Andrés David Ardilla Rivera

Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
191/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Andrés David Ardilla Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos únicamente para efectos de control, el informe de cuenta, toda vez que mediante auto de veinticuatro de febrero del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, declarándose firme mediante auto de diecisiete de marzo del presente año. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe de cuenta. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas en su telegrama. Correo electrónico oficial. Téngase a la autoridad proporcionando el correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx; por lo que se instruye a los actuarios adscritos que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra la copia certificada del acta de defunción de 1) ********************, requerida mediante proveídos de seis de octubre y veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, al Titular del Registro Civil Municipal. Se solicita de nueva cuenta copia certificada de acta de defunción. Atento a lo anterior, requiérase de nueva cuenta al Titular del Registro Civil Municipal de esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si existe acta de defunción a nombre de 1) ********************. Para tal efecto, se proporcionan los siguientes datos personales: ( Nombre completo: ********************. ( Fecha de nacimiento: ********************. ( RFC: ********************. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo así dentro del término conferido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, podrá imponérseles en lo particular una multa equ

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos únicamente para efectos de control, el informe de cuenta, toda vez que mediante auto de veinticuatro de febrero del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Oficios. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los oficios y anexos remitidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa la situación migratoria del hoy quejoso ******, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. *****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ***En el caso, el quejoso (1) Andrés David Ardilla Rivera, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "I. AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, [.] DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, [.] DIRECTOR DE RESOLUCIONES MIGRATORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, [.] SUBREPRESENTANTE ESTATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, [.] AUTORIDAD MIGRATORIA RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, Instituto Nacional de Migración Garita (INAMI) EN LA GARITA UBICADA EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. REPRESENTANTE ESTATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, [.] SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. ADÁN AGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, [.] IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME: a) La ilegal detención y privación de mi libertad, comunicación y acceso al servicio de salud, con esto vulnerando nuestros derechos que como extranjeros tenemos y que prevé el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir mi derecho asilo, y el reconocimiento como refugiado y en consecuencia vulnera nuestra prerrogativa que consagra el artículo 15 de la Ley de Amparo. El acto de autoridad que señalo en contra de las autoridades responsables también vulneran en mi perjuicio el debido proceso, derechos humanos consagrados en la Constitución de este País, y previstos en Tratados Internacionales. En razón de que la privación de nuestra libertad al que somos objeto ha rebasado el término de 36 horas que la autoridad migratoria tiene como límite en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: (.) d) Asimismo, las autoridades responsables han omitido proporcionar información al quejoso de que tiene derecho "al otorgamiento de protección complementaria", consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontrara en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción III, artículo 3 fracción XXVI, fracción XXXI, de la Ley de Migración. [.]" De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojado por más de treinta y seis horas, en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su incomunicación y deportación, expulsión, proscripción o destierro. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el veinte de febrero del año en curso, se otorgó al ahora gestor del amparo la condición de estancia de visitante por permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada al quejoso, ya que así lo estableció la autoridad en cita, en el oficio de cuenta al establecer: "Al respecto, le informo a su Señoría que, se anexan al presente informe previo la copia certificada del DOCUMENTO PROVISIONAL DE VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS a nombre del referido quejoso, documento con el cual fue puesto en completa libertad. [.]" En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas del catorce de marzo de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano