Andrea García y/o Aranda Martínez

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Andrea García y/o Aranda Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia recaída en este juicio, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; Y, RESULTANDO Primero. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Sexto de Distrito, (I) Andrea García Martínez, también conocida como Andrea Aranda Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "[.] III.- Autoridad Responsable: Oficialía del Registro Civil del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California [.] IV.- Acto Reclamado: Se reclama la inconstitucionalidad de la NEGATIVA emitida por la Autoridad Responsable denominada OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, a la solicitud de CAMBIO DE NOMBRE de la suscrita, hecha el 23 de febrero del 2021. Lo anterior, por considerar que su inconstitucionalidad violenta mis derechos humanos. [.]" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo los contenidos en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos de índole internacional. Segundo. Trámite. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se registró con el número 320/2021, y se ordenó la formación del expediente relativo, admitiéndose en sus términos, motivo por el cual fue solicitadp el informe justificado correspondiente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y fue dada la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido que fue el juicio por sus fases procesales, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter negativo, y la demanda de amparo fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, cuyo rubro dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía, podemos concluir que en el caso se reclama: i. La negativa emitida por la Oficialía del Registro Civil del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, recaída a la solicitud de cambio de nombre de la quejosa, contenida en oficio de uno de marzo del dos mil veintiuno. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, procede verificar la existencia del acto precisado, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Resulta cierto el acto reclamado al Oficial del Registro Civil del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, dado que al rendir el correspondiente informe justificado, reconoció su existencia, en la medida que acepta que emitió la respuesta a la solicitud realizada por la parte quejosa; lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias que en original fueron allegadas a este contradictorio federal, consistentes en la petición y respuesta consabidas, las que por tener la calidad de documentos públicos, merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismas que resultan aptas para acreditar la existencia del acto reclamado. Aplica al caso la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo al quedar plenamente demostrada la existencia del acto en cuestión atacado; lo procedente a continuación será ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62, de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, ya sea de oficio o invocada por las partes en este juicio; por lo cual, procede examinar la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, en virtud que no existe precepto legal alguno que establezca tal obligación; máxime, que en el presente fallo se tomarán en cuenta las consideraciones que rigen el acto reclamado y los argumentos que en su contra se hacen valer, con lo que se respetan los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa; atento a las siguientes consideraciones. En primer lugar, conviene recordar que el acto que ahora se reclama, consiste en la resolución contenida en el oficio de uno de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento de Mexicali, donde en esencia, le fue negada la solicitud de modificación de su acta de nacimiento ante esa autoridad registrada, a efecto de que se cambie el apellido que en ese documento aparece de García Martínez, por el de Aranda Martínez. Contra la determinación de referencia que ahora se reclama, el impetrante de este contradictorio federal, vertió los conceptos de violación que a continuación se parafrasean: I) Alega que la resolución combatida vulnera el derecho humano de la identidad consagrado en el artículo 4, de la constitución general, ya que refirió que la identidad registrada por los oficiales del registro civil en el país, no debe ser permanente, sino que puede ajustarse a la realidad del individuo de que se trate y que se auto perciba de forma distinta ante la sociedad. En ese sentido, considera que si durante toda su vida se ha identificado con el apellido Aranda, en lugar de García, lo único que pretende ahora es actualizar ese dato a su realidad; por lo que si el Registro Civil responsable se lo impide, estima violentado en su perjuicio el aludido derecho fundamental. Aclarando que a su parecer, le es imposible ejercer acción alguna ante los tribunales familiares para cancelar o revocar la adopción que en su momento se inició ante éstos, debido a que la patria potestad se agotó, en tanto ya no está sujeta a ésta por ser mayor de edad y haber dejado de necesitar alimentos de sus padres; externando que su deseo de cambio de apellido únicamente es con respecto a éste y no con relación a su origen filial. II) Asimismo, argumenta que el acto reclamado también contraviene su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, al impedirle que se llame como la quejosa considera o quiere llamarse; por así haber sido nombrada por sus padres biológicos, y como ha asumido nombrarse toda su vida. Precisando que la razón por la que le fue negado el cambio fue por lo siguiente: "De lo anterior emerge que no es posible dar cumplimiento a lo solicitado, en virtud de que el acta vigente fue derivada de una sentencia judicial que autoriza la adopción, por lo que esta Oficialía se encuentra imposibilitada para modificar una orden impuesta por el referido Juez, según lo dispuesto en el artículo 84 del Código antes citado." Lo cual, a su decir, viola el aludido derecho humano. Así, debe destacarse que por técnica