidos por el quejoso de los que se advierte, en el apartado de deducciones la leyenda "48 COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN", del cual se advierte que se ha venido aplicando dicha deducción al quejoso. LEGITIMACIÓN Ángel Alfonso Quintero Pérez está legitimado para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el ordinal 6 de la Ley de Amparo, dado que en el presente sumario quedó probado que él es destinatario de la pensión de viudez y que al gozar de manera simultánea de las pensiones por jubilación y por viudez identificadas con los progresivos 946318 y 748277, respectivamente; además, el disidente le fueron realizadas diversas deducciones en la última de esas pensiones bajo el concepto "48 COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN" y continuarán descontándose los montos respectivos por tal concepto en esa prestación económica con motivo del mandato contenido en la aludida comunicación, lo que implica que esos actos impactan en su esfera normativa en sentido negativo y, por ende, la legitiman para ejercer la acción de amparo por sí. PROCEDENCIA Con fundamento en lo previsto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito19, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, a consideración de quien resuelve, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme consintió tácitamente esas actuaciones al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o del acto que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional examinada porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En los párrafos anteriores se estableció que los actos impugnados en este sumario son la aplicación del Segundo Párrafo del Artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, traducido esto, en las deducciones realizadas a su pensión por viudez identificada con el progresivo 748277 bajo el concepto "48 COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN" a partir del cuatro de junio de dos mil diez. Es de precisar que el acto reclamado en estudio no se ubica en los supuestos de excepción al plazo de quince días contemplados en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, de los hechos y las abstenciones que el inconforme manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que precisó que tuvo conocimiento de éstos el cuatro de abril de dos mil veintidós, cuando acudió personalmente a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en Oaxaca y fue informado que esos descuentos se realizaban en atención que se le estaba aplicando el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. La manifestación anterior influye en el ánimo de este Juzgador en el sentido de que presupone la certeza de esa aseveración y ésta debe ser apreciada como una confesión expresa -la cual es admisible en el juicio de amparo- con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia. En ese sentido, debe significarse que tal expresión es suficiente para tener por acreditada la fecha de conocimiento de los actos impugnados. Lo anterior tiene respaldo en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." En ese sentido, de los hechos que el propio inconforme relató se advierte que tuvo del acto reclamado el cuatro de abril de dos mil veintidós. Luego, si el disidente tuvo conocimiento de esas actuaciones en la data indicada, entonces el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del cinco al veintiocho de abril de dos mil veintidós. Del plazo indicado se descuentan el nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la ley de la materia, así como los diversos trece, catorce y quince de abril últimos, al haber sido declarados inhábiles mediante CIRCULAR 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, tal como se colige del sello original de recepción puesto por la citada dependencia en la primera hoja de ese ocurso debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional se promovió fuera del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese lapso y la de presentación de la demanda de amparo transcurrieron dieciséis días hábiles, a saber, el cinco, seis, siete, ocho, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril del presente año, lo que conduce a establecer que el disidente consintió tácitamente la resolución reclamada y su ejecución al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito de los actos reclamados. Sustenta lo anterior la tesis XXIV.2o.5 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la página mil setecientos veintitrés, del Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LAS BOLETAS O FOLIOS DE MOVIMIENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTEN, CONSTITUYEN ACTOS DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES). Si en la boleta o folio de movimientos que la autoridad administrativa expide, para el pago de derechos por concepto de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se determina el importe de la obligación fiscal que debe pagarse, con base en la tasa establecida en el artículo 13, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil tres, y además se precisa el nombre del contribuyente, el concepto del trámite, la fecha de presentación de la solicitud y la orden de enterar dicha cantidad en la caja recaudadora, resulta inconcuso que constituye un acto concreto de aplicación de la ley, pues define de manera particular la situación jurídica del causante frente al supuesto previsto en la norma, al determinar el importe de los derechos que deberá pagar por el trámite administrativo solicitado, independientemente de no haberse verificado el pago, puesto que desde el momento de su expedición materializa los efectos jurídicos de la norma, al determinar el importe de una obligación fiscal, sin la intervención de la voluntad del obligado." Asimismo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página ochocientos treinta y siete, del Tomo XXII, Noviembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN EN DÍA INHÁBIL, EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS COMIENZA AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE AQUÉL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a tal dispositivo, el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: a) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o c) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En razón de lo anterior, si la parte quejosa manifiesta que tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma jurídica que tacha de inconstitucional en día sábado, éste considerado inhábil conforme al precepto 23 de dicho ordenamiento legal, el término a que hace alusión el precepto legal citado en primer término, inicia al día siguiente hábil, es decir, el plazo empieza a correr el día lunes, sin que obste a lo anterior, el hecho de que el conocimiento del acto de aplicación se haya generado en día inhábil, pues esa circunstancia de ningún modo nulifica el hecho de que el impetrante de garantías haya manifestado tener conocimiento del acto de aplicación tal día, pues una cosa es el conocimiento del acto y otra muy distinta el término, dado que, lo primero implica tener noticia y saber de la existencia de ese acto; y lo segundo es el plazo o término que establece la ley para hacer valer algún derecho o cumplir con alguna obligación; consecuentemente, el plazo para la impugnación de normas heteroaplicativas comienza a partir de aquel al en que el peticionario de amparo manifieste estar enterado de la aplicación de la norma combatida, aun cuando éste, se insiste, sea inhábil." Al respecto también es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." Asimismo, se cita por las razones que suministra la jurisprudencia P./J. 27/96 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional, que expone: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En tales condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en los preceptos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías. Finalmente, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de las diversas que invocan el Subdelegado de Prestaciones Económicas y al jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a través de sus encargados, en su informe justificado, porque aun cuando operaran las que señalan sería irrelevante, dado que no cambiaría el sentido de esta resolución. La determinación anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página cuatrocientos catorce, que indica: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********* en contra de los actos reclamados precisados en el considerando IV y por lo motivos expuestos en el diverso "VII" del presente fallo. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el ordinal 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 490/2021. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ángel Alfonso Quintero Pérez, contra actos de la Subdelegada de Administración en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas de que de no hacerlo así, a la omisa, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rindan su informe justificado. Así también, las autoridades deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto, o alguno diverso relacionado. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informes justificados sean entregadas al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las once horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós. Para ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 6°, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba del quejoso las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Domicilio del quejoso y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Fabián Ortega Navarrete, quien cuenta con cédula profesional 9047814; asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Velásquez Cabrera, Sandra Ríos Toledo y María Natividad Jiménez Bautista, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditaron con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en lo previsto por el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.

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