Andres Solano Macedo
Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Andres Solano Macedo
- Juez de Control. Juicio Oral Y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos. Adscrito A la Ciudad Judicial Con Sede En Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Órgano homólogo remite documental en la que consta fecha de recepción del memorial 10564/2021 librado dentro de la presente incidencia. Intégrese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención a la petición formulada dentro del sumario principal en doce de enero de dos mil veintidós, remite el original del memorial signado por la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia de Emiliano Zapata, Morelos, a través del cual, a su vez, dicha autoridad informa la fecha en que recibió la comunicación oficial 10564/2021, que contiene transcrita la resolución interlocutoria de treinta de abril de dos mil veintiuno, emitida dentro del incidente de suspensión, lo que corrobora con las constancias respectivas. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación, para los efectos legales conducentes y, por ende, se toma conocimiento de la fecha de notificación de la autoridad responsable en torno a la determinación antes mencionada. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Se toma conocimiento. Agréguese a los autos la copia de conocimiento enviada por la encargada del despacho de la Dirección General de litigio y constitucionalidad de la Coordinación General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través del cual informa que remitió el oficio *** a la Coordinadora de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Metropolitana a fin de hacer la notificación condigna. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 62/2021, promovido por Andrés Solano Macedo, por su propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El trece de noviembre de dos mil veinte (fojas 2 a 6) ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El trece de noviembre de dos mil veinte (fojas 7 a 9). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 13). El trece de julio de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Púbico que intervino en la causa penal JC/1090/2020 (foja 115). El diecinueve de octubre del dos ml veintiuno el tercero interesado Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (foja 127). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14,16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (foja 144). SEXTO. Remisión de autos para dictado de sentencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del mismo año, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió a este juzgado de Distrito el juicio de amparo 1015/2020, de su índice, para el dictado de la sentencia correspondiente. SÉPTIMO. Recepción de autos. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el expediente 62/2021; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito es exclusivamente la de resolver los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional. Lo anterior de conformidad con el Punto de Acuerdo 120/2021, que dispone que los juzgados de distrito remitirán diez asuntos con audiencia celebrada para el efecto del dictado de la sentencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de las autoridades responsables Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos adscritos a la ciudad judicial con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos; Fiscal General del Estado de Morelos, como autoridades ordenadoras; Fiscal Regional Metropolitano; Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Delitos Sexuales; Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Metropolitana; Encargada del Grupo de Delitos Sexuales de la Policía de Investigación Criminal Zona Metropolitana; Director de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos; Encargado del Grupo de la Policía Ministerial de la Colonia 3 de Mayo; Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional del Estado; y Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Colonia 3 de Mayo, de Emiliano Zapata, como ejecutoras, consistente en la orden de detención y/o aprehensión dictada en su contra. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables: Fiscal General del Estado de Morelos; Fiscal Regional Metropolitano; Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales; Agente de la Policía de Investigación Criminal Encargada del Grupo de Delitos Sexuales y Trata de Personas; Coordinadora de la Fiscalía de Servicios Patrimoniales y Tenencia de la Tierra; Ramon Villanueva Uribe Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, por si y en representación de todos los Jueces adscritos a ese Distrito Judicial; Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana; Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia de Emiliano Zapata, Morelos; Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos; Encargada del Grupo Tres de Mayo de la Agencia de Investigación Criminal perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Morelos; negaron la emisión y/o ejecución de la orden de aprehensión y/o presentación. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. CUARTO. Certeza de actos. La Licenciada Leticia Damián Avilés Jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec aceptó el acto a ella reclamado, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 52), lo que se corrobora con las constancias que anexó la autoridad judicial consistentes en la copia certificada de la causa penal JC/1090/2020, en la que la obra una orden de comparecencia emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, contra el quejoso. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que el peticionario haya señalado como acto reclamado una orden de detención y/o aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial, pues tales formas de conducción tienen como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia frente a un Juez de Control, entre otras cuestiones, el fiscal le formule imputación, pero ambas actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado, lo que no impide su análisis constitucional. Apoya este criterio, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 6/96, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200427, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 196, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un Juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada." QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este órgano constitucional advierte que se surta ninguna. