Ángel Adán Peña Marquez
Expediente 812/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ángel Adán Peña Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca de amparo en revisión penal *******, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto reclamado de la autoridad responsable puntualizado en el resultado primero de este fallo. Por tanto, se ordena con transcripción del presente proveído, acusar de recibo a la Superioridad y hacer las anotaciones relativas en el libro de gobierno y expediente electrónico, y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Debido a que no existe actuación alguna que practicar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse negado la protección de la Justicia Federal, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el Acuerdo General en comento. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ****/2019-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por los defensores particulares de directamente agraviado ***********. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, de quien reclamó: SE RECLAMA LA INSCONSTITUCIONALIDAD E ILEGAL (sic), DE DICHA RESOLUCION QUE SE PRONUNCIÓ SIN HABERSE SEGUIDO LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, YA QUE NO ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, QUE HOY SE SOMETE A SU ANÁLISIS CONSTITUCIONAL, una correcta interpretación jurídica de la ley, es que opera a favor de nuestro representado UN AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, es por lo que pedimos se le conceda el Amparo Protector de dicha resolución mediante esta acción constitucional que está en estudio. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cinco de noviembre del año en curso, se previno a los promoventes por irregularidades en su demanda y una vez subsanadas, mediante proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y se le solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de trece de diciembre del año en curso, se notificó a las partes la habilitación del Secretario del Juzgado, licenciado ***********, para que realizara las funciones de Juez de Distrito en este órgano jurisdiccional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso Ángel Adán Peña Márquez reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el quince de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ****/2019, de su índice, por su probable participación en los hechos constitutivos del delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa I., con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, aceptó la existencia del acto reclamado y para corroborar lo anterior, exhibió constancia de vinculación a proceso de quince de octubre de dos mil diecinueve, índice de su desarrollo cronológico, así como registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de las audiencias de control de detención, formulación de imputación y de vinculación a proceso dentro de la causa penal ****/2019, de su índice. Probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por lo tanto, el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, se tiene como cierto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia que deban ser analizadas respecto del auto de vinculación a proceso reclamado, ni este juzgador advierte que se actualice alguna; en consecuencia, se procederá al estudio los conceptos de violación esgrimidos. QUINTO. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1.El delito que se impute al acusado; 2.El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3.Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a)Que se haya formulado imputación; b)Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c)Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d)Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos humanos distintos de los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que si bien dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es decir, que: a) debe constar por escrito; b) provenir de autoridad competente; y, c) en el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada de la constancia de vinculación a proceso, ya valorada, del índice cronológico de su desarrollo, así como del disco de audio y vídeo de las audiencias levantadas en la causa penal *****/2019, de su índice; del que se advierte que el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme al artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control y respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Asimismo, se advierte que, de los antecedentes sometidos a la potestad del Juez penal que existió formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público Federal; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su entonces defensor público federal; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien se reservó su derecho a rendir declaración dentro de la audiencia de formulación de imputación. De igual manera, se advierte que el Juez de primer grado consideró que, del cúmulo de antecedentes expuestos en la audiencia de vinculación a proceso, se acreditaba el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa I., con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal; asimismo, estimó que de los datos que, hasta ese momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprendía la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión de los hechos del ilícito mencionado, en términos del artículo 13, fracción II y 9 del Código Penal Federal. Ahora, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos, es menester precisar que basta con que el Juzgador encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto se cita, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, materia penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2014800, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 195, párrafo primero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, disponen lo siguiente: Artículo 193. