Andres Perez Mir
Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andres Perez Mir
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Agréguese a estos el escrito aclaratorio signado por María Ileana Ordoñez Pérez, autorizada del quejoso ANDRÉS PEREZ MIR, mediante el cual cumple con la prevención contenida en proveído de nueve de marzo del año en curso, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por la referida ANDRÉS PEREZ MIR, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene el quejoso en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama del Secretario de Salud del Estado de Yucatán, el señalamiento por parte de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha que el quejoso considera lejana para celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 634/2020, de su índice. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente, en virtud del artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre determinado requerimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso, la parte quejosa se duele del señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha lejana para celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 634/2020, de su índice; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una mera dilación, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sin que en el caso se advierta, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, que el acto reclamado constituya una abierta dilación del procedimiento, si se toma en consideración que primeramente la responsable señaló como fecha de la audiencia trifásica el tres de marzo de dos mil veintiuno a las diez horas con treinta minutos ; luego entonces la responsable mediante acuerdo de esa propia fecha, suspendió la audiencia trifásica, en virtud de que se encontraba transcurriendo el término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, para la parte demandada, y fijó fecha para la audiencia trifásica el veintiocho de abril de dos mil veintiuno a las doce horas; por tanto, de la suspensión de la celebración de la audiencia trifásica, a la fijación de la nueva fecha para la audiencia, apenas habrán transcurrido treinta y ocho días hábiles, lo que en modo alguno puede considerarse, en términos de la jurisprudencia multicitada, una abierta dilación en el señalamiento de la fecha de audiencia. Aunado a lo anterior, debe decirse que los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en respuesta al brote del virus COVID19, han realizado diversas acciones partiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias, como la emisión de los acuerdos generales AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC2004-24, AGC-2005-25, AGC-2005-26, AGC-2006-27, AGC-2006-28, AGC-2006- 29 y AGC-2007-30, siempre en salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados del Poder Judicial del Estado. Que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 se han adherido a las disposiciones de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establecidas en los acuerdos generales enunciados, y además, han emitido lineamientos tendientes a la salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados de las Juntas, lo que limita el número de personas, trabajadores y actuaciones que se desarrollen. De lo antes expuesto se advierte, que no puede decirse que existe dilación de parte de la Junta responsable, así que de la suspensión de la celebración de la audiencia trifásica, a la fijación de la nueva fecha para la audiencia, apenas habrán transcurrido treinta y ocho días hábiles, lo que de ninguna manera puede constituir una dilación abierta, que actualice el supuesto de excepción, para la procedencia del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tal como sostiene la jurisprudencia en cita, el juicio de amparo indirecto procede respecto de violaciones procesales, cuando sus efectos sean de imposible reparación, siendo éstos los que causan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho; sin embargo, tal como se ha reseñado, la fijación de la fecha trifásica, obedece a circunstancias particulares, propias de la situación de emergencia por la propagación del virus COVID-19, ya que los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Salud, tanto Estatales como Federales, han señalado que la prestación de servicios deberá realizarse bajo el esquema de citas, y con un número restringido de personas, lo que no puede ser soslayado en el presente caso, dada la obligación de la Junta responsable de llevar a cabo sus actuaciones conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias correspondientes. Dicha circunstancia, en ningún modo impide a la parte quejosa el uso de sus derechos, pues si bien podría considerarse una violación a las normas del procedimiento laboral, tal como señala la jurisprudencia invocada, dicha violación no es de imposible reparación, pues tampoco puede pasar desapercibido para esta Juzgadora, que la audiencia trifásica fue señalada para tener verificativo el tres de marzo de dos mil veintiuno a las diez horas con treinta minutos ; luego entonces la responsable mediante acuerdo de esa propia fecha, suspendió la audiencia trifásica, en virtud de que se encontraba transcurriendo el término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, para la parte demandada, y fijó fecha para la audiencia trifásica el veintiocho de abril de dos mil veintiuno a las doce horas, por lo que se reitera, la fijación de la audiencia triifásica fuera de los periodos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, no constituyen una violación procesal que afecte derechos sustantivos, que hagan procedente la vía del amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierten imprecisiones respecto de la autoridad responsable, ya que la quejosa señala en el apartado de autoridad responsable a la "Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán", luego, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, en el numeral uno señala a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán; y finalmente en el numeral dos se refiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En las relatadas condiciones, se estima que la demanda se torna irregular, por lo cual, a fin de estar en aptitud de conocer con precisión la autoridad responsable en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 108, fracción III, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise la autoridad responsable a la que le adjudica el acto reclamado señalado, esto es, si es a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, o a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, o a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Se le indica que deberá acompañar su escrito aclaratorio con copias suficientes para notificar a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como sus autorizados a las personas que señala con las facultades conferidas. Asimismo, téngase a la parte quejosa, proporcionando el número de teléfono que se encuentra escrito en la boleta de registro con número de folio 769779, para los efectos legales correspondientes. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Andres May Herrera1614/2021
- Andres May Herrera310/2021
- Andres Ovando Perez152/2018
- Andres Ovando Perez1604/2023
- Andres Perez Mir1191/2020
- Andrés Pérez Mir1138/2022
- Andres Roche Millet1474/2022
- Andres Santamaria Moo1414/2019
- Andres Torre Lima307/2018
- Andres Ulises Perez Bachiller1996/2021
- Andy Humberto Pino Rosado1334/2014
- Andy Luis Bray Perez503/2020