Andrés Alejandro Anzures Pérez
Expediente 856/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Andrés Alejandro Anzures Pérez
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el licenciado ********************, autorizado del quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de noviembre del año en curso, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo número ********************/2023-VII. Notifíquese por lista electrónica, personalmente y por oficio según corresponda, corriendo traslado a las demás partes, con copia de los agravios que se atienden. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 856 2023-VII, promovido por ********************contra actos del Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el día siguiente hábil, ********************promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estima transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo********************/2023-VII, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: I.- Del Congreso del Estado de Chihuahua: a) La aprobación y expedición del Decreto No. LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, específicamente, los artículos Primero, apartado 4.3.2.3 y Decimotercero. b) La aprobación y expedición del Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su sección Tercera, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, IX y X, con motivo de su primer acto de aplicación. II.- De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación de los ordenamientos legales descritos en los incisos que anteceden. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados el Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, de los Decretos impugnados. Además, la existencia de dichos ordenamientos legales reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 233090, página 15, que estatuye: de rubro: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. CUARTO. Procedencia del juicio. Se examina si se actualiza alguna improcedencia, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se comparte con lo indicado por las autoridades responsables, en el sentido de que se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque la quejosa presentó su demanda de manera extemporánea. Señalan que la demanda fue presentada con posterioridad al primer acto de aplicación, ya que el primero debe considerarse el recibo de pago de contribuciones que retuvo el notario al quejoso, no así el certificado de pago expedido por la autoridad hacendaria. Para sustentar tal la afirmación, conviene destacar el contenido de los preceptos legales en cita, que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Articulo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Articulo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación gramatical y sistemática de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita. Por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el plazo para la interposición de la demanda se contará, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la Ley que rige el propio acto, cuando haya tenido conocimiento del mismo o se ostente sabedor. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días, teniendo como base tres oportunidades: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos Excepciones hechas que se contienen las fracciones I, II, III y IV del artículo 61 de la ley de la materia. En caso contrario, el juicio de amparo promovido fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente, lo que de manera indudable actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Previo abordar el análisis respectivo, resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, está condicionada a la procedencia del referido juicio contra dicho acto de aplicación, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. Entonces, al analizar la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, es importante distinguir entre los aspectos de procedencia de ese juicio en contra del acto en el que se sostiene se concretó lo previsto en las normas controvertidas y los diversos aspectos de procedencia relacionados con la impugnación de estas últimas. En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquél en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva se presenta en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo lugar el acto de aplicación, el juicio será improcedente respecto de éste y, en consecuencia, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. Incluso, al abordar el estudio de procedencia del amparo contra una norma impugnada con motivo de su aplicación, debe distinguirse entre la oportunidad de la demanda contra éste último y la posibilidad de controvertir la respectiva norma general con motivo de un posterior acto de aplicación, cuando el primero en el que tuvo lugar se realizó en forma implícita o tácita. En el primer caso, se trata de un problema relacionado con el plazo para acudir al juicio de amparo contra un determinado acto de aplicación de una norma general, en la inteligencia de que si la demanda se presenta fuera del plazo respectivo, el juicio será improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada y, en vía de consecuencia, respecto de ésta última. En cambio, el amparo que se promueve contra un acto de aplicación de una norma general, en el cual se acredita que previamente el quejoso ya había resentido en su esfera jurídica las consecuencias de lo previsto en aquélla, será improcedente respecto de la norma impugnada, sólo si se acredita plenamente que -en el acto de aplicación previo-, se hizo de su conocimiento a plenitud y que esa precisa norma general sirvió de sustento a la afectación correspondiente. Por lo que, debe tomarse en cuenta que el acto de aplicación que puede tenerse como el primero y, por ende, ser objeto de impugnación en el juicio de amparo, es el que causa un perjuicio cierto a la parte quejosa, pues los actos de