Anali Hernández del Ángel

Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Anali Hernández del Ángel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el trece de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Analí Hernández Del Ángel, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES "Deje insubsistente todas las actuaciones efectuadas en el juicio ordinario civil 1038/2018, de su índice, tendientes a hacer efectiva la garantía hipotecaria que constituye el inmueble ubicado en calle Coyametl, número 49-A, lote 509, manzana 24, fraccionamiento denominado "Kawatsin Valencia", ubicado en el municipio de Coatzintla, Veracruz, con ello únicamente se incluye la parte de la sentencia definitiva en la que se precisa "(.) hágase efectiva la ejecución de la garantía hipotecaria descrita en el contrato de base de la acción (.)." Lo anterior, sin declarar nula actuación alguna en relación a los derechos personales debatidos y sin integrar a la impetrante a la controversia de origen, atento a que en la materia civil rige el principio de instancia de parte y es de estricto derecho; sin perjuicio de que la parte tercero interesada haga valer las acciones que estime procedentes a fin de hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual se encuentra constituida sobre el bien que reclama la quejosa y sin que esta resolución implique en forma alguna decisión sobre la misma, ya que esta es un derecho real constituido a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que persigue al bien inmueble. [.] Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las Actuarias adscritas al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; consistente en la ejecución de las actuaciones efectuadas en el juicio ordinario civil 1038/2018, tendientes a hacer efectiva la garantía hipotecaria que constituye el referido bien inmueble, pues se reclamaron en vía de consecuencia del procedimiento y no por vicios propios. Mediante oficio 64 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, informó que mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 1038/2018, de su índice, se tuvieron por presentadas a las apoderadas legales de la parte actora y demandada, exhibiendo convenio de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio natural de reconocimiento de adeudo y forma de pago, comprometiéndose los demandados a realizar los pagos en las fechas y en los términos acordados en el convenio aludido; el cual fue aprobado mediante resolución de nueve de marzo siguiente, elevándose a la categoría de cosa juzgada, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte y que acreditan su dicho. De igual forma, mediante oficio 529 el juez responsable remitió copia certificada del convenio celebrado por las partes contendientes en el juicio ordinario civil 1038/2018. En virtud de lo anterior, procede declarar sin materia el presente cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de que el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, informó que por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 1038/2018, de su índice, se tuvieron por presentadas las apoderadas legales de la parte actora y demandada, exhibiendo convenio de veintiocho de febrero de dos mil veinte, del cual se advierte dentro de la cláusula décima lo siguiente: Convenio que fue aprobado mediante resolución de nueve de marzo siguiente, elevándose a la categoría de cosa juzgada, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte con la cual acreditó su dicho. En ese contexto, resulta innegable que el cumplimiento a la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, debe declararse sin materia, dado que las partes contendientes llegaron a un acuerdo mutuo de consentimiento dentro del juicio natural, por cuanto hace al reconocimiento de adeudo y forma de pago, comprometiéndose los demandados a realizar los pagos en las fechas y en los términos acordados en el convenio aludido, mismo que fue aprobado por no contener cláusulas contrarias a la moral o al derecho, elevándose a categoría de cosa juzgada; y además se advierte dentro de dicho convenio, que la parte quejosa manifestó su voluntad de que el inmueble controvertido quede sujeto al gravamen impuesto; pactando además que la hipoteca durará por todo el tiempo que subsista la obligación y conservará la preferencia derivada del registro de su constitución en el Registro Público de la Propiedad, por tanto, al no existir ya la controversia de origen, resulta evidente que NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR. Finalmente, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase saber a la parte quejosa que tiene el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para promover el recurso de inconformidad contra este auto. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; personalmente a los terceros Ernesto Cadena Nieto y Josefina Lorenzo Barrera; por lista a la parte quejosa como está ordenado en auto de veinte de enero de dos mil veinte; y por oficio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); y a las autoridades responsables, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA AL TERCERO INTERESADO ERNESTO CADENA NIETO.