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables. Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código. La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código. Del anterior marco normativo se advierte que el delito contra la salud previsto en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, exige para su configuración la posesión (verbo rector) de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 (elemento objetivo), sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud (elemento normativo), y además, que se actualice el elemento subjetivo específico, consistente en que la posesión se realice con alguna de las finalidades establecidas en el artículo 194 del mismo código. Con relación a la demostración de dicho elemento subjetivo específico, el párrafo tercero del citado artículo 195, establece una presunción a partir de la cual se infiere que cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presumirá que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal. Esto es, se establece como hecho conocido o base, un elemento objetivo consistente en la cantidad de la sustancia que se posee y, como hecho desconocido que se infiere de aquél, que la posesión tiene como finalidad alguna de las conductas previstas en el artículo 194 citado. Por último, dispone un elemento enlace entre el hecho conocido y el hecho desconocido, esto es, entre la cantidad de la posesión y su destino. Ahora, el Juez responsable, acertadamente estimó que los hechos materia de la imputación y los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público Federal, en esta etapa procesal, sí son susceptibles de configurar el mencionado ilícito contra la salud y por lo menos, a grado de probabilidad existe la conducta especial que actualiza la agravante del delito relativo a la finalidad de comercializar el narcótico denominado cannabis sativa L., comúnmente conocida como marihuana ?pues según dictamen químico reveló que se trataba de esa sustancia? en consecuencia, constaba la probable responsabilidad del imputado al considerar los hechos siguientes: Del informe policial homologado o parte informativo suscrito por los agentes de la policía municipal quienes informaron esencialmente que a las veinte horas con cinco minutos del trece de octubre de dos mil diecinueve, en su recorrido de vigilancia, sobre ************, advirtieron la salida de un vehículo quien salía de reversa de un inmueble a toda velocidad que estuvo a punto de impactar una de sus unidades, a la primera de ellas que circulaba al frente, por lo que el agente********descendió de la unidad para solicitarle al conductor que manejara de manera más precavida, y en ese momento percibió el olor a marihuana así como a llanta quemada, advirtiendo que en la cajuela del vehículo se encontraba abierta y había estructuras metálicas con paquetes que comúnmente se usan para envolver algún narcótico, por lo que le dijo a uno de sus compañero que se bajara de la unidad porque probablemente se trataba de una conducta delictiva, se acercó al piloto y vio que iba acompañado de otros masculinos, entre ellos un menor de edad, el agente *********, advirtió que en la cajuela del vehículo que se encontraba abierta había estructuras metálicas con paquetes color canela con hierba que olía a marihuana, por lo que el Agente ********* les indicó a los ocupantes de la unidad automotriz que descendieran de las misma y le indicó al conductor quien dijo llamarse ******** que se realizaría una inspección al automotor, encontrando estructuras metálicas que contenían paquetes con hierba, por lo que les indicaron que serían puestos a disposición del ministerio público y el agente ******* les dijo a los ocupantes del automotor que previo a llevarlos a la estación de policía les realizaría a ellos una inspección, no encontrándoles nada, así se llevó a cabo de tres personas a las veinte horas con veinte minutos en el cruce de las **************. De esta manera, a juicio de quien resuelve, resulta apegado a derecho que el Juez responsable considerara que, por lo menos de manera probable, existía la participación del quejoso *********** en la comisión de los hechos anteriormente narrados -en los que se constató el tiempo, modo y lugar de la detención-, tomando además en consideración diversos datos de prueba aportados por la representación social, toda vez que de la narrativa de hechos se advierte la posible participación de **********, quien en unión con otras personas, el trece de octubre de dos mil diecinueve, a las veinte horas con cinco minutos, en el cruce de las ************, poseyó dentro de la cajuela del vehículo en el que se encontraba uno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal, consistente en cannabis sativa I., comúnmente conocida como marihuana, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento legal, específicamente, comercializar dicha sustancia mediante su venta, motivo por el cual, los agentes policiacos procedieron a realizar su detención a las veinte horas con veinte minutos de ese mismo día por considerar la comisión de una conducta delictiva en flagrancia. Por otra parte, el Juez Penal Especializado también indicó que seguramente la finalidad del narcótico asegurado