aplicación que no causan perjuicio o bien en los que no se realiza la aplicación expresa de una norma general, válidamente no pueden considerarse como un primer acto que impida posteriormente acudir al amparo a impugnar aquélla con motivo de un posterior acto de aplicación, lo que no obsta para que los actos de aplicación implícita puedan servir de base para impugnar en amparo la normativa respectiva, pero como un criterio en beneficio de la parte quejosa que con base en el análisis del acto correspondiente pueda determinar qué normativa le fue aplicada tácita o implícitamente, siendo aplicables los criterios contenidos en las tesis de rubro siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS" y "AMPARO CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. PROCEDE CONTRA EL ACTO EN QUE SE APLIQUEN EXPRESAMENTE, AUNQUE CON ANTERIORIDAD SE HAYAN APLICADO IMPLÍCITAMENTE." En ese contexto, dado que en este asunto la parte quejosa acude al amparo para impugnar diversos preceptos legales que dice le fueron aplicados con motivo del pago de los tributos correspondientes por conducto de un notario público, conviene precisar cuáles son los principales criterios jurisprudenciales relacionados con la determinación sobre cuándo se actualiza el acto de aplicación de normas generales tributarias, y en qué momento se inicia el plazo para impugnar en amparo dicho acto de aplicación, bien sea que se realice por el propio quejoso, por una autoridad o por un tercero en auxilio de la administración. Para resolver la problemática relativa a cuándo inicia el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra leyes tributarias que regulan los derechos por inscripción del respectivo testimonio notarial en el Registro Público de la Propiedad, con motivo del acto por virtud del cual un notario público o tercero auxiliar "retiene" o recauda los referidos tributos, es necesario atender a la distinción entre la procedencia del juicio constitucional contra el acto de aplicación de la regulación que rige esos tributos y la del amparo contra esa precisa regulación. Si bien lo ordinario es que el acto de aplicación de una norma general provenga de la actuación de un órgano del Estado, especialmente cuando actúa investido de imperio, lo cierto es que en ocasiones los sujetos directamente vinculados a cumplir con lo establecido en ésta o terceros que actúan como auxiliares de la administración, deben llevar a cabo la aplicación de lo que disponga aquélla, pues de lo contrario incurrirán en un acto ilícito, lo que permite sostener que esos actos de aplicación son realizados en perjuicio del sujeto de aquélla, bien sea directamente por éste o por un tercero, por lo que atendiendo a este tipo de situaciones que especialmente se presentan en la aplicación de las normas generales tributarias, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, ha reconocido que el acto de aplicación que permite acudir al juicio de amparo para impugnar una norma general, puede acontecer tanto en actos realizados por el quejoso como por un tercero que actúa en auxilio de la administración tributaria. Incluso, resulta relevante distinguir, en el último supuesto mencionado, es decir, en el caso de los actos de aplicación realizados por un tercero, entre el acto de aplicación en el que es indispensable la voluntad del contribuyente para realizar el pago respectivo, en tanto que éste tiene a su disposición los recursos a erogar, y el diverso en el que esos recursos se encuentran bajo resguardo del tercero auxiliar de la administración, supuesto en el que la voluntad de éste es la determinante para concretar el respectivo acto de aplicación. Ante ello, los actos de aplicación de normas tributarias realizados por el quejoso o por un tercero, el momento a partir del cual comienza el plazo de quince días para promover el amparo respectivo, resulta cuando el contribuyente tiene conocimiento de la afectación de su patrimonio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el plazo para promover el amparo contra una norma general impugnada con motivo de su aplicación realizada por el propio quejoso, comienza desde que éste se coloca en el supuesto normativo establecido en aquélla, precisando que el artículo impugnado: "empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto, es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende, también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo". Por lo que, debe tomarse en cuenta que dicho plazo inicia, necesariamente, al día siguiente al en que el quejoso realiza el pago del tributo respectivo, dado que al tener bajo su resguardo los recursos a erogar, es él quien decide -dentro del margen legal para ello- llevar a cabo el pago y, por ende, a generar en su perjuicio la afectación patrimonial correspondiente, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es indudable que a partir del momento de la erogación del tributo el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial y si es su intención controvertir las normas generales que lo vinculan a realizar ese pago y que, por ende, sirven de base a ese perjuicio, resulta indudable que en términos de lo previsto en el último precepto citado, al realizar el entero se tiene noticia tanto del perjuicio sufrido como del origen de éste, pues a él le correspondió llevar a cabo los cálculos correspondientes y, por consiguiente, conocer tanto la afectación patrimonial como su fundamento. Esta conclusión implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, aun cuando la parte quejosa pretendiera ostentarse sabedora del acto de aplicación en un momento posterior, lo cierto es que tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que le causó perjuicio desde el momento en el que realizó el pago respectivo, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento y no en uno diverso dentro del margen legal para cumplir con la respectiva obligación