Andrés Castillo Santiago

Expediente 80/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
80/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Andrés Castillo Santiago
  • Zaira Marianne Castillo Vicente

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que los impetrantes hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por Andrés Castillo Santiago, Alicia Vicente Santes y Zaira Marianne Castillo Vicente, por propio derecho, contra actos del el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 80/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En principio, conviene trascribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." (Lo resaltado es propio). En ese sentido, los promoventes del amparo, precisan como actos reclamados: "De la autoridad responsable señalada como ordenadora reclamo: A) La ilegal diligencia de notificación y requerimiento de fecha 3 de febrero de 2021, dentro de los autos del juicio ordinario civil número 387/2016-II, con lo que se me generó un estado de indefensión, al haberme privado de mis derechos constitucionales, ya que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento toda vez que existen recursos en instancias superiores por resolverse. B) Como consecuencia de lo anterior se reclama la nulidad de la sección de ejecución dentro del juicio ordinario civil número 384/2016-II (sic) del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, por no haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. De la autoridad responsable señalada como ejecutora reclamo: A) La ilegal diligencia de requerimiento practicada dentro de los autos del juicio ordinario civil número 387/2016-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, en cuya notificación de fecha 03 de febrero del año en curso, consta que se me está requiriendo el inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán número 415 y/o 415 interior, ya que como se indica en dicha notificación se me requiere dicho inmueble por resolución confirmada del toca 1081/2019 del índice de la Cuarta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando sin embargo existe un juicio de amparo directo, así como un recurso de revisión que en los antecedentes del acto reclamado se precisará. B) Por consecuencia del inciso inmediato anterior, reclamo la ilegal diligencia de notificación y requerimiento de fecha 03 de febrero del año 2021, dentro del juicio ordinario civil 387/2016, llevada a cabo por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia, del distrito judicial de Papantla, Veracruz. C) Como consecuencia de lo anterior se reclama a nulidad de la sección de ejecución realizada dentro del juicio número 387/2016-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Papantla, Veracruz, por no haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. De esta autoridad reclamado todas las consecuencias de hecho por derecho provengan de lo anterior." Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente destacar que del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que por esta vía se combaten fueron emitidos en ejecución de sentencia, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narraron los impetrantes, así como de los conceptos de violación, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: "1.- En fecha 11 de abril del año 2016 el señor Mardonio Ramos Márquez, nos demandó la terminación· de un supuesto contrato de comodato en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Papantla, Veracruz, el cual dicho expediente quedó radicado bajo el número 387/2016. 2.- Los hoy quejosos reconvenimos la prescripción positiva de mala fe dándose entrada en auto de fecha 9 de mayo del 2016 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Papantla, Ver. La cual obra en los autos del mismo expediente 387/2016. 3.- Siguiendo la secuela procesal se dictó sentencia en primera instancia en fecha 25 de Marzo de 2019, dictada por su el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Papantla, Ver., misma que fue notificada en fecha 29 de Marzo de manera personal por conductos de mis abogados patronos. 4.- Con fecha de escrito de 5 de abril del año en curso se promovió recurso de apelación en ambos efectos por los suscritos; quedando radicado bajo el TOCA 1081/2019 a cargo de la H. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 5.- El día 20 de septiembre del 2019 se emito la sentencia por H. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual en sus puntos resolutivos confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Papantla, Ver. 6. El 11 de octubre del año 2019 promovimos el amparo directo en contra de la sentencia del toca 1081/2019, por lo que se dio entrada al juicio de amparo directo número 941/2019 que se radicó en el Primer Tribunal Colegiado de circuito del estado de Ignacio de la Llave. 