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, toda vez que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, porque este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia 2ª./J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, instancia de Segunda Sala, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Materia Común, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, sin que haya deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Es así, pues el artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Es de verse de tal precepto, que prevé diversas formas de conducir al imputado al proceso y que tienen por objeto lograr que el imputado se encuentre presente ante el Juez de Control para iniciar con éste. Dicho de otro modo, tales formas tienen como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia frente a un Juez de Control, entre otras cuestiones, el fiscal le formule imputación. Tales medios de conducción tienen como requisitos en términos del artículo 16 constitucional y el propio precepto transcrito, que se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que permitan presuponer, razonablemente, que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del fiscal, podrá ordenar: citatorio al imputado; orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna; y, orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. El caso previsto en la fracción I del referido artículo 141, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican la probable comisión de un hecho delictivo, y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo cual en caso de que el indiciado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al caso previsto en la fracción II -orden de comparecencia-, se actualiza cuando el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado -por citatorio-, por lo que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, determinará librar orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Y, finalmente, la forma de conducción del imputado al proceso consistente en la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo 141 citado, puede ser solicitada por el Ministerio Público al Juez de Control cuando advierta que existe necesidad de cautela; cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad; y, cuando se incumpla con una medida cautelar. Siendo la segunda la que ocupa esta determinación, de donde tenemos que los requisitos para su emisión son: Que se haya emitido citatorio al imputado para que asista a la audiencia inicial; Que el imputado haya sido notificado debidamente; y, Que el imputado no comparezca injustificadamente. En efecto, cuando el imputado no justifica su incomparecencia al citatorio para que asista a la audiencia inicial, la orden de hacerlo comparecer por medio de la fuerza pública es sólo la consecuencia de esa conducta contumaz, siendo suficiente para ello que el agente del Ministerio Público lo solicite, pero previamente a su libramiento debe constatarse la debida notificación de éste, al ser una formalidad esencial del procedimiento, sin que se requiera realizar un estudio del hecho que la ley señala como delito y de la posible intervención del imputado en su comisión, pues ese estudio se realizó por el Juez de Control al emitir el citatorio ignorado. En efecto, pues se reitera, la emisión del citatorio se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican la probable comisión de un hecho delictivo, y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo cual en caso de que el indiciado no se encuentre retenido, solicita al Juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, de las constancias que anexó la autoridad judicial responsable a su informe justificado, consistentes en la copia certificada de la causa penal JC/1090/2020, con valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: La agente del Ministerio Público, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal JC/1090/2020 (FOJA 56), solicitó fecha para celebrar audiencia de formulación de imputación contra diversas personas, entre ellas, el quejoso Andrés Solano Macedo, por el hecho que la Ley señala como delito de Despojo, previsto y sancionado por el 184, fracción II, en relación con el diverso 185, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. En audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, la Jueza responsable ordenó citar a Andrés Solano Macedo y otro, para que el diecinueve de octubre de esa anualidad comparecieran al desahogo de la audiencia inicial, con el apercibimiento de que en caso de incomparecencia sin causa justificada, se le podrá declarar sustraído de la acción de la justicia y el representante social podrá pedir su presentación u orden de aprehensión. El citatorio correspondiente fue notificado personalmente al imputado el doce de octubre de dos mil veinte (foja 64), quien según la razón actuarial se identificó con una credencial del Instituto Nacional Electoral, cédula en la que aparecen al margen nombre y firma y el teléfono 777 197 6475. Llegada la fecha y hora de la audiencia inicial no compareció el imputado aquí quejoso Andrés Solano Macedo, por lo que al constatar que fue debidamente notificado, la Jueza responsable declaró a éste sustraído de la acción de la justicia y suspendió el procedimiento. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, la Fiscalía solicitó orden de aprehensión contra el imputado; sin embargo, en audiencia de diez siguiente, la Jueza de Control determinó sólo emitir orden de comparecencia contra Andrés Solano Macedo y otro, ponderando el hecho delictivo que se le atribuye, su posible comisión por su parte y la incomparecencia injustificada al citatorio previo. Contra lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación en los que aduce que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 14 constitucional, al considerar que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento, del análisis anterior se concluye que la orden de comparecencia reclamada (como forma de conducción del imputado a proceso) no vulnera los derechos humanos del quejoso, porque su procedencia se actualiza por desacato injustificado del imputado al citatorio para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya notificación cumplió con los requisitos de los artículos 82, fracción I, inciso d), último párrafo; 84, 85, 91 y 92, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y no justificó su incomparecencia, con lo que la Jueza responsable cumplió con los presupuestos para ordenar su comparecencia y las formalidades esenciales para su emisión. En ese orden de consideraciones, lo que procede es negar al quejoso Andrés Solano Macedo, la protección constitucional solicitada respecto de la orden de comparecencia reclamada. Es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Andrés Solano Macedo, contra el acto de la autoridad precisados en el considerando CUARTO de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma, el Maestro en Derecho Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, asistido de Teodoro Quintín Galindo Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, hasta el día de hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, fecha en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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