tributaria. Además, cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración, debe considerarse que aun cuando por lo regular ese tipo de actos de aplicación no tienen el carácter de actos de autoridad; por ende, no se les puedan atribuir vicios propios, ello no obsta para que también existan requisitos que condicionan la procedencia del amparo contra ese preciso acto, entre otros, el consistente en el plazo para promover la demanda de amparo. Es decir, si una norma general se controvierte en amparo con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero, la procedencia del juicio estará condicionada a que la demanda se haya presentado en tiempo respecto de ese acto, el cual, tratándose de normas que regulan los elementos de un tributo, exige analizar si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del o de los hechos generadores debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. En este último caso se ubica el pago realizado por la parte quejosa al Notario Público encargado de la escrituración, con motivo de la entrega de los recursos correspondientes para cubrir la cantidad relativa al derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ante ello, debe destacarse que el referido pago se realiza con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, ya que al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en perjuicio de éste en la que se concreta lo previsto en las leyes tributarias que son fuente de esa afectación patrimonial. Por tanto, el inicio del cómputo del plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente, en tanto que éste tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, tiene lugar al día siguiente al en que el contribuyente entrega esos recursos al referido tercero auxiliar, pues en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial respectiva. Pues, el pago de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, realizado por conducto de un notario público o tercero auxiliar, éste no actúa con el carácter de autoridad, ya que la afectación patrimonial que genera al adquirente no se da en una relación de supra a subordinación donde unilateralmente éste modifica la esfera jurídica del adquirente, máxime que no se da sobre recursos que aquél tenga bajo su resguardo; por el contrario, para que se dé esa afectación patrimonial es indispensable que el adquirente acepte el monto que debe entregar al notario o tercero auxiliar por un concepto diverso al del costo del inmueble, de allí que en esa afectación patrimonial realizada por un notario público o tercero en auxilio de la administración, concurre la voluntad del adquirente del inmueble respectivo. De esta circunstancia se sigue también que si la voluntad del contribuyente es determinante para que se dé el pago de esos tributos y, por ende, para que se dé la afectación patrimonial que puede servir de base para acudir al amparo para controvertir las normas generales que regulan el o los tributos respectivos, resulta indudable que al momento en el que se da la entrega de recursos al notario público o tercero auxiliar, el adquirente del bien tendrá noticia plena de la afectación patrimonial, es decir, a partir de ese momento tendrá conocimiento de ésta. Lo anterior, sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 2020056, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2020056, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. ". Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas a partir de un pago realizado con recursos que se encuentran a su disposición, sin necesidad de un acto proveniente de una autoridad, en tanto que a pesar de que la afectación patrimonial respectiva tendrá lugar cuando concurra la voluntad del contribuyente que erogará el tributo respectivo, el plazo para la impugnación de la normativa que rija esa prestación patrimonial no comenzaría a partir de que conoce a plenitud esa afectación, sino sólo desde el momento en el que decida conocer la fuente jurídica de su obligación, aun cuando pudo optar por no sufrir el impacto patrimonial respectivo en tanto no tuviera noticia plena de esa fuente normativa. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la circunstancia de que en el documento en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público o tercero auxiliar que recibe el pago o transferencia de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente. En ese contexto, si el adquirente del inmueble no promueve la demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que le causó la entrega de recursos que realizó al notario público o tercero auxiliar, en la cual resulta determinante la voluntad de aquél y, posteriormente, acude al juicio de amparo para controvertir con motivo de esa precisa afectación patrimonial las normas generales que implícitamente se le aplicaron, el amparo resultará improcedente contra esta normativa, no porque se hubiere consentido ésta al no acudir al juicio de amparo con motivo de su primer acto de aplicación, sino en virtud de que este juicio constitucional resultará extemporáneo respecto del acto en el que se dio la afectación directa patrimonial en perjuicio del contribuyente y, en consecuencia, dicho juicio también resultará improcedente respecto de la normativa aplicada implícitamente en éste. En ese orden de ideas, se concluye que si el contribuyente pretende impugnar una norma general con motivo de su aplicación generada por un tercero en auxilio de la administración, es necesario que el amparo se promueva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél al en que tuvo conocimiento pleno del acto en el cual se dio la respectiva afectación patrimonial, atendiendo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que si en la denominada "retención" realizada por el notario público o tercero auxiliar concurre la voluntad del contribuyente, en cuanto a decidir el momento en el que entrega los recursos que tiene a su disposición, resulta indudable