7. Resulta que el día 25 de noviembre del año 2020, por conducto del C. actuario adscrito se me realizó un requerimiento a los suscritos, siendo este un ilegal requerimiento ya que en ese entonces no se resolvía el fondo del asunto ya que como se indicó en el hecho inmediato anterior estaba en trámite un amparo directo con número de expediente 941/2019 derivado del primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil en el Estado de Veracruz, ya que el fondo del asunto teníamos interpuesto un recurso de revisión que se dio entrada con el número 3362/2020, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." De lo anterior, se colige que la diligencia de notificación y requerimiento de entrega del bien inmueble que refieren ubicado en calle Aquiles Serdán número 415 y/o 415 interior, de tres de febrero del año en curso, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, en el juicio ordinario civil 387/2016, de su índice, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Se afirma lo anterior, porque dicha actuación no puede considerarse como un acto autónomo, sino que por el contrario, se trata de un acto dictado en el procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, no es aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo, motivo por el cual el presente sumario de derechos fundamentales resulta improcedente. En efecto, la diligencia de notificación y requerimiento combatida no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, porque en ese acto únicamente se requirió a los promoventes la entrega material el bien raíz a que hacen referencia; de lo que se colige que no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia, ni declaró su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún se ordenó el archivo definitivo del expediente; por tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo en la vía indirecta a que se contrae la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto que posea autonomía propia o que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Lo anterior es así, porque tal acto no goza de autonomía propia o destacada con relación al procedimiento de ejecución de sentencia -debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante- sino que el auto combatido no es ajeno a la cosa juzgada, pues está relacionado con la forma en que se pretende ejecutar la sentencia y planillas de liquidación de intereses aprobadas, ya que tiene como apoyo la existencia de un fallo que tiene el carácter de cosa juzgada. Por consiguiente, si en el caso, el juicio de amparo se promovió en contra de una resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia y con independencia de las violaciones en que se haya incurrido, se tiene que: a) no se presentó en contra del último acto dictado en la ejecución de la sentencia -sino en contra de una determinación que se emitió en dicha etapa-; y b) no se genera una afectación de derechos sustantivos de los impetrantes -toda vez que se relaciona directamente con la ejecución de la cosa juzgada-; es claro que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que los impetrantes podrán hacer valer las violaciones cometidas en dicho proveído hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución; puesto que, en su caso, al tener por cumplido el fallo, declarar la imposibilidad material o jurídica para ejecutarlo o bien, ordenar el archivo del expediente, estarán en aptitud de formular las violaciones derivadas del auto aquí reclamado. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 170134 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T. J/89 Página: 1482 AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Asimismo, apoya a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Sin que la determinación aquí reclamada tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural no resarcibles en la resolución definitiva, para considerar que excepcionalmente procede en su contra el juicio de amparo indirecto, de conformidad con la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, pues el auto combatido, es en relación al requerimiento de pago derivado de la sentencia emitida en el juicio natural; por lo que es inconcuso, que se encuentra directamente vinculado con la ejecución de aquél. Esto es así, porque, en la sesión del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo lugar el cuatro de mayo de dos mil diez, origen de la jurisprudencia anterior, se resolvió que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que dichos actos: a) Afecten de manera directa derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la ejecutoria citada se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también es procedente en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, cuestión que en el caso, como se analizó, no acontece dado que el requerimiento de pago fue emitido en acatamiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, por ende, no es ajeno a la cosa juzgada en definitiva. No se soslaya que la parte quejosa haya referido que se encontraba pendiente de resolver el amparo directo 941/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como el recurso de revisión 3362/2020 radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de una consulta en la página electrónica del Consejo de la Judicatura, concretamente, en la liga denominada "SISE EXPEDIENTES" https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/ expedientes/ExpedienteyTipo.asp, se advierte que en el amparo directo 941/2019, mediante ejecutoria engrosada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se le negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado a los quejosos, en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del toca 1081/2019 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; así como que el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de amparo directo 941/2019, fue desechado por el Más Alto Tribunal el tres de noviembre de dos mil vente; dicha publicación constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que puede ser invocada de oficio en el presente asunto. Es aplicable, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2017123 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Página: 10 HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO En virtud de que los impetrantes del amparo señalan como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese por lista a los promoventes. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano