Andrés Santiago Santiago
Expediente 230/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Andrés Santiago Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 230/2020 promovido por Andrés Santiago Santiago. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el diez de febrero de dos mil veinte, emitido en la causa penal 486/2019, por la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, en auxilio del Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca. ANTECEDENTES De acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia de control de la detención y vinculación a proceso se advierte que la agente del Ministerio Público narró los siguientes hechos: aproximadamente a dieciséis horas con treinta minutos, del uno de octubre de dos mil diecinueve, en el establecimiento denominado Playa Kabbalah, ubicado en avenida del Morro, número diecisiete, colonia Marinero, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, ocurrieron diversos hechos, que estima actualizan los ilícitos de despojo, robo con violencia, daños y lesiones, debido a que entraron un grupo de personas, entre las que se encontraba el procesado aquí quejoso, cargando un costal en el que llevaban palos de madera, mismos que se repartieron una vez dentro del local, destrozando diversos objetos del lugar, agrediendo a diversas personas que se encontraban dentro del inmueble y uno de ellos, tomó una cantidad de dinero de dicha negociación; el ahora quejoso, fue detenido en flagrancia, en la misma fecha, alrededor de las diecisiete horas, en el interior del aludido establecimiento, por agentes de policía, quienes atendieron una llamado de auxilio y al arribar al sitio observaron los daños a dicho lugar. Así como los ocurridos el de catorce de octubre de dos mil diecinueve, que estimó constitutivos del ilícito de despojo, dado que dos personas declararon que aproximadamente a las diez horas con quince minutos, el hoy quejoso en compañía de otras personas se presentó en el inmueble de que se trata, y realizó diversas acciones, ostentándose como dueño. Los hechos anteriores dieron origen a la carpeta de investigación correspondiente, la cual, una vez integrada, la autoridad ministerial solicitó se emitirá una orden de aprehensión contra el aquí quejoso -toda vez que una vez detenido en flagrancia fue liberado por un grupo de personas que por medios violentos lo sacaron del lugar donde se encontraba privado de su libertad-, por considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de despojo, robo con violencia, daños y lesiones. Ratificación de legalidad de la detención. El cinco de febrero de dos mil veinte, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, llevó a cabo la audiencia de control en la que ratificó la legalidad la detención del quejoso Andrés Santiago Santiago. Por lo que se le formuló la imputación de los hechos investigados dentro de la carpeta de investigación correspondiente, las personas que lo señalan y los delitos que se le atribuyen. Auto de vinculación a proceso. El diez de febrero de dos mil veinte, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, llevó a cabo la audiencia de ampliación de término constitucional, en la que dictó auto de vinculación a proceso contra al aquí quejoso, únicamente por los delitos de robo calificado con violencia a las personas y daños. Demanda de amparo. En contra de la última determinación referida, el quejoso promovió el presente juicio de amparo indirecto en los términos que se indican a continuación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo origen de este juicio, se formuló por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridades responsables al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, y como acto reclamado: La resolución de fecha diez de febrero del año en curso, dictada en el exhorto 10/2020, en auxilio del Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, derivado del exhorto emitido dentro de la causa 483/2019; en donde se le dictó a Andrés Santiago Santiago el auto de vinculación a proceso por los delitos de robo calificado con violencia a las personas y daños en perjuicio patrimonial de Ingrid Daniela Villafuerte García. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito, donde quedó registrada con el número 230/2020, admitida a trámite el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Una vez integrado el expediente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados fueron dictados por autoridades judiciales en materia penal y surten sus efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El juicio de amparo se promovió en tiempo, debido a que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 483/2019, se lo notificaron en el mismo momento pues se realizó en audiencia, siendo esta fecha la que se toma en consideración con la finalidad de maximizar la protección a favor del quejoso como procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona; por tanto, si la demanda de amparo se recibió el veintiuno de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, esto fue, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, toda vez que el