Andy Cruz Avendaño
Expediente 708/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Andy Cruz Avendaño
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Rodrigo Rodríguez Ibarra, con quien actúa y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito con apariencia de demanda de amparo señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 708/2021. Desechamiento. Ahora, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia que se analizará a continuación. Se estima que el presente caso es notoriamente improcedente y, en consecuencia, debe desecharse de plano la demanda relativa, con base en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 108. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación.". En ese contexto, del artículo referido anteriormente, se desprenden los requisitos que debe de contener una demanda de amparo indirecto, a fin de que el Juzgado de distrito que conozca de la misma, pueda tener los elementos necesarios para estudiar el acto reclamado conforme a los hechos y narraciones del peticionario de amparo, así´ como estar en condiciones de solicitar las constancias necesarias a las autoridades señaladas como responsables, para proveer conforme a derecho y sobre constancias; ordenar el emplazamiento del tercero interesado en cuestión, estudiar los conceptos de violación y llevar el trámite correspondiente a un juicio de amparo indirecto, culminando con el dictado de sentencia respectiva. En el caso en estudio, y del análisis del escrito de cuenta, se advierte la imposibilidad material para darle trámite a la presente demanda de amparo, dada la ausencia total de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues no se tiene certeza de que Andy Cruz Avendaño, Enrique Francisco Martínez Rodríguez e Itandehui Minoslava Ramos Jiménez, sean quienes promueven, su domicilio, ni el nombre y domicilio del tercero interesado, ni de la autoridad o autoridades responsables. Tampoco se sabe la norma, acto u omisión que se reclama, los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los preceptos legales que contengan los derechos humanos vulnerados, ni los conceptos de violación correspondientes. Tampoco se aprecia en qué calidad firma la demanda Jovani Waldemar Martínez Martínez, es decir, si lo hace como defensor, autorizado, apoderado legal, o a ruego de los quejosos. En tales condiciones, si la demanda de amparo debe contener los requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo para que resulte procedente su admisión, y el escrito de cuenta no colma ninguno de dichos requisitos, su deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, por no constituir alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia P./J. 111/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Noviembre de 2004, página 5, registro digital: 180159, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez advierta que la demanda no cumple alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 de la propia Ley o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han exhibido las copias exigidas por la ley, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, tomando en consideración que la finalidad del precepto primeramente citado consiste en aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal, es indudable que se aplica exclusivamente cuando en la demanda ya existe un principio de señalamiento o esbozo de los conceptos de violación, pero no cuando se omiten totalmente, ya que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso; admitir lo contrario implicaría que éste, por el solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios, pudiera plantear su pretensión constitucional fuera del plazo previsto para tal efecto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se concluye que la ausencia total de conceptos de violación en el escrito inicial de demanda no motiva que el juzgador prevenga al quejoso." Asimismo, por las razones que contiene, la tesis aislada II.8o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Décima Época, Materias(s): Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2186, registro digital: 2002637, de rubro y texto: "REQUERIMIENTO PARA ACLARAR OMISIONES FORMALES EN LA DEMANDA DE AMPARO. NO DEBE EXTENDERSE A LA FORMULACIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Cuando la demanda de amparo satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada viable, porque sólo amerite la aclaración de omisiones formales mediante requerimiento hecho en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, éste no debe extenderse a la formulación de conceptos de violación pues en todo caso, la ampliación de la demanda, al realizarse en cumplimiento a una prevención en ese sentido debe, en principio, satisfacer los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la citada ley, concretamente, los motivos o conceptos de violación que tienden a controvertir el nuevo acto, dado que éstos constituyen la medida de análisis que el Juez Federal deberá realizar para pronunciarse sobre su constitucionalidad, y su formulación es una carga para el quejoso y no una obligación." Bajo esa tesitura, el escrito presentado por Andy Cruz Avendaño, Enrique Francisco Martínez Rodríguez e Itandehui Minoslava Ramos Jiménez, y firmado electrónicamente por Jovani Waldemar Martínez Martínez, no cumple con los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de la Materia, por lo cual no puede ser considerado como una demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. Domicilio y autorizados del quejoso. Toda vez que los promoventes no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones; notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. NOTIFÍQUESE.
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