Andy Misael Castro Chavez
Expediente 1923/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1923/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andy Misael Castro Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós********************Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra el oficio 1539/2022, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó, con los que informó respecto del cumplimiento dado a la sentencia; de igual forma, se aprecia que mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dichas documentales para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto********************Consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa********************Asimismo, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo********************De manera que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y su Actuario adscrito, estaban obligados a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. Efectos de la sentencia concesoria de amparo. En esas condiciones, procede conceder a la quejosa ********************, el amparo y la protección de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, deje sin efectos la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, a las once horas; y en su lugar, se fije nueva fecha y hora para que tenga verificativo la misma, dentro del término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema.." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, como se aprecia del oficio que remitió para tal efecto, con número 1539/2022, de fecha veinticinco de octubre dos mil veintidós, y anexo que adjuntó al mismo, consistente en copias certificada del acuerdo veinticuatro de octubre de la presente anualidad, mediante el cual se advierte que la Junta responsable dejó insubsistente la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalando nueva fecha, siendo ésta a las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil veintidós, en los términos señalados en la sentencia concesoria de amparo********************Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al haber sido restituida la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, es dable determinar que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo********************Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso********************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa********************
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 1539/2022, de veinticinco de octubre del año en curso, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, junto con un anexo que acompaña; con el cual informa respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las documentales de referencia, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoriada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ a la parte quejosa ******, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte impetrante en el pleno goce de sus derechos violados; apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1923/2022-III promovido por Andy Misael Castro Chávez; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado a los presentes autos. Seguidamente, la Jueza, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, relativas al juicio laboral 944/2021; de igual forma, se hace relación de la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia y especial naturaleza jurídica. En el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento número 329/2022, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, con el que formula alegatos. A lo que la Jueza Acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tómese en consideración, al momento de dictarse la resolución en el presente asunto. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede declarar que en virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, y no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, procede a emitir la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1923/2022-III, promovido por Andy Misael Castro Chávez, contra el acto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, remitida al día siguiente a este órgano de control constitucional, la aquí parte quejosa Andy Misael Castro Chávez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, que hizo consistir, medularmente, en el excesivo tiempo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 944/2021. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los preceptos 103, fracción l, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, numeral 6, y cuarto, fracción XIV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado y adicionado por el diverso Acuerdo General 12/2016, emitido por el propio Consejo; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de demanda, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la parte peticionaria de amparo reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad: La omisión de cumplir con los plazos y términos que marca la ley laboral, debido a que se fijó una fecha distante para la celebración de la audiencia trifásica en el juicio reclamatorio laboral 944/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, manifestó que es cierto la existencia del acto reclamado debido a que fijó fecha para la celebración de la audiencia trifásica en el juicio laboral 944/2021 fuera de los plazos que marca la ley laboral. Lo que se corrobora con las constancias relativas al juicio laboral 944/2021 que remitió la Presidenta de la Junta responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad que la parte peticionaria de amparo hace valer, deben estimarse fundados. En efecto, para justificar lo considerado en el párrafo que antecede, es oportuno señalar que las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del artículo constitucional transcrito, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos; debiendo agregarse que la circunstancia de que el citado precepto constitucional señale que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar ese derecho de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas no previstas en el texto constitucional. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen que actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. En este contexto, para una mejor comprensión del asunto en estudio, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los plazos procesales que deben observar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para la fijación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, en un procedimiento laboral de su conocimiento, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no ocurre a la audiencia." Ahora bien, la parte quejosa, como ya se dijo, se duele, esencialmente, de la negativa de la Junta responsable de administrarle justicia pronta y expedita, pues señaló una fecha distante para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 944/2021, fuera de los términos que para el caso señala la ley obrera. En efecto, del proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, se advierte que la Junta responsable señaló las once horas del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de lo anterior, es dable indicar que entre ambas fechas existe una temporalidad de cinco meses, lapso por demás prolongado que irroga por sí solo un perjuicio irreparable en contra de la aquí peticionaria del amparo, contraviniendo a lo dispuesto en el citado numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el término de quince días para la celebración de la audiencia trifásica, la cual contempla la etapa de conciliación, demanda y excepciones. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." También, sirve de apoyo a lo considerado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, DIFERIMIENTO DE LA. TÉRMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN Y LA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN. El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo estipula que entre la fecha del emplazamiento y la señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, deben mediar diez días cuando menos. Empero, si dicha audiencia se difiere, la notificación del auto de diferimiento no tiene el carácter de emplazamiento y, por ende, no es imprescindible que entre la fecha de tal notificación y la nueva fecha señalada para el desahogo de la audiencia, deban mediar los aludidos diez días." Es aplicable al caso, la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete, y que es del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Consecuentemente, la autoridad responsable debe cumplir con esas condiciones establecidas en la legislación obrera desde el inicio del juicio, en el curso de éste y hasta dictarse el laudo respectivo, por lo cual los términos establecidos al respecto no pueden ser aplicados por la Junta responsable arbitrariamente, sino que deben cumplirse con el fin de lograr que la instancia de justicia a su cargo, constituya un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de sus relaciones jurídicas. En este contexto, debe concluirse que la autoridad responsable al fijar la fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 944/2021, donde la parte aquí quejosa es actora, fuera del término que para tal efecto señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, indebidamente incurrió en una dilación que hace nugatorio el derecho de prontitud en la impartición de justicia y por ende, son violatorias de la garantía constitucional de justicia pronta y expedita en perjuicio de la parte quejosa. SEXTO. Efectos de la sentencia concesoria de amparo. En esas condiciones, procede conceder a la quejosa Andy Misael Castro Chávez, el amparo y la protección de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, deje sin efectos la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, a las once horas; y en su lugar, se fije nueva fecha y hora para que tenga verificativo la misma, dentro del término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Andy Misael Castro Chávez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; para los efectos precisados en el sexto considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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