al ahora quejoso y a los otros detenidos era para su comercialización a través de la hipótesis de venta (minuto 16:50, parte 2, de la videograbación), tomando en consideración lo que a continuación se enuncia: La cantidad del narcótico retenido es superior a la cantidad que señala el artículo 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal (cantidad bruta de 53.954 gramos -cincuenta y tres kilos, novecientos cincuenta y cuatro gramos-. La presentación del narcótico en paquetes de menor cantidad facilita su distribución. La detención se realizó en un horario nocturno, al hospicio de la nocturnidad, lo que facilita este tipo de conductas. Los paquetes se encontraban ocultos en estructuras metálicas al interior del vehículo en el que se desplazaban. Ninguna de las personas detenidas es farmacodependiente a la marihuana según el dictamen médico forense de integridad física. Es decir, el resolutor de primera instancia estimó que la posesión del estupefaciente afecto a la causa, tenía la finalidad de comercio, en su hipótesis de venta, para lo cual se apoyó en la prueba pericial en materia de química, a través de la cual dedujo que el vegetal objeto del dictamen, corresponde a cannabis sativa L., conocida comúnmente como 'marihuana' con un peso neto recibido de 53,954 gramos -cincuenta y tres kilos novecientos cincuenta y cuatro gramos-, la cual es considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud. Asimismo, el tribunal señalado como responsable a efecto de tener por acreditado tal elemento adminiculó el dictamen médico forense de integridad física y farmacodependencia que rindió la perito designada por el Ministerio Público durante la indagatoria, en el cual, después de examinar a los inculpados, entre ellos al quejoso, concluyó que no es consumidor, ni farmacodependiente de ese estupefaciente. Por lo que a juicio de quien resuelve, resulta correcta la decisión del Juez A quo al determinar que dicho narcótico tenía como finalidad ser comercializado por medio de su venta, por las razones que se expondrán, al dar contestación a los conceptos de violación que esgrimidos en la demanda. En el caso que nos ocupa, el quejoso se duele de la inexacta aplicación de la ley por parte del Juzgado Federal responsable en la causa penal que se sigue en su contra, ya que indica que no está acreditado a cabalidad el elemento finalidad, puesto que no se puede tener por acreditado de manera automática la finalidad del narcótico por la cantidad que fue detenida, la cual resulta mayor de multiplicar por mil la referida en la tabla establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud-total bruto de cannabis sativa I. encontrada 53,954 gramos-, en el entendido de que la referida tabla indica que son cinco gramos los que deben multiplicarse por mil respecto de la marihuana o cannavis sativa. Sobre esa base, la parte quejosa concluye que la posesión del narcótico debió ser considerada como simple y no con finalidad de ser comercializada, como describe el artículo 195 del Código Penal Federal, aunado a que el propósito del destino de dicha sustancia debió ser demostrado por el Agente del Ministerio Público, quien tenía la obligación de acreditar que la posesión tuvo como finalidad alguna de las previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento legal y señala que ello es necesario para que él pudiera saber de qué se le acusa y ejercer o no obstaculizar su derecho de defensa adecuada. Los argumentos que vierte el promovente en relación con la inexacta aplicación de la ley, son infundados, en razón de que el Juez responsable realizó el análisis del supuesto normativo previsto en el artículo 195, del Código Penal Federal, que regula el delito contra la salud en su modalidad de posesión agravada de narcóticos, a fin de establecer si la disposición mencionada era o no contraria a derecho, pues verificó si la presunción legal relacionada con la finalidad de la droga se acreditó por parte de la parte acusadora. En efecto, la autoridad responsable analizó las pruebas de cargo supra valoradas, de las que enunciativamente se deduce: la naturaleza del narcótico relacionado, pues la inspección ministerial y el dictamen químico respectivo revelan que el vegetal relacionado es considerado como estupefaciente en la Ley General de Salud, a saber, cannabis sativa L., comúnmente conocida como 'marihuana' era en cantidad que tenía un peso neto de 53,954 gramos -cincuenta y tres kilos novecientos cincuenta y cuatro gramos-; aunado a que el quejoso no era adicto a su consumo, los paquetes localizados en el interior del vehículo, esto es en la cajuela, estaban ocultos y confeccionados en menor cantidad, lo que facilitaba su distribución, la detención se realizó al hospicio de la nocturnidad, lo que se presentaba en ese tipo de conducta; en consecuencia, como afirmó el Juez responsable tales datos de prueba son suficientes a efecto de tener por demostrada la conducta consistente en la finalidad de realizar actos de comercio, en su forma de venta. Se afirma lo anterior, pues los datos de prueba en cita, son útiles para dar certeza de la naturaleza y cantidad del estupefaciente afecto, así como para revelar que el impetrante la poseyó sin ser adicto a su consumo y por la forma en que se encontraba almacenada y empaquetada, revelan que tenían como propósito su comercialización, de modo que lo anterior puede considerarse como prueba de cargo para justificar el elemento en estudio, pues además el Juez responsable adminiculó esas circunstancias con otros hechos que le hacían presumir que se actualizaba la hipótesis