Andrés Michel González Rico
Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Ministerio Público Federal Adscrita
- Andrés Michel González Rico
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite testimonio de la ejecutoria de la queja interpuesta Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de queja ********************, en cuyo único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Notificación a la parte quejosa y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Anotaciones en relación a la determinación. Además, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "TRIBUNAL COLEGIADO DECLARA INFUNDADO RECURSO DE QUEJA, SE ORDENA ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de queja Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa el contenido del proveído de uno de febrero del año en curso, que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** por conducto de su autorizado, contra el auto que desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado con el número de expediente 36/2023. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "COLEGIADO ADMITE RECURSO DE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja Agréguese a los autos el escrito firmado por ***, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que se desechó de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Trámite y remisión del medio de impugnación Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito en los términos planteados por el promovente, así, una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja y, además, remítase el escrito de expresión de agravios de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja En ese tenor, se hace del conocimiento de la superior que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito determinó el desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Puesta a disposición del expediente electrónico Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "RECURSO DE QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO DE DEMANDA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por******************** por propio derecho, contra actos de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 82/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos. Notificadora adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado La orden citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, así como su ejecución. Desechamiento Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 5°, 1° fracción I y 107, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, 21 y 107 Constitucionales, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal advierte que el acto combatido deviene improcedente reclamarls a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda de amparo no se observa que exista algún acto que produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Una vez sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, el quejoso señala como acto reclamado la orden de citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, así como su ejecución; sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece, ya que a través de dicha actuación, no se estima como una violación por parte de la responsable a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Al efecto, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función; cuestiones estas consideradas de orden público, pues la sociedad se encuentra interesada en que se cumpla con dicha disposición. Lo anterior pone de manifiesto que las actuaciones de investigación practicadas en su contra, no le irrogan perjuicio alguno a la aquí parte quejosa, ya que las autoridades responsables, llevan a cabo la actividad encomendada por disposición constitucional; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, lo sería la orden de comparecencia o presentación que, en su caso, existiera o la orden aprehensión o detención que en su caso llegara a dictar el juez penal correspondiente, una vez ejercida la respectiva acción penal; sostener lo contrario llevaría al extremo de entorpecer la función esencial del Ministerio Público y del Juez que conozca del juicio que en su caso se inicie. De ahí que, la orden de citación pese a ser un acto proveniente de un tribunal judicial, no constituye una afectación a su libertad personal, en contravención de una cuestión de orden público, a la que de manera alguna se debe de anteponer el interés particular. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2018828, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común-Penal, Diciembre de 2018, cuyo rubro estatuye: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Así como también la tesis número 1a. CXXXV/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 351, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma, resulta orientadora la tesis III.2o.P.91 P (10a.), de la Décima Época, registro 2010448, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Página 3529, de rubor y texto estatuyen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA." Los razonamientos expuestos ponen de relieve lo manifiesto de las causas de improcedencia invocadas en la presente determinación, la cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento por cuanto a dicho acto, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Aunado a que la decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es aplicable, en lo conducente, el criterio 1a.CCLXXVI/2012 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 530, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." No pasa inadvertido que el promovente señala en sus conceptos de violación que la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal carece de facultades para emitir la orden de citación reclamada y al efecto invoca la tesis I.1o.P.17 P (11a.) de rubro: "ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL. COMO NO ES JUEZ, CARECE DE FACULTADES PARA EMITIR DECISIONES DE TRÁMITE CON CONTENIDO JURISDICCIONAL.". Sin embargo, en el caso que nos ocupa, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, respecto de los cuales, como se explicó, existe jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que determina que es improcedente el juicio de amparo en su contra. Apoya la conclusiva anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 1008, Registro 2019230, cuyo rubro es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS.". Además, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado (orden de citación) sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo o indirecto, según sea el caso atendiendo a la etapa en que se encuentre el procedimiento acusatorio adversarial, impugnando la determinación de que se duele, como violación procesal. Máxime que, del texto de la tesis aislada que el quejoso cita, se advierte que ésta surge bajo las circunstancias mencionadas en el párrafo que antecede. Conclusión En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 1° fracción I, 5° y 107 fracciones I y IV, esta última en sentido contrario, de la Ley de Amparo, además en atención a los establecido por los dispositivos normativos 21 y 107 constitucionales, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Transparencia y acceso a la información pública En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice la autorización correspondiente para el usuario antes mencionado en el referido sistema con el propósito de que pueda consultar el expediente electrónico. Medios electrónicos Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados con facultades amplios a ********************, en razón de que se trata de un asunto en materia penal y es indispensable tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a ********************, en virtud de que no colma tal extremo, a quien únicamente se le autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizados con facultades restringidas Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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