Andrés Cristobal Urías López
Expediente 925/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Andrés Cristobal Urías López
- Andrés Cristobal Urías López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse decretado la suspensión de plano a la parte quejosa. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 925/2017-VI, promovido por ********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por ********, misma que fue turnada a este juzgado el mismo día. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de traslado, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró bajo el juicio 825/2017-VI y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario en el cual se encuentra recluido a otro diverso, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Secretario de Gobernación, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos residente en la Ciudad de México, Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, residentes en la ciudad de Chihuahua; al rendir sus respectivos informes respecto de la suspensión de plano y justificados negaron los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, fracción IV, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 925/2017-VI, promovido por ********, por las razones expuesta en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.****
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, en relación al acto reclamado a las responsables Director de Ejecución de Sentencias y medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua y Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de penas y medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua; constancia que adquiere plena validez al haberse realizado la certificación correspondiente. Apoya lo anterior la tesis con número de registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. Por lo anterior, como lo disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, así como de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Finalmente, téngase a la autoridad responsable refiriendo que la denominación correcta de las referidas como Director de Ejecución de Sentencias y medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua y Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de penas y medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, es Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, respectivamente; por tanto, se ordena a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes realice el ajuste correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe. *******
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, así como el Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, han sido omisas en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificadas del oficio por medio del cual se les requirió; constancias que son necesarias a efecto de resolver en definitiva el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, gírense oficios a dichas autoridades, a fin de que dentro del término de tres días, computados legalmente, remitan copia certificada de la orden de traslado que exista respecto del aquí quejoso *******, o en su caso, comuniquen el impedimento legal que tuviere para ello. Apercibido que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que este auto ordena, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo vigente, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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