de venta, tal como se advierte de la audiencia de vinculación a proceso. Sobre lo expuesto, el Juez de la causa tomó en cuenta, no sólo la hipótesis contenida en el párrafo tercero del citado artículo, relativa a la cantidad del estupefaciente asegurado, sino además diversos aspectos, como lo son, que el sujeto activo no es adicto al enervante que se dijo fue encontrado en su posesión, que la confección de los paquetes era de menor cantidad lo que hacía presumir que son para facilitar su distribución, que la detención se realizó en un horario nocturno y el hospicio de la nocturnidad regularmente facilita este tipo de conductas y que los paquetes asegurados se encontraban ocultos en estructuras metálicas al interior del vehículo en el que se desplazaban, según el parte informativo de los agentes policiacos aprehensores, con lo que queda de manifiesto que no se aplicó en perjuicio del inculpado la presunción legal contenida en el citado artículo 195 y, por ello, la aplicación del tipo penal contenido en dicho precepto no actualizó un agravio personal y directo en su perjuicio, en razón de la referida presunción, ya que su comprobación no se sustentó solamente en la cantidad del narcótico asegurado, aspecto al que se alude en el mencionado párrafo tercero del artículo 195, sino que se tuvo por justificada con base en diversas circunstancias que, justipreciadas en vía de indicios, evidencian que la posesión que posiblemente detentó el quejoso respecto de la droga que le fue asegurada al momento de su captura, tenía cierta finalidad, motivo por el cual, en esta hipótesis, es infundada la causa de agravio que refiere el quejoso. Apoya la anterior consideración la tesis XXI.1o.P.A.9 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2055, Décima Época, con número de registro 2011046, del tenor siguiente: DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de realizar el control concentrado del supuesto normativo previsto en el artículo 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal, que regula el delito contra la salud en su modalidad de posesión agravada de narcóticos, a fin de establecer si la disposición mencionada es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte, debe verificarse si la presunción legal relacionada con la finalidad de la droga se aplicó en perjuicio del reo. Por ende, si para tener por comprobada la finalidad de su posesión, el Juez de la causa toma en cuenta, no sólo la hipótesis contenida en el párrafo tercero del citado artículo, relativa a la cantidad del estupefaciente asegurado, sino diversos aspectos, verbigracia, que el sujeto activo no es adicto al enervante, el lugar en donde lo posee y la confección de sus envoltorios, entre otros, queda de manifiesto que no se aplicó en perjuicio del inculpado la presunción legal contenida en el citado artículo 195, párrafo tercero y, por ello, la aplicación del tipo penal contenido en dicho precepto no actualizó un agravio personal y directo en su perjuicio, en razón de la referida presunción, ya que su comprobación no se sustentó solamente en la cantidad del narcótico asegurado, aspecto al que se alude en el mencionado párrafo tercero del artículo 195, sino que se tuvo por justificada con base en diversas circunstancias que, justipreciadas en vía de indicios, evidencian que la posesión que detentó el reo respecto de la droga que le fue asegurada al momento de su captura, tenía cierta finalidad, motivo por el cual, en esta hipótesis, es improcedente que el Tribunal Colegiado de Circuito analice y determine la constitucionalidad o convencionalidad de la presunción legal prevista en el aludido artículo 195, párrafo tercero, del código en cita. Cabe hacer mención que quien resuelve no pasa inadvertida la tesis jurisprudencial que refieren los defensores del quejoso en su escrito inicial de demanda, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1066, con registro 2008745, que textualmente señala: DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. LA CANTIDAD DE NARCÓTICO NO ACREDITA DE FORMA AUTOMÁTICA LA FINALIDAD QUE COMO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO REQUIERE EL TIPO PENAL. Atento al derecho a una defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia como regla probatoria, la finalidad, que como elemento subjetivo específico exige el tipo penal previsto en el precepto y párrafo citados, no puede tenerse por acreditado de forma automática cuando la cantidad de narcótico materia de la posesión es igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil el límite establecido en la tabla prevista en el numeral 479 de la Ley General de Salud; por tanto, el Ministerio Público conserva su obligación de acreditar que la posesión tuvo como finalidad alguna de las previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, lo cual es esencial para que el inculpado pueda saber de qué se le acusa y ejercer y no ver obstaculizado su derecho a la defensa adecuada. Así, la presunción prevista en el artículo 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal debe entenderse como simple, en el sentido de que el hecho conocido o base, consistente en que la posesión sea igual o rebase la cantidad señalada, constituye sólo un indicio para acreditar el hecho desconocido, esto es, que la posesión tiene como finalidad una de las conductas previstas en el artículo 194 referido. En efecto, la presunción legal prevista en el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal, constituye una presunción que no necesariamente debe prevalecer en el dictado de la orden de