que éste tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar el monto correspondiente. De ahí que, el inicio del cómputo del plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente, en tanto que éste tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, tiene lugar al día siguiente al en que el contribuyente entrega esos recursos al referido tercero auxiliar, pues en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial respectiva. Ahora bien, en el presente caso la afectación patrimonial sufrida en la esfera jurídica de la parte quejosa tuvo lugar desde que éste efectuó el pago de la cantidad equivalente al derecho que reclama mediante pago de once de agosto de dos mil veintitrés, ante la Notaría Pública encargada de la escrituración, la cantidad resultante del presupuesto que se practicó por dicha notaria que es el costo para la elaboración y registro de la escritura pública de compraventa, en dicha cantidad se incluyó el concepto de derechos de registro; como se desprende del oficio, con anexos, suscrito por la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, acordado el catorce de los actuales. Manifestación, a la que esta juzgadora otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, al ser emitida por una autoridad con motivo y en ejercicio de sus funciones; en uso de las facultadas conferidas en el párrafo segundo del artículo 1, en relación con la fracción XVII, del numeral 2, ambos de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua. Es decir, el quejoso sufrió la afectación patrimonial desde el once de agosto de dos mil veintitrés, cuando realizo el pago de la cantidad respectiva por la inscripción de derechos de registro. Además, el fedatario fue claro en decir que recibió una parte del pago por el ahora quejoso, el once de agosto de dos mil veintitrés. Incluso, para comprobar esa manifestación, remitió copia certificada del comprobante de pago realizado por el quejoso a la cuenta del referido notario, titular de la cuenta bancaria de la institución financiera, Banco del Bajio, Sociedad Anónima, Institución de Baca Múltiple, en dicha constancia se aprecia el pago realizado en la fecha indicada por el notario. Esto es, en esa data el promovente tuvo conocimiento y sufrió la afectación a su esfera patrimonial, con motivo del pago de la suma correspondiente a tales derechos por inscripción registral. En esa tesitura, a partir del momento de esa afectación patrimonial, derivada de la aceptación de la parte quejosa de erogar los recursos respectivos, inició el cómputo del plazo de quince días para controvertir mediante el juicio de amparo el respectivo acto de aplicación, debiendo precisarse que, en todo caso, el desconocimiento de dicha normativa le resulta atribuible, inicialmente, al propio contribuyente quien tuvo la opción de no realizar el pago hasta en tanto el referido tercero le hiciera del conocimiento la fuente de esa afectación patrimonial. Ello es así en tanto que como se anticipó, el acto aplicación tratándose de la impugnación de normas heteroaplicativas es aquel en el cual el particular se ubica en el supuesto normativo que genera una afectación -en el caso patrimonial- en la esfera jurídica del quejoso; lo cual en esta situación se traduce en la entrega al tercero en auxilio de la autoridad. Sin que el futuro evento de la fecha en la cual el fedatario público entere, a su vez, a la autoridad registral y esta expida el comprobante respectivo, modifique el momento en el cual el ciudadano afectado en su patrimonio vio trastocada su esfera con la erogación del pago. Además, se insiste, es la afectación patrimonial el evento que acorde las jurisprudencias referidas en este fallo debe tomarse en consideración como acto de aplicación que actualiza el termino para promover el juicio constitucional; lo que difiere del conocimiento del fundamento y motivo del acto reclamado; pues nos encontramos en un amparo contra leyes que debe incoarse a partir del primer acto de aplicación del texto normativo tildado de ilegal. Precisado lo anterior, si la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la afectación patrimonial respectiva y, por ende, del perjuicio generado en su esfera jurídica, al menos desde el once de agosto de dos mil veintitrés, en que efectuó el pago ante el fedatario público de la suma correspondiente por concepto de derechos por inscripción registral y traslación de dominio, cuya constitucionalidad cuestiona, entre otros conceptos. Esto es, en esta data la solicitante de la tutela constitucional tuvo conocimiento y sufrió la afectación a su esfera patrimonial, con motivo del pago de la suma correspondiente a tales derechos por inscripción registral, que enteró junto con los diversos gastos notariales derivados de la escritura. Entonces, el plazo respectivo de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió al día siguiente de ese pago, que es del catorce de agosto al uno de septiembre de dos mil veintitrés, y si la demanda de amparo se presentó hasta el seis de septiembre de dos mil veintitrés, es inconcuso que ello ocurrió cuando ya había fenecido el término de quince días hábiles que la Ley de Amparo establece para la impugnación de los actos de aplicación de las normas que combate. En ese contexto, debe destacarse que aun cuando la parte quejosa aduce que realizó el pago por los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, cuando se hizo el pago ante la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, por los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la escritura que contiene la traslación de dominio, lo cierto es que al concurrir su voluntad y al entregar dentro del margen legal para ello los recursos para que la notaría pública en auxilio de la administración pública llevara a cabo los pagos correspondientes, resulta claro que desde la firma de la escritura respectiva y/o la entrega de las cantidades respectivas al tercero auxiliar, tuvo