Ángel Alberto Valdez Reyes
Expediente 529/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ángel Alberto Valdez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de agosto de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 529/2022-V, promovido por *****, a través de su apoderado César Espinoza de la Cruz. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el quince de junio de dos mil veintidós, turnado a este juzgado en la misma data, ****, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la omisión de la H. Junta Especial designada como responsable de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues en fecha 31 de enero del 2022, se inició acción laboral en contra del tercero interesado a razón del despido injustificado del que fue objeto mi representado y se señaló como primera fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 25 de mayo del 2022 a las 11:00 horas, siendo el caso que al comparecer a la referida audiencia, me entero que el demandado en el juicio principal (tercero interesado) no fue emplazado a juicio, pues no obraba en autos constancia actuarial o razonamiento alguno sobre el impedimento para llevar a cabo dicha notificación, difiriéndose la audiencia inicial, señalándose las 10:00 horas del día 29 de septiembre del 2022, violando así la responsable los preceptos anteriormente citados. (.). Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciséis de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 49/2022, al no proveer lo necesario para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por la quejosa, pues si bien, al rendir informe justificado, la autoridad responsable indica su inexistencia, de las constancias que agregan se advierte que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no ha tenido verificativo. Las constancias remitidas poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una servidora público, dotada de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Cuarto. Procedencia. Esta Juzgadora considera que se actual la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales en lo conducente señalan: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. (.) De los preceptos transcritos se aprecia, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Del análisis integral de la demanda y las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ****, presentó escrito de demanda ante la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. El uno de febrero de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número de expediente 49/2022, fijando las once horas del veinticinco de mayo del mismo año, para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ordenando emplazar a la parte demanda. 3. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se ordenó diferir la audiencia, en virtud de que la parte demandada no había sido emplazada, fijando para su desahogo las diez horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; obrando citatorio e instructivo de notificación de veinte y veintiuno de junio del presente año, respectivamente, por lo que hace a la parte demandada. Así, no se advierte que a dicho acto le revista el carácter de imposible reparación. En efecto, a fin de que sea procedente el amparo indirecto, es necesario que la violación formal se traduzca de manera directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Cabe mencionar que cuando un particular se duele de afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. No pasa inadvertido para este Juzgador, las molestias que generen al gobernado las dilaciones de la responsable en integrar el juicio de origen hasta su conclusión; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo, pues el quejoso es parte actora en un juicio laboral que se encuentra en trámite; dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento acorde a las etapas que se desarrollan en el mismo, salvo que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional y Común, que en su rubro y texto dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Bajo esa óptica, si el impetrante se duele de la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, respecto de que veinticinco de mayo de dos mil veintidós se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en virtud de que la parte demandada no había sido emplazada a juicio; esta Juzgadora no advierte una dilación en el procedimiento o su paralización total. Para ello se trae a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, en la cual consideró lo siguiente: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Luego, la omisión de que se duele la parte quejosa en el juicio laboral de origen, no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter de adjetivo pues no existe una dilación de procedimiento. Esto es así, ya que según señala la parte quejosa, en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, la autoridad responsable omitió emplazar a la parte demandada en el proceso de origen; sin embargo, destaca que el proveído en comento fue dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mientras que el emplazamiento de la demandada se llevó a cabo el veinte y veintiuno de junio del presente año, mientras que el escrito de demanda de amparo se presentó el quince de junio de dos mil veintidós; de ahí que no se puede estimar como una dilación excesiva, pues el lapso transcurrido entre la fecha del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral y la de la presentación de la demanda de amparo, a saber, quince de junio de dos mil veintidós, solo transcurrieron veintiún días naturales; por tanto, considerando el término definido por el Alto Tribunal, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o exista una abierta dilación del mismo, y por ende, violación al artículo 17 Constitucional. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa a la quejosa, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la parte quejosa es parte, sin que este órgano de control constitucional advierta de la demanda de amparo que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente asunto. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ángel Alberto Valdez Reyes, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que el doce de agosto del presente año, no se pudo llevar a cabo la audiencia constitucional con motivo de que los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, residentes en esta ciudad, suspendieron labores, debido a las condiciones de seguridad pública que prevalecen en la ciudad, según se precisó en el ocurso 36/2022. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia y se señalan las once horas con veinte minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se tiene que el once del actual se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por lo que no ha transcurrido el plazo a que alude el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las diez horas del doce de agosto de dos mil veintidós. En tal sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS
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