aprehensión, auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva, pues su única consecuencia es tener por cierto el hecho presuntivamente; de manera que esa decisión preliminar puede o no robustecerse y justificarse, en base al material probatorio que obre en el proceso penal, correspondiéndole a la autoridad otorgar la eficacia jurídica que le merece al emitir alguna resolución; lo que de ninguna manera exime al Ministerio Público de la carga procesal de aportar las pruebas para demostrar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado, pues a pesar de que el numeral reclamado, presume que cuando el estupefaciente asegurado exceda el límite previsto en la ley, su posesión tiene como finalidad la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del código sustantivo penal, ello no es bastante para la actualización del presente delito. No obstante, tal circunstancia no acontece en el presente caso, pues como se ve, la representación social aportó datos de prueba tendientes a demostrar (indiciariamente), que acorde a las circunstancias del hecho ilícito, la finalidad de la posesión del estupefaciente era precisamente la comercialización a través de su venta, y por ello, la conducta del quejoso puede encuadrarse en el supuesto jurídico previsto en el artículo 194, fracción I, en relación al 195, párrafo tercero, y 193 del Código Penal Federal, como aduce la responsable. Con el propósito de evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que el artículo 194 del código criminal federal, se refiere al delito contra la salud, cuya acción, en el caso concreto, consiste en comerciar el estupefaciente denominado cannabis sativa L., comúnmente conocido como 'marihuana', sin la autorización de la Ley General de Salud. El numeral 195, de la legislación en consulta, prevé el delito consistente -en la especie- en la posesión de cannabis sativa L., sin la autorización correspondiente a que se refiere la ley sanitaria, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, del citado cuerpo normativo. De ahí que como se dijo, hay datos indicativos de que la droga podría haber tenido como finalidad, su comercialización en su hipótesis de venta. Ello es así, porque aceptar que únicamente la cantidad de droga no es suficiente para justificar la finalidad de la posesión de la droga, lo cierto es que el Juez responsable encuadró la conducta y los hechos narrados por el agente acusador en la hipótesis de venta, justificando el elemento finalidad en diversos razonamientos que lo hicieron presumir lo anterior, de lo contrario, ello daría como consecuencia la inobservancia del párrafo primero del artículo 195 del Código Penal Federal. En otras palabras, de la jurisprudencia invocada por la parte accionante, se extrae en lo conducente que si bien la finalidad, que como elemento subjetivo específico exige el tipo penal previsto en el precepto 195 del Código Penal Federal, no puede tenerse por acreditado de forma automática cuando la cantidad de narcótico materia de la posesión es igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil el límite establecido en la tabla prevista en el numeral 479 de la Ley General de Salud; no obstante, ese no fue el único factor que el Juez Especializado Penal tomó en consideración para tener por acreditado el objetivo del destino final de la droga asegurada, pues como se indicó en supralíneas, el órgano jurisdiccional responsable también trajo a colación diversos factores que le hacían presumir que la droga contenida en la cajuela del automotor en el que se detuvo a diversas personas, entre ellas al ahora quejoso, era poseída con la intención de ser comercializada a través de su venta, pues indicó que además de la cantidad del narcótico, existían otros elementos, como su confección, la hora, el hecho de que los detenidos no fueran farmacodependientes de dicha sustancia, y el hecho de que estuviera oculta en la cajuela de un automotor. Así pues, adversamente a lo que sostiene el quejoso, con los hechos descritos y los datos de prueba valorados por el Juez penal es posible concluir, en este momento procesal, que probablemente en el trece de octubre del año que transcurre, en el cruce de las calles Atrás quedó la huella y ************, de la****************, tenía en su posesión el narcótico consistente en cannabis sativa I., comúnmente conocida como marihuana, constante de varios paquetes envueltos en cinta canela -con un peso bruto de 53. 954 gramos-, cuya finalidad o destino era comercializar tal sustancia a través de su venta. De igual manera, se estima acertado que el Juez haya determinado que el propósito de la posesión de dicho narcótico era con el fin de comercializarlo a través de su venta, pues de la acusación y de los datos de prueba que aportó el Agente del Ministerio Público Federal, el Juez de origen dedujo varios factores que hacían presumir que se actualizaba la conducta especial a que se refiere el artículo 195 del Código Penal Federal, entre ellos, la cantidad de la sustancia que excedía del resultado multiplicado por mil, la hora nocturna en la que se realizó la detención, la confección y el ocultamiento de los paquetes en los que se encontraba la droga y el hecho de que el ahora quejoso no era farmacodependiente del multicitado narcótico, lo que al ser apreciado a la luz de las máximas de experiencia y la sana crítica son conductas reveladoras de la intención de comercializar ese estupefaciente. Así, es infundado lo que aduce el quejoso en su concepto de violación, antes bien, el delito de posesión de narcóticos con la finalidad de comercializarlos, en la hipótesis