Andrea Margarita Velazco Salas

Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
332/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Andrea Margarita Velazco Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Rectora de la Universidad Veracruzana y otras, por violación a los artículos 1, 5, 11, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 332/2020, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ESTUDIO Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En el caso, la quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: [...] "IV. ACTOS RECLAMADOS.- LA NEGATIVA AL PAGO DE MIS SALARIOS Y ENTREGARME LA INFORMACIÓN DE MI PLAZA QUE OBTUVE MEDIANTE CONCURSO..." [...] Esta juzgadora advierte que respecto del acto precisado se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61 fracción XXIII, con el artículo 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, conviene hacer una breve referencia a la evolución jurisprudencial del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que servirá de base para la interpretación del texto vigente de la Ley de Amparo, el cual es producto en gran medida, de esa evolución interpretativa. La Ley de Amparo abrogada no ofrecía una definición específica de lo que debía entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su artículo 11 sólo aludía al acto que la autoridad responsable puede desplegar, al señalar que: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". Inicialmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el término de autoridades comprendía a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estuvieran en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Criterio que se contiene en la tesis aislada, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 289962 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 1067 AUTORIDADES. El término "autoridades", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen". Posteriormente, la Segunda Sala sostuvo el criterio consistente en que no debe exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares. Entonces, consideró que el parámetro que debía servir para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, habría de atender a la naturaleza misma de los actos, los que pueden ser, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales. De modo que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tuviese, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debía determinarse si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, tendría el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo. El criterio en mención, se advierte de la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 335181 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLV Materia(s): Común Tesis: Página: 5033 AUTORIDAD, CARACTER DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En derecho público, se entiende por autoridad, a un órgano del Estado, investido legalmente de la facultad de decisión y del poder de mando necesario para imponer a los particulares sus propias determinaciones, o las que emanen de algún otro órgano del mismo Estado; pero tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal. Así lo ha entendido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo del señor Marcolfo F. Torres, en la que textualmente se dice: "En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquéllas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, sostienen que el término "autoridad", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen;...." Encontrándose que el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, según la doctrina antes expresada, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales, debe concluirse que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tenga, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debe atenderse, en el caso de que se trate, a precisar si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, debe considerarse que tiene el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo, pues por ejemplo, la declaración administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto típico de autoridad, y también lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento". Luego el Pleno aludió a los actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; y, al ejercicio de facultades decisorias. Se señaló que la llamada rectoría del Estado en materia económica, modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto tradicional de autoridad y que estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El criterio que contiene este parámetro se encuentra en la tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. A este criterio le siguió el de la Segunda Sala del más alto Tribunal en el cual señaló que tiene el carácter de autoridad el órgano del Estado que afecta la esfera jurídica del gobernado, en relaciones que no se entablan entre particulares. Distinguió entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución; y las de supraordinación, que se entablan entre órganos del Estado. Dicho parámetro se contiene en la tesis aislada 2a. XXXVI/99, cuyo contenido es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 