término transcurrió del doce al tres de marzo de dos mil veinte, descontando los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero y uno de marzo del año pasado, por ser sábados y domingos; de esa forma, la demanda se presentó el día octavo del término legal, por ende, con oportunidad. LEGITIMACIÓN Andrés Santiago Santiago, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo por conducto de su defensor particular Andrés Quevedo Martínez, quien en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, se advirtió de las videograbaciones enviadas por la autoridad responsables, que dicho profesional tiene tal carácter reconocido por ésta última en la causa penal origen del acto reclamado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso atribuye a la Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, la emisión de la siguiente determinación: La resolución de fecha diez de febrero del año en curso, dictada en auxilio del Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, dentro de la causa 483/2019; en donde se le dictó a Andrés Santiago Santiago el auto de vinculación a proceso por los delitos de robo calificado con violencia a las personas y daños en perjuicio patrimonial de Ingrid Daniela Villafuerte García. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado la Juez de Control en Materia Penal circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación dictado en contra el quejoso, en la causa penal 483/2019, el diez de febrero de dos mil veinte, emitido por esa autoridad en auxilio del juez de la causa, Juez de Control de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Tal afirmación, se corrobora con los discos versátiles digitales relativos a la causa penal 483/2019 que remitió el juez de la causa, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En relación al acto reclamado dictado contra el quejoso en la causa penal 483/2019, el diez de febrero de dos mil veinte, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte la actualización de alguna hipótesis de inejercicio a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre los actos reclamados, por lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el amparo es procedente. ESTUDIO DE FONDO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, máxime que tampoco es un requisito que la ley exija, toda vez que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Los conceptos de violación se estudian en la forma en que la parte quejosa los expresa, debido a que este órgano jurisdiccional aun supliendo la deficiencia de la queja, no advierte que se hayan transgredido sus derechos fundamentales. El quejoso aduce que se transgreden en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque estima, esencialmente que: Se violan los derechos humanos del quejoso, porque está siendo privado de sus derechos de igualdad, legalidad, seguridad jurídica y administración de justicia, sin que se hubiese seguido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El acto reclamado viola el artículo 16 de la Carta Magna, en virtud que no está fundado ni motivado, porque la autoridad responsable no expresa los motivos que justifiquen la aplicación de los supuestos abstractos previstos normativamente. No se le está administrando justicia, sino al contrario, el quejoso está siendo desposeído de sus derechos al habérsele dictado auto de vinculación a proceso por los hechos que pueden ser constitutivos como los delitos de robo calificado con violencia a las personas y daños. En el auto de vinculación a proceso que se combate la responsable, no determinó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa. Es incorrecta la determinación de la autoridad responsable de que los datos que existen en la causa que dio origen al presente juicio son aptos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que mi defendido lo cometió, porque no valoró las inconsistencias e incongruencias que existen en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público. Se viola el principio de presunción de inocencia porque el ministerio público no recabó elementos de prueba aptos e idóneos para determinar con claridad y precisión la intervención del quejoso. Motivos de disenso que resultan infundados, en razón de lo siguiente: El concepto de violación referido en el inciso a), es infundado, toda vez que si bien es obligación por parte del Estado de respetar, promover y garantizar los derechos humanos y que salvo los casos de excepción, los mismos siempre deben observarse por todas las autoridades en México en todo momento, lo cierto es que cuando existen varias disposiciones aplicables a un caso, o bien, diversas interpretaciones a una disposición, se debe estar a la más favorable o menos restrictiva, lo que la doctrina ha denominado principio pro persona. Empero, el quejoso no especifica las razones por las que estima que la autoridad responsable vulnera tales prerrogativas o ni el principio pro persona y, tampoco, la afirmación se encuentra sostenida en un razonamiento mínimo que denote su causa de pedir. Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, ha establecido que las peticiones de esta naturaleza, para ser atendidas de fondo, requieren del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Esta postura, encuentra su base en lo esclarecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de rubro y texto: PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. Lo anterior, aunado a que el peticionario de amparo confunde la naturaleza del acto reclamado, toda vez que el auto de vinculación del cual se duele, se trata de un acto de molestia y no ante un acto de privación, y en ese orden, hasta este momento no se le ha privado de ningún derecho. Ahora bien, por lo que hace al estricto respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, este órgano constitucional advierte que la responsable siguió el procedimiento previsto con antelación al hecho, tanto de la Carta Magna como del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que fue puesto a su disposición tras la ejecución de una orden de aprehensión y una vez que realizó la calificación de la detención, la parte acusadora, es decir, el agente del ministerio público, le realizó la imputación de mérito en la cual se hizo de su conocimiento los hechos con apariencia de delito que se la tribuyen y los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación respectiva. Además, se le otorgó la oportunidad de rendir su declaración, estuvo siempre acompañado de sus defensores particulares, la juez de control se aseguró que el imputado conociera sus derechos y comprendiera los alcances de las actuaciones, otorgándole la intervención oportuna en cada etapa de las audiencias desahogadas en dicha etapa inicial y de término constitucional, de ahí que se hayan cumplido con las formalidades correspondientes a la etapa procesal en que se encuentra el aludido proceso penal. También resulta infundado el concepto de violación referido en el inciso b), en el que la parte quejosa aduce que el acto reclamado viola el artículo 16 de la Carta Magna, en virtud que "no está fundado ni motivado", porque la autoridad responsable no la autoridad no expresa los motivos que justifiquen la aplicación de los supuestos abstractos previstos normativamente. En principio, el ordinal 16, primer párrafo, del Pacto Federal establece en la parte conducente el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los dictan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, que provengan de autoridad competente y que se funde y se motive la causa legal del procedimiento; esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para pronunciar el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional del País, que informa: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otro lado, es necesario señalar que la contravención al normativo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en los actos de autoridad que incidan en la esfera jurídica de los gobernados puede revestir dos formas distintas, a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su inexactitud. La falta de fundamentación y de motivación constituye una violación formal diversa a la indebida o la incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo; por tanto, los efectos que generan la existencia de una u otra son distintos. Se produce la falta de fundamentación y de motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones, los motivos o las circunstancias que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista por esa norma jurídica. En cambio, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable porque las circunstancias específicas del caso lo impiden, o puede darse el caso de una incorrecta motivación cuando sí se indican las razones, los motivos o las circunstancias que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no son acordes al contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y de motivación significa la carencia o la ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o la incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. En ese orden, el quejoso sostiene que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, lo cual es evidentemente infundado, ya que la autoridad judicial responsable, al momento de emitir el auto de vinculación reclamado, expone las circunstancias de hecho y cita los preceptos de derecho que estima aplicables al caso y que constituyen la base de su determinación, sin que el peticionario de amparo, controvierta eficaz ni frontalmente ninguno de sus argumentos. Es así, toda vez que se observa que en la audiencia respectiva de diez de febrero de dos mil veinte, la juez responsable fundó su determinación en los artículos 16 de la Constitución Federal y 22 primer párrafo y 133 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales e indicando igualmente las razones por las que era competente en razón de la materia, grado y territorio. Precisó que era necesario analizar los requisitos para emitir el auto de vinculación a proceso, fundándose para ello en lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indicando que se cumplía con los dos primeros requisitos consistentes en que el Ministerio Público le haya formulado imputación y se le haya