- Visto; el oficio 529 con sus anexos, remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, con base en las constancias de autos, así como tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veinte, se ordenó remitir los autos originales al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que emitiera sentencia en auxilio de este juzgado, quien en el cuaderno auxiliar 289/2020, el trece de noviembre de dos mil veinte, emitió la sentencia para los siguientes efectos: "Deje insubsistente todas las actuaciones efectuadas en el juicio ordinario civil 1038/2018, de su índice, tendientes a hacer efectiva la garantía hipotecaria que constituye el inmueble ubicado en calle Coyametl, número 49-A, lote 509, manzana 24, fraccionamiento denominado "Kawatsin Valencia", ubicado en el municipio de Coatzintla, Veracruz, con ello únicamente se incluye la parte de la sentencia definitiva en la que se precisa "(.) hágase efectiva la ejecución de la garantía hipotecaria descrita en el contrato de base de la acción (.)." Lo anterior, sin declarar nula actuación alguna en relación a los derechos personales debatidos y sin integrar a la impetrante a la controversia de origen, atento a que en la materia civil rige el principio de instancia de parte y es de estricto derecho; sin perjuicio de que la parte tercero interesada haga valer las acciones que estime procedentes a fin de hacer efectiva la garantía hipotecaria, la cual se encuentra constituida sobre el bien que reclama la quejosa y sin que esta resolución implique en forma alguna decisión sobre la misma, ya que esta es un derecho real constituido a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que persigue al bien inmueble. [.] Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las Actuarias adscritas al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; consistente en la ejecución de las actuaciones efectuadas en el juicio ordinario civil 1038/2018, tendientes a hacer efectiva la garantía hipotecaria que constituye el referido bien inmueble, pues se reclamaron en vía de consecuencia del procedimiento y no por vicios propios." En diverso proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se recibieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, por lo que se ordenó notificar a las partes de la sentencia dictada por dicho órgano auxiliar. En consecuencia, en acuerdo de dieciocho de diciembre siguiente, este juzgado federal declaró que la precitada sentencia causó ejecutoria, por lo que ordenó requerir a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector o, en su caso, las gestiones para lograrlo. Para tal efecto, mediante oficio 64 signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, informó que mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 1038/2018, de su índice, se tuvieron por presentadas las apoderadas legales de la parte actora y demandada, exhibiendo convenio de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el cual fue aprobado mediante resolución de nueve de marzo siguiente, elevándose a la categoría de cosa juzgada, remitiendo para tal efecto copia certificada de la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte y que acreditan su dicho. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: Ahora, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 1038/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, la cual es del tenor literal siguiente: "RESOLUCIÓN.- POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. VISTOS, para resolver los autos del expediente 1038/2018 Juicio Ordinario Civil, promovido por MARTHA LAURA GONZÁLEZ ATZIN, en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ERNESTO CADENA NIETO y JOSEFINA LORENZO BARRERA, de quienes demanda pagos de pesos y otras prestaciones, quienes formularon un convenio, y los demandados comparecieron por conducto de su apoderado legal ANALÍ HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL, ratificándolo ante la presencia judicial, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil veinte, convenio éste que contiene declaraciones y cláusulas donde se pone de manifiesto que dichos contendientes llegan a un acuerdo mutuo de consentimiento en el juicio que nos ocupa de reconocimiento de adeuda y forma de pago, comprometiéndose los demandados, a realizar los pagos en las fechas y en los términos convenidos en el convenio de marras, consecuentemente, se aprueba el presente convenio por no contener cláusulas contrarias a la moral o al derecho, elevándose a categoría de cosa juzgada y obligando a las partes a esta y pasar por él todo tiempo y lugar, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos1725 y 1726 del Código Civil, 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles. [.] De lo anterior se observa que, mediante resolución de ocho de marzo de dos mil veinte, dictado en el expediente 18/2018, juicio ordinario civil del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, la responsable tuvo por exhibido y ratificado el convenio celebrado entre las partes, el cual la responsable en términos del artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se elevó a cosa juzgada, puso fin a dicho juicio. Sin embargo, el juez responsable no remitió el convenio que aprobó en el citado auto de nueve de marzo del año próximo pasado, por lo que, a fin de estar en condiciones de resolver lo conducente en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, se requiere al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del convenio celebrado por las partes contendientes en el juicio ordinario civil 1038/2018. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento impuesto en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin perjuicio de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con el numeral 107, fracción XVI Constitucional.

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