194367 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página: 307 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". De lo destacado se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las tesis aisladas y de los criterios jurisprudenciales emitidos en sus distintas Épocas, definió lo que debía entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas, que se recogen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, como criterio integrador, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". El artículo 5, fracción II, de la actual Ley de Amparo, atendiendo a esa labor jurisprudencial, contiene una definición de lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicho precepto dispone, en la parte que interesa, lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La norma anterior ofrece un concepto material de autoridad para efectos del juicio de amparo, del cual se advierte lo siguiente: 1. Lo relevante no es la naturaleza formal de la autoridad, esto es, su pertenencia a la administración pública centralizada, descentralizada o paraestatal, sino la naturaleza de los actos que emite. Con ello retoma el criterio de que pueden existir autoridades que actúen fuera del ejercicio de sus atribuciones legales, en perjuicio de los particulares, sin que esa circunstancia impida tenerlas como tales para efectos del juicio de amparo. 2. Destaca la unilateralidad y obligatoriedad de sus actos, como notas para identificarlos. Es decir, que se trate de actos a través de los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo que denota, además, que deben emitirse con base en una relación de supra a subordinación, y no en una de coordinación propia de las relaciones entre particulares. 3. Cuando se reclamen omisiones, debe tenerse en cuenta si, de realizarse el acto omitido, tendría esos efectos de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 4. Finalmente, dado el concepto material que contiene, la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que los particulares emitan actos con las características descritas y, que por ello, puedan ser considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo, con la condición de que sus funciones estén establecidas en una norma general, es decir, su contenido debe coincidir con una facultad legal de ejercicio irrenunciable y pública. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que ofrece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el precepto interpretado, una autoridad o particular tendrá materialmente el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, si se cumplen las siguientes condiciones: 1. Que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, u omita alguno, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria. 2. Con base en una función establecida en la ley, que establezca una relación de supra a subordinación. La unilateralidad a que se refiere el precepto en análisis, como se explicó, implica que para modificar la situación del afectado o emitir el acto, no precisa de la voluntad de éste o su consenso. En tanto que la obligatoriedad supone que no necesita de acudir a un tribunal o diversa autoridad para hacer efectivo su acto. El requisito de que el acto provenga de una función que le confiera la ley, alude a que su contenido debe coincidir con una facultad legal, lo que implica que se emita en una relación de supra a subordinación y no de coordinación, como las que acontecen entre particulares. Entonces, interpretado en sentido contrario el contenido del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la misma ley, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos que no reúnan las características descritas y que, por ende, no deban ser considerados como de autoridad para efectos del juicio protector de derechos humanos. En el caso, como se anticipó, no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la posición de la quejosa frente a la Universidad Veracruzana, no es la de un gobernado sino de una empleada, ya que el acto reclamado no deriva del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón. Al respecto es importante destacar que la quejosa, señaló en su escrito de demanda, como acto reclamado: "LA NEGATIVA AL PAGO DE MIS SALARIOS Y ENTREGARME LA INFORMACIÓN DE MI PLAZA QUE OBTUVE MEDIANTE CONCURSO, EN UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULO 5 Y 8 DE NUESTRA CARTA MAGNA" Asimismo, expuso como antecedentes del acto que reclama, lo siguiente: "...1. LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE POZA RICA, VER. EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 PUBLICÓ UNA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA OCUPAR LA PLAZA DE DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, A PARTIR DE 1° DE FEBRERO DEL 2020 CON UN PERFIL ABIERTO, EN LA CUAL PARTICIPÉ CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA DICHO PROCESO, EN ESE CONCURSO OBTUVE EL RESULTADO A MI FAVOR, EMITIDO CON FECHA DEL 17 DE ENERO DEL 2020, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA Y EL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADEMICO VIGENTE; PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 2. UNA VEZ QUE SE EMITIÓ EL RESULTADO, EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2020 EL DR. PEDRO GUTIÉRREZ AGUILAR EMITIÓ UN DICTAMEN, EN EL CUAL DICE QUE HABIENDO REUNIDO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, CUMPLO CON EL PERFIL PARA EJERCER LA PLAZA TITULAR "C", EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2020 FIRMÉ MI PROPUESTA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL Y ACEPTACIÓN DE LA PLAZA QUE SE OFERTÓ MEDIANTE CONCURSO, LA CUAL RECIBE Y SELLA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EL MISMO DÍA 23 DE ENERO DEL 2020. 