otorgado la oportunidad al imputado de declarar. En ese orden, resaltó que era necesario que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito a favor del imputado. Asimismo, la juez de control estimó necesario realizar una ponderación de los datos de prueba aportados por la representación social, fundándose para ello en lo que previenen los artículos 259, 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tales bases, la autoridad responsable en comento, llevó a cabo una valoración razonada de los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público en dicha audiencia, precisando claramente las razones por las cuales las consideró pertinentes, útiles, congruentes, verosímiles, así como el alcance de los mismos e incluso, desestimó algunos datos aportados por la representación social, exponiendo los motivos de su decisión. Se destaca que la responsable determinó que ninguno de esos datos de prueba se había obtenido con violación a derechos humanos, además que no fueron objetados por la defensa del imputado y, por tanto, ninguno de ellos es ilícito. Una vez que la juez de control realizó el examen de razonabilidad al que hizo alusión, procedió a establecer el hecho que a su consideración ha quedado demostrado, haciendo una concatenación entre el cúmulo de datos de prueba incorporados a la audiencia. Asimismo, hizo la calificación de las conductas antijurídicas, determinando, por un lado, que tales ilícitos se subsumían en los delitos de robo calificado con violencia a las personas y daños, estableciendo que los mismos se encuentran contemplados por los artículos 349 y sancionado por los artículos 353 y 359; así como, 387 fracción III respectivamente, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. De las videograbaciones exhibidas, se conoce, además, que la responsable describió de los elementos que conforman cada uno de dichos ilícitos, explicó los motivos que la llevan a considerar que el hecho establecido se subsume en las hipótesis normativas antes citadas y las razones por las que se colman los requisitos de cada uno de los delitos, estableciendo la tipicidad y la conducta dolosa del imputado. Incluso, la responsable analizó si en el caso concreto se actualiza alguna causa excluyente del delito o bien alguna causa de inimputabilidad, concluyendo que no existe causa excluyente del delito, así como tampoco existe causa de inimputabilidad al tratarse de una persona mayor de edad. La juez responsable, haciendo un análisis de porqué es probable la participación del imputado, fundándose para ello en los datos de prueba que fueron incorporados por la representación social, concluyó que precisamente esos datos de prueba permiten establecer de manera razonable que es probable que el imputado conjuntamente con otras personas lo hayan cometido. Por tanto, la fundamentación y motivación que expone la Juez responsable es suficiente pues expresa los aspectos necesarios para tal fin, cumpliendo con lo estipulado por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; siendo que por otro lado, el quejoso, únicamente se limita a establecer que el auto de vinculación a proceso no se encuentra fundado ni motivado, estableciendo mediante la cita de tesis de jurisprudencia, que solo refiere el concepto de los términos que emplea el impetrante. En atención al concepto de violación citado en el inciso c), es infundado, debido a que el quejoso refiere que el derecho humano de acceso a la justicia, le fue violentado, ello con motivo de que tal derecho es parte integrante de uno más complejo, como lo es el derecho humano de tutela judicial efectiva. Ciertamente, el derecho de acceso a la justicia está compuesto como lo indica el quejoso, mediante la cita de la tesis jurisprudencial que hace en el escrito de demanda de amparo, por una serie de subprincipios como son la justicia pronta, la justicia completa, la justicia imparcial y la justicia gratuita, siendo que en dicha tesis se determina el contenido de cada uno. Sin embargo, del análisis de las constancias de autos, en las que se incluye las constancias audiovisuales de las audiencias relativas, este órgano constitucional no advierte, ni aún en suplencia de la queja, que la autoridad haya incurrido en una dilación, que no se le haya proveído lo solicitado por sí o a través de sus defensores particulares, que se la autoridad responsable se haya beneficiado injustificadamente a la parte acusadora o que se le haya cobrado alguna cuota, tarifa o concepto semejante, por la impartición de justicia. Así las cosas, partiendo de que la parte quejosa, realiza una mera afirmación sin abundar ni precisar la causa de pedir que da lugar al aludido concepto de violación, aunado a que de oficio no se advierte ninguna transgresión de ese derecho fundamental, este motivo de disenso resulta infundado. En lo que toca al concepto de violación enlistado en el inciso d), este deviene infundado. Lo anterior, en virtud que el quejoso refiere que la Juez responsable no determina, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, transgrediendo con ello el artículo 19 de la Constitución Federal, sin embargo, al