Andres Torre Lima

Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
307/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Andres Torre Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    III. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó el incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, diversos documentos; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Vistos los oficios FGE/DJ/AMP/DIAT/1640/2019 y FGE/DJ/AMP/DIAT/1661/2019, signados por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y anexos que acompañan, con los cuales se pronunciaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que en autos de treinta y uno de mayo y tres de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la presente fecha lo hubieren hecho; por tanto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el cinco de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Andrés Torres Lima; así como resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, confirmó tal determinación, en la cual se consideró lo siguiente: "...a) La autoridad ministerial responsable deje sin efectos la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de investigación M1/183/2018. b) Emita nueva determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del folio electrónico número 656742, en un cincuenta por ciento, correspondiente al inmueble denominado San Francisco número Uno, tablaje catastral 1312, del municipio de Tizimín, Yucatán, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como es el de la posesión, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control..." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, autoridad responsable, por auto de veintisiete de mayo del presente año, dejó sin efectos la determinación de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación M1/183/2018, por la entonces Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos, relativa al cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad del predio tablaje catastral número 1312, denominado San Francisco Uno, de la localidad de Tizimín, Yucatán, inscrito a folio electrónico 656742, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica y patrimonial de Yucatán, y giró oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que dejen sin efectos el cierre e inmovilización de dicho predio antes citado; de ahí que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.

  3. Principal

    Vistos los oficios FGE/DJ/AMP/DIAT/1640/2019 y FGE/DJ/AMP/DIAT/1661/2019, signados por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y anexos que acompañan, con los cuales se pronunciaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que en autos de treinta y uno de mayo y tres de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la presente fecha lo hubieren hecho; por tanto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el cinco de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Andrés Torres Lima; así como resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, confirmó tal determinación, en la cual se consideró lo siguiente: "...a) La autoridad ministerial responsable deje sin efectos la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de investigación M1/183/2018. b) Emita nueva determinación, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del folio electrónico número 656742, en un cincuenta por ciento, correspondiente al inmueble denominado San Francisco número Uno, tablaje catastral 1312, del municipio de Tizimín, Yucatán, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como es el de la posesión, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control..." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, autoridad responsable, por auto de veintisiete de mayo del presente año, dejó sin efectos la determinación de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación M1/183/2018, por la entonces Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos, relativa al cierre e inmovilización de registro de la inscripción vigente de propiedad del predio tablaje catastral número 1312, denominado San Francisco Uno, de la localidad de Tizimín, Yucatán, inscrito a folio electrónico 656742, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica y patrimonial de Yucatán, y giró oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que dejen sin efectos el cierre e inmovilización de dicho predio antes citado; de ahí que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.

  4. Principal

    III. Agréguense a estos autos para que obren como legalmente correspondan los oficios INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/0643/2019 y INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/0643/2019, signados por la Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y anexos que acompaña, con los cuales informan respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. En mérito de lo anterior, resérvese acordar respecto al contenido de los mismos hasta en tanto, se vierta razonamiento alguno respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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