3. DESPUÉS DE MÁS DE OCHO MESES DE HABER FIRMADO MI CONTRATO LABORAL CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y HABER ESTADO DESEMPEÑANDO ESA PLAZA DE DOCENTE, AL DÍA DE HOY NO SE ME HA PAGADO MIS SALARIOS Y SE ME HA NEGADO LA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL EN LO QUE RESPECTA A LA PLAZA DE TIEMPO COMPLETO DE LA QUE FUI GANADORA Y EN LA CUAL HE VENIDO LABORANDO. 4. AL VER QUE NO ME PAGABAN FUI A RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., EL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA VER ESTA SITUACIÓN, POR LO QUE ME DIJO LA SECRETARIA MARIBEL CERVANTES QUE LOS DOCUMETOS YA SE ENCONTRABAN EN RECURSOS HUMANOS, PERO QUE NO ME PODÍAN PAGAR PORQUE HABÍA UNA INCONFORMIDAD DE UNA MAESTRA; DE LA CUAL NUNCA ME HAN NOTIFICADO O DADO A CONOCER, SIN EMBARGO HE VENIDO PRESTANDO MIS SERVICIOS DOCENTES, SIN RECIBIR PAGO ALGUNO. 5. DESDE EL DÍA 20 DE JUNIO HE INTENTADO QUE SE ME HAGA EFECTIVO EL PAGO DE MIS SALARIOS DE LA PLAZA QUE VENGO DESEMPEÑANDO Y EL DR. PEDRO GUTIÉRREZ AGUILAR, EL DÍA 1 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ME COMUNICÓ VERBALMENTE QUE NO ME PODRIA PAGAR EL SALARIO QUE ESTABLECE LA PLAZA, PORQUE ESTA SE HABIA DECLARADO DESIERTA, SIN DARME EL MOTIVO POR EL CUAL SE DECLARABA ASÍ, SOLO ME DIJO QUE YA LE HABIA MANDADO EL DOCUMENTO AL VICERRECTOR DR. JOSÉ LUIS ALANÍS MÉNDEZ. 6. EL DÍA VIERNES 2 DEL PRESENTE MES, ACUDI CON EL VICERRECTOR DR. JOSÉ LUIS ALANÍS MENDEZ, EL ME DIJO QUE EL DOCUMENTO SE LO HABIA ENVIADO AL DIRECTOR DE LA FACULTAD Y QUE EL ME DARÍA LA INFORMACIÓN, EL DIRECTOR DE MI FACULTAD EL MTRO. CIRO ENRIQUE LÓPEZ ROMERO Y ME DIJO QUE NO TIENE NINGUNA INFORMACIÓN. 7. ES EL CASO QUE HE TRATADO DE OBTENER LA INFORMACIÓN O LAS RESPUESTAS QUE RAZONADAMENTE ME EXPLIQUEN PORQUE RAZON NO HE RECIBIDO MI SALARIO DE LA PLAZA DE DOCENTE QUE VENIDO DESEMPEÑANDO, EL VICERRECTOR ME HA DICHO EN FORMA VERBAL QUE EN EFECTO QUE EL TIENE ESE DOCUMENTO DONDE SE DECLARA LA PLAZA DESIERTA PERO QUE NO ME PUEDE ENTREGAR NINGUN DOCUMENTO PORQUE NO VAN DIRIGIDOS A MI. 8. AL VER QUE AQUÍ NADIE ME DA UN DOCUMENTO, DE NUEVA CUENTA ME TRASLADE A LA CD. DE XALAPA PARA SOLICITAR POR ESCRITO LA SITUACIÓN DE MI PLAZA, ENTREGANDOLE OFICIOS A LA DRA. MARÍA MAGDALENA HERNANDEZ ALARCÓN, AL DR. PEDRO GUTIÉRREZ AGUILAR, AL MTRO. VÍCTOR MANUEL LEÓN LEÓN, SIN QUE HASTA ESTA FECHA SE ME HAYA INFORMADO POR ESCRITO ALGUNA RESPUESTA. 9. YO FUI CONTRATADA EN LA PLAZA DE DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO EL DIA 23 DE ENERO DE 2020, POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADA Y CON CATEGORIA TITULAR "C" EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, YA QUE ESA PROPUESTA ES MI CONTRATO DE TRABAJO..." Lo destacado pone en evidencia, que el acto reclamado por la quejosa se da en una relación de coordinación, derivada de su vínculo laboral con la Universidad Veracruzana de esta ciudad, y no en un plano de supra-subordinación, por lo que la falta de pago de su salario y la falta de información sobre dicha plaza en la que fue contratada como docente, no es un acto que pueda considerarse de autoridad para la procedencia del amparo. Y es que la prestación de sus labores como docente está íntimamente vinculada con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la Universidad Veracruzana con residencia en esta ciudad, por conducto del personal de recursos humanos, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente. En este sentido es aplicable al caso la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 199460 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: P. XXVIII/97 Página: 119 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". Entonces, si la procedencia de la acción constitucional de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, y ello no acontece en el caso concreto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último, a contrario sensu. Sirve de apoyo a lo anterior: "Época: Décima Época Registro: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Página: 1956 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Candelario García Urbina y Liliana Cruz Anguiano toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Liliana Mercedes Enríquez Saavedra, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito y por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico proporcionado por la impetrante, y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, la cual deberá quedar regularizada a más tardar el 15 de octubre de 2020, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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