Andres Jaimes Solano
Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Andres Jaimes Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de uno de junio de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Junta Especial Número Treinta y Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, cumpla con lo siguiente: "1. Deje sin efectos el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para el dictado de la resolución del incidente de sustitución procesal señalada para el siete de julio del año en curso, y señale una nueva data cercana para su celebración; 2. Ordene la notificación personalmente a las partes de dicho auto; 3. En la data que señale, deberá dictar la resolución correspondiente a la sustitución procesal, de la que las partes queden debidamente notificadas." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiocho de mayo de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el treinta y uno de mayo de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, a través del cual, la junta refirió haber celebrado incorrectamente la audiencia de sustitución laboral, pues dijo haber omitido realizar las diligencias de investigación de dependientes económicos y la fijación de convocatorias, por lo que, regularizó el procedimiento a efecto de llevar a cabo dichas diligencias, en términos de lo dispuesto por los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara sin materia la ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, se advierte la existencia de motivos manifiestos de imposibilidad para que la autoridad responsable de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que este Juzgado de Distrito estima innecesario seguir dictando las providencias necesarias que establece el numeral 192 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En efecto, el amparo se concedió para que la autoridad responsable dejara sin efectos el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para el dictado de la resolución del incidente de sustitución procesal señalada para el siete de julio del año en curso, señalara una nueva data cercana para su celebración; ordenara la notificación personalmente a las partes de dicho auto; así como para que en la data señalada, dictara la resolución correspondiente a la sustitución procesal, de la que las partes quedaran debidamente notificadas. Sin embargo, en lugar de actuar en los términos descritos, la responsable determinó regularizar el procedimiento en el juicio de origen a efecto de llevar a cabo las actuaciones que dijo haber omitido y que eran necesarias para el dictado de la resolución relativa a la sustitución procesal, quedando por consecuencia sin materia el presente procedimiento de ejecución del fallo protector. Ello, porque de acuerdo con el nuevo estado procesal en que guarda actualmente el juicio de origen ante la regularización ordenada, se ha producido una imposibilidad material y jurídica para restituir a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, según lo establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, sí existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De modo, que, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, comparezca por sí o a través de diversa persona, a recoger dichos documentos, pues de lo contrario, seguirán la misma suerte que este expediente. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio firmado por la Presidenta de Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada del acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, del que se advierte que, debido a que de manera incorrecta celebró la audiencia de sustitución laboral al omitir realizar las diligencias de investigación de dependientes económicos y la fijación de convocatorias, regularizó el procedimiento y ordenó llevar a cabo dichas diligencias, en términos de lo dispuesto por los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia autorizada del proveído descrito dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa corriéndole traslado con copia del acuerdo de regularización pronunciado por la junta responsable. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 418/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintiocho de marzo de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el siguiente acto: El señalamiento de fecha lejana para escuchar la resolución el incidente de sustitución procesal en el juicio laboral 1222/2017, esto es, a las once horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, anexando copia certificada de diversas constancias del juicio de origen 1222/2017, a las que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". El impetrante de amparo señala que se transgrede su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita, ya que la junta responsable fijó fecha lejana para el dictado de la resolución del incidente de sustitución procesal en el expediente laboral 1222/2017, esto es, a las once horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós. Es fundado y suficiente el concepto de violación para conceder el amparo que se solicita. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente en relación a la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, dentro de los términos de ley. Ahora bien, de las constancias que obran en el informe justificado -ya valoradas-, se advierte que por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, tuvo por legalmente desahogada la audiencia de sustitución procesal y señaló las once horas con treinta minutos del siete de julio del año en curso, para el dictado de la resolución correspondiente en el juicio 1222/2017. Establecido lo anterior, se estima que se ha vulnerado en perjuicio del quejoso, la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Por su parte, los artículos 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme a lo anterior, las juntas laborales tienen la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, que de forma oportuna se dicten los acuerdos y se realicen todas las diligencias dentro de los parámetros legales y lo hagan del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrán cumplir con la garantía a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, la Junta responsable transgrede los artículos 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, los que establecen que la Junta tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, deberá dictar sus resoluciones en el acto que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta u ocho hora siguientes aquellas a que reciba las promociones; lo que en el caso no aconteció. En razón de que en acuerdo de doce horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, tuvo por desahoga la audiencia de sustitución procesal y señaló las once horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós -cuatro meses después-, para el dictado de la resolución correspondiente, lo que en sí es contrario a la norma, pues la misma inclusive debió dictarla una vez concluida la audiencia incidental; por lo que la responsable no actuó dentro de los plazos establecidos por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, vulnerando con ello la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En las narradas circunstancias, como ya se dijo, es claro que la autoridad responsable incurre en denegación de justicia en perjuicio de la parte inconforme, toda vez que, se encuentra demostrado que no ha actuado con diligencia en el procedimiento laboral, ya que fijó fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, fuera de los quince días previsto en dicha Ley Federal del Trabajo; es evidente que una vez que el juicio se salió de sus cauces legales, por lo que el procedimiento ya no podrá desarrollarse con la oportunidad legal debida, ya que dada la necesaria conexión de los actos procesales, si alguno se efectúa tardíamente (como sucede en el presente caso), que al fijar fecha para el desahogo de la audiencia antes mencionada, dentro de los términos de ley, desfasa al ámbito temporal en que los subsecuentes actos deban de desplegarse; situación que acontece en el presente asunto, por lo que, la junta laboral responsable ha incurrido en dilación en el procedimiento laboral natural, lo que indefectiblemente ha ocasionado que los subsecuentes actos en el juicio ya no se efectuaran con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. VI. Efectos del amparo. Se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Andrés Jaimes Solano, en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el juicio laboral 1222/2017, proceda a realizar lo siguiente: 1. Deje sin efectos el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para el dictado de la resolución del incidente de sustitución procesal señalada para el siete de julio del año en curso, y señale una nueva data cercana para su celebración; 2. Ordene la notificación personalmente a las partes de dicho auto; 3. En la data que señale, deberá dictar la resolución correspondiente a la sustitución procesal, de la que las partes queden debidamente notificadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Andrés Jaimes Solano, para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación en el Estado de Morelos, a los que adjunta diversas constancias que guardan relación con el acto reclamado. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Personalidad del promovente. En un diverso orden de ideas, con fundamento en el numeral 11 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de Rafael García Cuevas, como apoderado del quejoso Andrés Jaime Solano, acorde con las constancias remitidas de manera anexa al escrito de cuenta, las cuales fueron solicitada por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, de ahí que se tenga por satisfecho el requerimiento efectuado en el auto de mérito. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar la constancia que remite en apoyo a su informe justificado de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Información relativa a un diverso juicio de amparo relacionado con el acto materia del presente sumario. Por otra parte, esta sede federal toma conocimiento del hecho de que la responsable no encontró registro de algún juicio de amparo que se encuentre relacionado con el presente asunto, ello, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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