Andrea Guadalupe Montes Cortes

Expediente 621/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
621/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Andrea Guadalupe Montes Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Informe Justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendidos por las autoridades señaladas como responsables Jueza del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California del Partido Judicial de Mexicali, Baja california y Secretaria Instructora de dicho Tribunal, y anexo que acompaña. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el informe justificado de cuenta, por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: La omisión por parte de la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, de proveer, entre otras cosas, la admisión de la demanda laboral que interpuso Andrea Guadalupe Montes Cortes, -hoy parte quejosa-, y además, dictar las providencias cautelares solicitadas dentro del escrito inicial de demanda, las cuales van dirigidas a salvaguardar la salud e integridad de la citada parte actora -hoy quejosa-, en razón a su estado de embarazo. En la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *****La parte quejosa se duele de la omisión por parte de la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, de proveer, entre otras cosas, la admisión de la demanda laboral que interpuso Andrea Guadalupe Montes Cortes, -hoy parte quejosa-, y además, dictar las providencias cautelares solicitadas dentro del escrito inicial de demanda, las cuales van dirigidas a salvaguardar la salud e integridad de la citada parte actora -hoy quejosa-, en razón a su estado de embarazo; sin embargo, de las constancias que obran de cuenta, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que la autoridad responsable por auto admisorio de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral 867/2023, admitió la demanda laboral que interpuso la hoy parte quejosa, y además, dictó las providencias cautelares solicitadas dentro del escrito inicial de demanda, las cuales van dirigidas a salvaguardar la salud e integridad de la citada parte actora -hoy quejosa-, en razón a su estado de embarazo. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, de proveer, entre otras cosas, la admisión de la demanda laboral que interpuso Andrea Guadalupe Montes Cortes, -hoy parte quejosa-, y además, dictar las providencias cautelares solicitadas dentro del escrito inicial de demanda, las cuales van dirigidas a salvaguardar la salud e integridad de la citada parte actora -hoy quejosa-, en razón a su estado de embarazo, y esto ya aconteció, es, evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. *****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente.

  3. Incidental

    RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos del considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el escrito signado por Rafael Quiroz Gómez, en su calidad de apoderado legal de la parte quejosa Andrea Guadalupe Montes Cortes, y en atención al contenido del mismo, acuérdese lo siguiente: Desahogo de prevención. Téngase al apoderado legal de la parte quejosa dando cumplimiento en tiempo y forma a la prevención hecha por esta autoridad federal en proveído de veintiuno de agosto del año en curso. Radicación. Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovido por Andrea Guadalupe Montes Cortes, por conducto de su apoderado legal Rafael Quiroz Gómez, contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. Registro en el SISE. Respecto al nombramiento de la autoridad responsable Secretario Instructor del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, lo cual se desprende del escrito aclaratorio de demanda, infórmese lo anterior a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las catorce horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. Conforme a los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo, con copia del escrito inicial de demanda, tramítese por separado el incidente de suspensión solicitado; ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 en relación con el Considerando Décimo Segundo, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, no se hace necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión -lo sustituye la versión electrónica-, por lo que sólo intégrese físicamente el cuaderno original. Informes justificados. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídaseles a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. La parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad, que en el caso no existe, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se adjuntaron, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, estas últimas por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

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