bajo análisis, no sólo exige que la cantidad sea superior a la multiplicada por mil para tener por acreditada su intención, no obstante el Juez de Origen no sólo tomó en cuenta que la cantidad fuera superior, sino que también justificó su resolución tomando en cuenta otros elementos que le hacían presumir que el propósito o destino del narcótico consistente en cannabis sativa I., era para su comercialización. En ese sentido, este Juzgador estima que existe base legal para que el Juez responsable considerara que los hechos y datos de prueba que se allegaron al proceso del que deriva el acto reclamado, resultaban suficientes para determinar la actualización del delito contra la salud, con la modalidad especial de comercialización con fines de venta. De esta manera, en oposición a lo que refiere el solicitante del amparo, no existe la inexacta aplicación de la ley que aduce, esto es, que se trataba de una posesión simple y no calificada, pues como se razonó, la cantidad del narcótico asegurado no fue la única circunstancia que el Juez tomó en consideración. Respecto al segundo concepto de violación, esto es, que el Agente del Ministerio Público Federal no acreditó que la posesión del narcótico tenía como finalidad su comercialización a través de la venta, siendo ello necesario para poder saber de qué se le acusaba y no obstaculizar su derecho de adecuada defensa, es infundado, debido a que el Agente acusador, sí narro hechos y datos de prueba, como las pruebas periciales de química e integridad física, así como el parte informativo de los agentes policiacos, que hacían notar que el destino de dicha droga, era para su comercialización, pues fue de esos datos y de la narrativa de la conducta que expuso la representación social que el Juez responsable concluyó que era probable la actualización de esa hipótesis, aunado a que al quejoso se le hizo saber la formulación del delito del cual se le acusaba, con los hechos y datos que el agente del Ministerio Público reprodujo en las respectivas audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, por lo que no se le dejó en estado de indefensión como refiere, pues estaba asistido por un defensor de oficio e incluso se le dio la oportunidad de declarar en audiencia y abonar los datos de prueba que considerara necesarias para demostrar su inocencia dentro del término constitucional, término al cual renunció en la audiencia que ahora reclama, pues solicitó que se continuara con la siguiente etapa en ese mismo momento. De manera que, como concluyó la responsable, en el momento procesal que nos ocupa, está demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, ***************, haya participado en la comisión del delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa I., con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, esto es, a título de dolo y en calidad de autor material, sin que en este momento procesal se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Aunado, a que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena de la finalidad es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento. Este Juzgado Federal no se soslaya que tanto el Juez como el Fiscal Federal estimaron que la posesión del narcótico tenía como propósito su comercialización (venta), en cuyo caso se requiere el análisis de elementos subjetivos, como son el dolo y la especial finalidad, para estar en condiciones de determinar si el inculpado poseía el estupefaciente para su venta o no, y que la sola afirmación del Juez formulada en el sentido de que el embalaje y ocultamiento de los paquetes de marihuana permitían deducir que el activo los poseía para su venta, que el horario nocturno en el que fue detenido era un indicador en este tipo de actividades ilícitas y que su cantidad era la superior a la establecida en el artículo 195 del Código Penal Federal, a juicio de ese Juzgado no es insuficiente para estimar que el estupefaciente tenía como finalidad su venta; sin embargo, el examen del elemento subjetivo consistente en la finalidad específica de la posesión no se requiere que se encuentre plenamente demostrado, para el dictado del auto de vinculación a proceso. En efecto, conforme a los principios de exacta aplicación de la ley penal y debido proceso, para dictar un auto de vinculación a proceso, debe estar actualizado un delito conformado con los elementos conducta típica, antijurídica y culpable, pero en un estándar de prueba menor al que se exige para dictar una sentencia, y que en términos del artículo 19 Constitucional y 316, fracción III, es cuerpo del delito y probable responsabilidad. En el caso de los dos primeros elementos del delito es de tomarse en cuenta el estándar de prueba cuerpo del delito, y en los dos restantes, el de probable responsabilidad. Sobre el alcance del análisis mediante el cual se comprueba el "cuerpo del delito", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este concepto exige la obtención de la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo, es decir, debe acreditarse la probable existencia del delito, que se motiva señalando que se presume, al estar acreditada hasta este momento la existencia del cuerpo del delito. De tal forma que el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. Lo anterior se explica, porque el principio de presunción de inocencia exige que, al dictar auto de vinculación a proceso el juzgador tan sólo deba estimar la presencia de aquellas condiciones necesarias para iniciar un proceso, mismo que aún no supone nada definitivo, en tanto que la verdad que se persigue alcanzar sólo