conocimiento de la afectación patrimonial en su perjuicio. Por lo que, no es dable que su situación jurídica se defina respecto del momento en que aduce haber tenido conocimiento de la aplicación de las normas impugnadas para efecto de promover juicio de amparo en su contra, incluso, de forma implícita pues, como ya se mencionó, no puede desvincularse el estudio de la procedencia del amparo contra una disposición normativa impugnada, del relativo a la procedencia de ese medio de control constitucional contra su acto de aplicación. Aún más, si bien no se encuentra acreditado fehacientemente que al momento de la firma de la escritura o en el que efectuó el pago por concepto de derechos de inscripción la parte quejosa tuvo conocimiento preciso de qué normas generales le fueron aplicadas al entregar -con la concurrencia de su voluntad-, los recursos económicos correspondientes; lo cierto es que sí tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que provoca la actualización de lo previsto en esas normas, pues sólo con la concurrencia de su voluntad podría darse esa afectación, al entregar los recursos respectivos que se encuentran bajo su resguardo. En tal virtud, el presente juicio de amparo resulta improcedente por extemporáneo respecto del acto de aplicación de las normas impugnadas y, en consecuencia, también resulta improcedente respecto de las normas tildadas de inconstitucionales que se concretaron en su esfera jurídica con motivo de dicho acto; por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, por ende, se impone decretar el sobreseimiento en términos del diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio amparo promovido por ******************** ********************, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al agente del ministerio público de la federación de la adscripción. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Claudia López López, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a sus autos el escrito, signado por el licenciado ********************, Notario Público número Veiniocho del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, por medio del cual informa que el quejoso ******************** llevo a cabo el trámite de escrituración correspondiente a la escritura ******************** (********************) de fecha once de agosto de dos mil veintitrés y con fecha once y treinta de agosto de dos mil veintitrés realizó el pago de gastos notariales erogados por escrituración dentro de los que se encuentran las contribuciones relativas a los derechos de registro, para lo cual remite copia certificada de las constancias relativas a dichos pagos; lo que será considerado al momento de resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guarda los autos, se advierte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, que señala que la demanda de amparo fue recibida en forma extemporánea, con motivo de que se realizó un acto posterior, es decir, el día que según se realizó el pago de las contribuciones ante el notario público.********************En las relatadas circunstancias, tomando en cuenta que podría actualizarse una causal de improcedencia que debe acreditarse fehacientemente, la cual es de orden público y de oficio para la suscrita; por tanto, con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, y 75, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, mediante oficio, que se adjunte copia de la demanda de amparo y anexos, requiérase al licenciado ********************, Notario Público Número 28 del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído:********************(Informe si le retuvo al quejoso********************, alguna cantidad con motivo del acto traslativo de dominio y en su caso, señale la fecha en la cual el quejoso le hizo entrega de la suma de dinero correspondiente a dicho pago; y,********************(Asimismo, en su caso, remita copia certificada del comprobante respectivo (ya sea que lo haya recibido electrónicamente, de manera directa, o bien, por conducto de una moral crediticia que lo haya entregado en nombre de la parte quejosa).********************En el entendido de que la notaría requerida deberá señalar expresamente el día que recibió las cantidades referidas y comprobarlo, más no el día de la expedición del recibo correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda; en virtud de que dicho recibo puede expedirse en cualquier momento, de modo que puede no corresponder al día en que se le enteró la cantidad correspondiente.********************Por otra parte, si el pago se realizó por conducto de una institución crediticia, la persona Notaria deberá referir si en el instrumento generado con motivo del acto jurídico que dio pauta al pago de los derechos traslativos de dominio obra el consentimiento expreso de la parte quejosa de aceptar la entrega de las cantidades correspondientes al pago de los derechos registrales reclamados, en cuyo caso, también deberá remitir copia certificada del instrumento respectivo.********************Se hace del conocimiento de la persona fedataria el delito especial que cometen aquellas personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial u omitan los que le consten en relación al acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, como lo establece el artículo 261 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento al requerimiento precisado en este apartado, se le podrá imponer como medida de apremio una MULTA por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, según lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, con registro 176291, que dice: ********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto."****************************************Notifíquese por lista electrónica, y por oficio se requiere al citado notario.********************Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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