Andrés Epifanio Monsalve Deceano
Expediente 706/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andrés Epifanio Monsalve Deceano
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Oriente, Zona Poza Rica, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 4, 8, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 706/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo contenido a continuación se expondrán. I. causa de improcedencia Invocada El artículo previamente mencionado, establece, textualmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior se advierte que, conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reputarse como autoridad responsable, al ente que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; es decir, para efectos de dicho numeral, autoridad responsable es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de no estarse ante un acto de tal naturaleza, la consecuencia, será la improcedencia del juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio a que se alude se encuentra inmerso en la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, del Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Materia Común, con número de registro 161133, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aludida en el acuerdo recurrido, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." II. acto reclamado De la lectura integral del escrito de demanda y su escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el consistente en: "ÚNICO. EL ILEGAL PROCEDIMIENTO PARA PRIVAR AL SUSCRITO DE USO Y DISFRUTE DEL SERVICIO DE CORRIENTE ELÉCTRICA INSTALADA EN EL INMUEBLE UBICADO EN HOTEL LOS ANGELES CALLE MURILLO VIDAL SIN NUMERO COLONIA CANDIDO AGUILAR, DE LA CIUDAD DE TECOLUTLA, VERACRUZ." Dicho acto no puede ser considerado de autoridad para los efectos de procedencia de la acción constitucional. III. Conclusión En ese tenor, es factible sostener que los actos reclamados son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares. Situaciones que surgen en el ámbito del derecho privado contractual. En el caso concreto, los actos de que se duele el peticionario de amparo no genera per sé que la relación de coordinación se transforme en una supra a subordinación. Sólo implica el ejercicio del legítimo deber de brindar la prestación como cualquier relación contractual, como sucede tratándose de contratos privados, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. Así, el corte del suministro de energía eléctrica no puede verse como un procedimiento de ejecución de mecanismos coercitivos dirigido a obtener algo del particular. En todo caso debe ventilar las cuestiones que aduce (ilegal corte y se encuentra al corriente de pagos) derivadas del suministro de energía eléctrica como derechos y obligaciones propios de los contratos ante la potestad común. De manera que si considera indebido el corte de energía eléctrica que realizará la empresa Comisión Federal de Electricidad en el inmueble donde tiene contratado el servicio, debe acudir ante las instancias ordinarias a efecto de hacer valer esos derechos derivados de su relación contractual. En las cuales necesariamente su contraparte deberá establecer, en razón de las prestaciones que reclame, las razones por las cuales efectuará la suspensión de la que se duele. Ya que todas esas cuestiones se advierten cuentan con naturaleza comercial. Por lo que las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en vía ordinaria, no en una instancia extraordinaria de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Civil, Registro 2016656, de rubro y sinopsis siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Además, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias Común y Administrativa, página 1008, Décima Época, Registro 2019230, de epígrafe y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Ténganse por autorizados del quejoso únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Magdalena García Ramírez, Martín García Salazar y Jorge Morales Perales, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico proporcionado por el impetrante y agréguense como información de contacto. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese por medio de lista de acuerdos al promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
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