Andres Cristobal Urias López
Expediente 747/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Andres Cristobal Urias López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 747/2018, promovido por *******. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por cuestión de turno, se recibió en este juzgado el escrito inicial de demanda firmado por *******, en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad a otro diverso. SEGUNDO. En la misma fecha de recepción, se admitió a trámite la demanda de amparo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de traslado emitida en su persona del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, de esta ciudad a diverso centro penitenciario en la República Mexicana. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Procurador General de la República; Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y el Comisionado, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, residentes en la ciudad de México; Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres; Presidente del Municipio de Juárez, Chihuahua, todos en esta ciudad; Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Cuatro en Hidalgo del Parral, Chihuahua; Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la capital; Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", en Estación Chontalpa Huimanguillo, Tabasco; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Villa Aldama, Veracruz; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", en Hermosillo; Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Número Siete, en Cuauhtémoc, Chihuahua; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", en Guasave, Sinaloa; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 en Buenavista Tomatlán, Michoacán; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", en Tepic, Nayarit; Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, en Almoloya de Juárez, Estado de México; Supervisora Regional del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social Zona Norte, Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres "Noroeste", Matamoros, Tamaulipas; Jefe del Complejo Penitenciario Islas Marías, Isla María Madre, Archipiélago de las Islas Marías y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil-Morelos", en Coatlán del Río, Morelos, negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de traslado emitida en contra de Andrés Cristóbal Urías López del reclusorio estatal de la localidad a diverso centro penitenciario del país. Consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Director General del Centro de Reinserción Social en Tijuana, Baja California, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a que obra en autos el acuse de recibo del servicio de mensajería que ampara la entrega del oficio 32637 de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se le solicitó el informe justificado, sin que éste rindiera el informe que le fue solicitado, que evidencia que fue notificado de ese comunicado desde el tres de enero de dos mil diecinueve; ante esa omisión, debería presumirse la certeza de los actos que se le atribuyeron; sin embargo, tal presunción se desvirtúa con los informes que rindieron las diversas autoridades responsables de esta entidad. En efecto, el justiciable manifestó encontrarse recluso en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad, asimismo, una vez que el Director del referido centro penitenciario rindió su informe (fojas 46), señaló que la Unidad de Gestión de Amparos, Traslados y Derechos Humanos es la autoridad competente para ordenar el traslado del quejoso, sin embargo ésta no ha girado instrucciones para tal efecto; en este tenor, el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, comunicó que la Supervisora regional del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social Zona Norte y la jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, no habían dictado orden de traslado en contra del promovente; en esa medida, si las autoridades administrativas que están encargadas de autorizar y ejecutar el traslado de reos del sistema penitenciario estatal, negaron la existencia del traslado respectivo, es inconcuso que se desvirtúa la presunción de certeza que derivó de la omisión de rendir informe en que incurrió el citado Director General del Centro de Reinserción Social en Tijuana, Baja California; de ahí que resulte inexistente la orden de traslado reclamada. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, materia administrativa, página 285, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SE DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA SI EL ACTO RECLAMADO NO EXISTE. Cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, aun cuando opere la presunción de certeza derivada del artículo 149 del propio ordenamiento legal en cita por haber omitido las autoridades responsables rendir su informe justificado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en contra de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Río, Morelos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional y se encuentra transcurriendo el término de quince días a fin de que el Director del Centro de Reinserción Social Estatal en Tijuana, Baja California, rinda su informe justificado, en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, para su celebración. Finalmente, y toda vez que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Morelos", en Coatlán del Río, Morelos, ha sido omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido tal y como se desprende del acuse de recibo que obra a foja 147 de autos, el cual fue recibido el once de diciembre del año próximo pasado, por lo que el plazo de quince días concedido para tal efecto expiró el tres del actual; en tal sentido, requiérasele para que dentro del plazo de tres días computados legalmente remita dicho informe, así como las constancias que acrediten su dicho, en el entendido que queda subsistente el apercibimiento decretado en cuatro de diciembre pasado para en caso de inobservancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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