contrario de tal manifestación, de los discos audiovisuales que obran en autos, específicamente de los que contienen la audiencia de diez de febrero de dos mil veinte, se observa que la Juez responsable estableció de manera precisa, al emitir el auto de vinculación a proceso el hecho que se desprende de los datos de prueba incorporados por la representación social. Este órgano jurisdiccional advierte que, la autoridad responsable indicó detalladamente, en reiteradas ocasiones durante la emisión de la ponderación de los datos y dictado del auto de vinculación, todas y cada una de las circunstancias en las que se desarrollaron los ilícitos, pues indicó que los hechos ocurrieron "El día primero de octubre de dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las dieciséis horas con treinta minutos.", en cuanto al lugar igualmente detalló que los hechos se suscitaron en el ".inmueble ubicado en playa Zicatela, calle del Morro, lote o número 17, colonia Marinero, Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, donde actualmente se encuentra la negociación denominada Playa Kabbalah restaurante bar S.A. de C.V.". Además, la autoridad responsable abundó, destacando que se acreditó que en ese lugar, en ese momento, precisamente en el establecimiento referido, el quejoso Andrés Santiago Santiago, en compañía de un grupo de personas -enlistando los nombres de aquellos que han sido identificados por los testigos-, armados con palos de madera ingresaron a dicho inmueble, agredieron a las personas que ahí se encontraban, causaron destrozos y una de ellas, sustrajo el dinero que obraba en la caja registradora del restaurante. Respecto al motivo de disenso identificado con el inciso e), el peticionario de amparo indica que en el juicio no existen datos de prueba suficientes en contra del imputado que hagan probable su intervención en los hechos que se le imputan. Tal afirmación resunta infundada, en virtud que, al dictar el auto de vinculación, la juez responsable hizo alusión a los datos de prueba que ponderados permitían determinar de manera razonable que existía la posibilidad de que el imputado participó en la comisión de los delitos mencionados. De manera destacada, la juez de control toma en cuenta, entre otros, los siguientes datos: Informe policial homologado de José Carlos Fachada González, agente estatal de investigaciones comisionado en Puerto Escondido, Oaxaca, levantado el primero de octubre de dos mil diecinueve, en el que hizo constar que atendió a la llamada del guardia de seguridad José Guadalupe García Avendaño y documentó el tiempo, lugar y circunstancias en las cuales se detuvo en flagrancia al hoy quejoso. Diligencia de inspección ocular del citado agente estatal de investigaciones, de dos de octubre de dos mil diecinueve, quien acudió al lugar de los hechos con apoyo de su compañero Roberto Pedro Ramírez Corro. Dictamen de planimetría, agrimensura, fotografía y avaluó de daños, realizado por el perito arquitecto Enrique García Fabián, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de dos de octubre de dos mil diecinueve. Entrevistas realizadas a José Guadalupe García Avendaño, Vidalia Salinas Carmona, Cristofer Dorian Sebastián Pacheco, Nicolás Samuel Cruz Martínez y Jacob Matías Ruiz, en su carácter de empleados de la negociación restaurante bar "Playa Kabbalah", quienes se encontraban presentes al momento de los hechos. Querella presentada por Said Amado Morales García, apoderado de la víctima Ingrid Daniela Villafuerte García. Documental consistente en el contrato de arrendamiento celebrado por Socorro Ruiz Caballero como arrendadora e Ingrid Daniela Villafuerte García como arrendataria, respecto del inmueble en el cual ocurrieron los hechos y una concesión respectiva. Documentales consistentes en licencias de funcionamiento expedidas por la autoridad municipal respecto del restaurante bar Kabbalah, de fechas diez de marzo de dos mil trece, dieciocho de marzo de dos mil catorce, diecinueve de marzo de dos mil quince, quince de diciembre de dos mil dieciséis, tres de marzo de dos mil dieciocho y, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, a favor de Ingrid Daniela Villafuerte García. Documentales relativas a impresiones de recibos electrónicos del año dos mil dieciocho, expedidas a favor de Ingrid Daniela Villafuerte García. Documentales relativas a comprobantes fiscales expedidos a nombre de Ingrid Daniela Villafuerte García. Formato de cuotas obrero patronales de portaciones y amortizaciones de INFONAVIT de primero de enero de dos mil diecinueve. Recibos o comprobantes de pago de arrendamientos realizados por Ingrid Daniela Villafuerte García a favor de Socorro Ruiz Carballido, respecto del inmueble ubicado en la calle del Morro número diecisiete, colonia Marinero, del municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, de fechas diez de enero de dos mil diecinueve, seis de febrero de dos mil diecinueve, veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, diez de mayo de dos mil diecinueve, diez de agosto de dos mil diecinueve, once de septiembre de dos mil diecinueve. Dictamen pericial de valuación