puede ser un producto del proceso, en donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite la posibilidad de refutar las pruebas aportadas por ambas partes. De esa manera, antes de la sentencia, el inculpado debe considerarse inocente, por lo que el dictado del auto de vinculación a proceso en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito es sólo aquello que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona, aún considerada inocente. De esta forma, el auto de vinculación a proceso tiene el objetivo de dar seguridad jurídica al inculpado con el fin de que conozca que el proceso que se inicia en su contra tiene una motivación concreta, misma que sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento en cuestión, sin que los mismos tengan el carácter de prueba. Tales consideraciones que se deducen y se aplican por analogía, de la ejecutoria correspondiente al juicio de amparo directo penal 9/2008, de doce de agosto de dos mil nueve, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 143/2011 (9ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de noviembre de dos mil once, del siguiente tenor: ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aún considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba. Así, de los datos de prueba tomados en cuenta por el Juez de Control se aprecia que fue acertada su decisión al considerar que fue el ahora quejoso, junto con otras dos personas quien probablemente poseyó el narcótico consistente en cannabis sativa, conocida como marihuana, a las veinte horas con cinco minutos del día trece de octubre de la presente anualidad en el cruce de las ************, dentro del automotor en el cual se encontraba, datos que fueron expuestos por la representación social, los cuales se tratan de elementos de convicción que han sido emitidos por quienes han tenido un conocimiento de los hechos imputados, sin que suponga necesariamente la invalidez en el parte informativo de los agentes, aunque sea un dato a valorar para determinar su credibilidad, lo cual se hará en su momento procesal oportuno y que formaron convicción en el órgano jurisdiccional correspondiente; de ahí que en este aspecto el auto de vinculación a proceso no lesiona los derechos del quejoso. Luego, si en el caso que nos ocupa, hubo una acusación directa por parte de los agentes aprehensores, quienes refirieron que: ***********, fueron detenidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar detalladas en el párrafo que antecede, ello constituyen datos de prueba que hasta este momento procesal son suficientes para considerar que el sentido del fallo debe prevalecer, aunado a que el ahora quejoso no ofreció ante la autoridad responsable algún dato o prueba que pudiera restar credibilidad al dicho de los agentes aprehensores o desvirtuar los dictámenes químicos o de integridad física. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de otros datos pruebas que además acrediten la existencia de los hechos constitutivos del delito con la finalidad de comercializarlo a través de la venta, por lo que quien resuelve coincide en que el Juez responsable tuvo a bien tener por acreditado el elemento "finalidad", agravante que se actualiza en el numeral 195 del Código Penal Federal; de ahí que los argumentos planteados en la demanda de amparo, a guisa de conceptos de violación, no resultan eficaces para obtener la protección constitucional solicitada. Sin que hasta el momento procesal en que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, existieran elementos para considerar que los elementos aprehensores se condujeron con falsedad en el parte informativo que elaboraron, lo cierto es que, a juicio de este Juzgador Federal los agentes aprehensores, fueron contundentes en el señalamiento que se asentó en el parte informativo, lo que tiene valor indiciario tratándose de éstos delitos contra la salud. De manera que, como concluyó la responsable, en el momento procesal que nos ocupa, está demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, ***************, haya participado en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de cannabis sativa I., con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, a título de dolo y en calidad de autor material, sin que en este momento procesal se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Por tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron las razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, ****************, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por su probable participación en el delito antes mencionado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra el acto y autoridad que fueron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, de conformidad con lo analizado en el último considerando de la misma. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos en relación con el juicio de amparo que nos ocupa, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con la copia que solicita, dígase a la oficiante que se esté a lo acordado en proveído de once de noviembre del año que transcurre, en el que se autorizó la expedición de las mismas. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos en relación con el juicio de amparo que nos ocupa, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con la copia que solicita, dígase a la oficiante que se esté a lo acordado en proveído de once de noviembre del año que transcurre, en el que se autorizó la expedición de las mismas. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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