de daños, emitido por el perito contador Juan Marcos Sandoval Morales, adscrito a la Fiscalía General del Estado, quien estimó el monto de lo dañado y lo robado. Así las cosas, precisamente con base en los señalamientos directos de testigos, además de los videos y fotografías proyectados en las audiencias de mérito, la juez de control concluyó que sí se aprecia que el imputado y otras personas ingresaron el primero de octubre de dos mil diecinueve, al establecimiento restaurante bar Playa Kabbalah de forma agresiva, lo que concatena además con el dictamen de lesiones, avalúo de daños y dictamen de planimetría y agrimensura. De ahí que se concluyera que el hecho con apariencia de delito constituyera una acción de destrucción, deterioro o daños a una cosa ajena mueble, por la cantidad de $33,815.22 (treinta y tres mil ochocientos quince pesos 22/100, moneda nacional); y que, de una manera que le beneficia, optando por tener como indiciaria la una acción de apoderamiento de una cantidad indeterminada -mínima- con violencia a las personas. Refiere que de manera razonable pudo haber intervenido, en calidad de coautor material, pues actualizó las conductas que se le atribuyen, teniendo el dominio pleno de los hechos. De acuerdo a la forma de comisión de los ilícitos, no puede excluirse al coautor de un hecho que se actualice en esa participación, es decir, que únicamente se le impute a cada persona lo que realizó bajo su propia culpa, pues incluso puede tratarse de una circunstancia concomitante del hecho, ya que al estar participando los diversos agentes delictivos en el mismo, están aceptando las circunstancias objetivas que se deriven de la comisión del delito. Ello, aunado a que pudo haber premeditación pues según lo depuesto por los testigos presenciales venían con un costal con palos de madera, los cuales se repartieron al momento de ingresar al inmueble, afirmaciones que se corroboraron con los videos proyectados en audiencia, correspondientes a las cámaras de seguridad de la negociación. Indica la Juez responsable que cuando los coparticipes del delito acuerdan llevar a cabo las conductas para llegar a un resultado específico, aceptan entonces las circunstancias dañosas que pueden producir, que incluso es un criterio que ha seguido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al hablar del delito emergente cuando existe coparticipación. Aunado a lo anterior, es importante destacar que en la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, el estándar de prueba que debe tener en cuenta el juez de control es únicamente de indicio, ello atendiendo a los propios vocablos que utiliza la Constitución Federal en su artículo 19, como los artículos 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer como requisito que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, agrega igualmente que se entiende que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Es decir, al referirse a la probabilidad en la comisión de algún ilícito, la ley se refiere a que únicamente se debe demostrar en grado de indicio, sin que sea exigible al Ministerio Público ni al Juez de Control un estándar de prueba plena, pues el procedimiento aún se encuentra por someterse a una etapa de investigación complementaria o formalizada, además de que esta exigencia haría que se dictara una resolución similar a una sentencia, lo que es propio de la etapa de juicio y no de una etapa inicial o de investigación. Por tanto, quedó determinada de manera suficiente en el auto de vinculación a proceso, la probable participación del imputado en el hecho, ello mediante el cúmulo de datos de prueba que fueron incorporados por el Ministerio Público y que además fueron concatenados mediante la valoración libre y lógica, así como el uso de máximas de la experiencia y reglas de la lógica por la Juez de Control. Ahora, la valoración y alcance de los datos de prueba, se encuentran dentro del parámetro que dicha audiencia requiere, pues como ha quedado establecido, no puede exigirse un parámetro de valoración pleno que sería propio de una sentencia y de una audiencia de juicio. En atención a la manifestación del quejoso, relativa a que existen inconsistenticas e incongruencias en los datos de prueba del representante social, mismas que no identifica ni refiere con exactitud, hace que dicho argumento carezca de sustento. Asimismo, en el auto de vinculación a proceso, no se advierten dichas inconsistencias, salvo la que destacó motu proprio la Juez de control en relación a la duración del contrato de arrendamiento, que en la propia audiencia dio los argumentos por los cuales consideró quedaba convalidado el contrato de arrendamiento, basada en los propios datos de prueba. Además, beneficiando al quejoso, consideró que no se acreditaba el apoderamiento de una cantidad en numerario por $25,000.00 (veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional), por no haberlo acreditado indiciariamente con datos suficientes el agente del ministerio público, por lo que tuvo por robada una cantidad indeterminada, mínima, conforme al artículo 353 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Por último, tocante al concepto de violación enlistado en el inciso f), sobre la manifestación del quejoso de que se viola en su perjuicio el artículo 20 de la constitución federal, transgrediendo el principio de presunción de inocencia, este órgano constitucional estima que tal afirmación resulta infundada. Es así, toda vez que, en primer término, atribuye la conducta violatoria al agente del Ministerio Público, considerando que éste debía rendir las pruebas de la existencia de los delitos y la responsabilidad de los inculpados, empero, ese representante social no tiene el carácter de autoridad responsable sino de tercero interesado. Por otro lado, esa parte acusadora, sí aportó datos suficientes para el dictado del auto de vinculación que ahora reprocha el peticionario de amparo, tal como se ha analizado en párrafos precedentes. Aunado a que, cita una tesis aislada que no es obligatoria ni aplicable al caso concreto, si bien habla del principio de presunción de inocencia, debe estimarse que, como se ha analizado previamente, quedó demostrado de manera suficiente el establecimiento de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, precisamente basado en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público. En ese orden, si principio de presunción de inocencia, como lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en términos generales, en que a ninguna persona debe considerársele como culpable hasta que exista una sentencia condenatoria que así lo demuestre, por tanto, debe de estimársele inocente durante todo el proceso penal. Sobre esa base, este órgano constitucional ha constatado que en el auto de vinculación a proceso se le respetó este derecho, pues el imputado aún se encuentra en un proceso penal, es decir está siendo juzgado y no se le ha considerado como culpable, sino probablemente responsable, porque se acreditó indiciariamente un hecho que la ley señala como delito y que el imputado probablemente participó en su comisión. En ese orden de ideas, es inconcuso que no se ha violado este principio en perjuicio del imputado; además se reitera que tal violación del artículo 20 Constitucional se atribuye a una autoridad que no fue señalada como responsable en este juicio. Finalmente, resulta importante destacar, que este Juzgado, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el apoderado de la tercera interesada, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en los informes con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos ocursos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia, además que en el caso concreto los referidos argumentos lógico jurídicos fueron atendidos. DECISIÓN En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, así como las consideraciones expresadas en este fallo, con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, procede por negar la protección federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Andrés Santiago Santiago, contra el acto reclamado a la Juez de Control en Materia Penal circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, quien actuó en auxilio del Juez de Control de la Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, con base en las consideraciones referidas en el apartado IX de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; atento su contenido, como lo solicita la autoridad ocursante, se indica a la analista del Sistema Integral de seguimiento de Expedientes, que realice la vinculación temporal (por el plazo de cinco días), de las constancias electrónicas del expediente de amparo 230/2020 del índice propio, con el 758/2020 de la estadística del Juzgado ocursante; lo anterior hágase del conocimiento del homólogo en cita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el cual, informa que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual, por resolución de uno de octubre de dos mil veinte, confirmó la resolución dictada en la causa penal **; en consecuencia, se toma nota de lo anterior, para los efecto legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. En atención al estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra señalado el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, de conformidad con el artículo 74, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, es un día inhábil, por lo que, no es dable celebrar la referida audiencia. En consecuencia, la audiencia señalada para el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, se reprograma para las catorce horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, dése a los agentes del Ministerio Público responsables de la causa penal 483/2019 del índice del Juzgado de Control en Materia Penal del distrito judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, la intervención correspondiente como terceros interesados en este juicio en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la ley de la materia, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo origen de este asunto y transcripción del auto inicial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO)
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