jurídica, el análisis de los argumentos precisados se efectuará en forma conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, tal como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo. Ahora, antes de continuar, conviene establecer que en el presente contradictorio federal no opera la suplencia de la queja deficiente, a que alude el artículo 79, de la Ley de Amparo, porque en el presente caso no se surte ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral para tal efecto. En efecto, en este asunto no opera dicha suplencia debido a que se trata de un asunto en materia civil y/o familiar, donde no se involucran menores de edad ni incapaces, la cual es de estricto derecho, sin que tampoco se advierta que ha habido en contra de la gestora de amparo una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa, por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley -en torno a la resolución reclamada exclusivamente-, en la medida que el acto reclamado derivó precisamente de una solicitud de la propia quejosa, mismo que incluso tuvo conocimiento fáctico, tan es así que estuvo en aptitud de verter conceptos de violación directamente en su contra en el presente juicio de amparo. Así, tenemos que el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo impone a la parte quejosa la obligación de expresar conceptos de violación contra el acto reclamado, no establece requisitos para su expresión, ni algún otro precepto de esa normatividad; para lo cual, basta que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causan los actos reclamados y los motivos que originaron ese agravio, para que el tribunal constitucional deba estudiarlos. Sin embargo, ello de manera alguna implica que los quejosos se limiten a expresar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja que en el caso no acontece, según se anotó al inicio de este considerando) exponer razonadamente el por qué estiman ilegales los actos que reclaman. Es decir, no se exime a los quejosos de la obligación de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan los actos reclamados o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última. Así lo sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia en la jurisprudencia P./J. 68/2000, visible en la página treinta y ocho, tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, donde señala el siguiente criterio: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Entonces, conforme al marco jurídico anterior, la materia de estudio en el presente juicio de amparo, consiste en el oficio de respuesta a la petición de cambio de apellido en el acta de nacimiento; lo cual debe realizarse a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. De manera que, debe decirse los argumentos de la parte peticionaria del amparo deben poner de manifiesto los agravios que como titular del derecho discutido en el juicio constitucional le ocasiona el acto reclamado. En la inteligencia que constituyen obstáculos técnicos que imposibilitan el examen del planteamiento que contienen, y, por ello, se tornan inoperantes los conceptos de violación que no controviertan de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el acto reclamado; aquellos que introducen pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de origen del acto reclamado; los que reclaman, en su caso, infracción a las normas fundamentales del procedimiento sin patentizar que se hubiese dejado sin defensa al quejoso o su relevancia en el dictado de la sentencia o resolución que pone fin al juicio; los que desatienden la naturaleza de la juicio de amparo o la existencia de jurisprudencia que resuelva el fondo del asunto planteado. Al aludir al concepto de obstáculos técnicos que imposibilitan el examen del planteamiento que contienen, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos veinticuatro, del tomo XXX, noviembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Así como la tesis 1331, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos noventa y cinco, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN, Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de septiembre de dos mil once, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso sustancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte, en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías, y, por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Bajo este contexto, al estar en presencia de un juicio de amparo regido por el principio de estricto derecho, la parte quejosa tiene obligación de controvertir y desvirtuar los razonamientos torales del acuerdo reclamado, virtud de los cuales la autoridad responsable emitió determinación de que se trata, con el propósito de evidenciar lo incorrecto de las apreciaciones de la autoridad responsable. Así pues, del estudio de los motivos de disenso parafraseados en párrafos que anteceden; puede colegirse que si bien la amparista alude a las consideraciones y fundamento torales plasmados por la autoridad para negarle su petición -ya que los trascribe en el apartado de la demanda atinente a los conceptos de violación-; empero, olvidó controvertirlos, en la medida que se limitó a mencionarlos, pero no a atacar ni la razón ni el precepto legal en que fue sustentada la respuesta aquí reclamada, y para corroborar dicho aserto, basta con leer la demanda y el oficio consabido, para advertir que no fue combatido lo expresado en el acto reclamado por el Oficial responsable, a saber: Que el acta vigente respecto la que pide la modificación, deriva de una sentencia judicial emitida por el Juez Segundo de lo Familiar en esta ciudad, por lo que está imposibilitado para modificar una orden de un Juez, ya que el registro del acta de mérito fue realizada en términos del numeral 86 el Código Civil para el Estado de Baja California. Lo anterior con sustento en el artículo 84 del Código Civil para el Estado de Baja California. Por consiguiente, como se adelantó, de lo expuesto podemos apreciar que la parte quejosa no combatió las consideraciones torales que rigen el acto de reclamo, ya que se limitó a trascribirlas y a externar que al negarle su petición el registro civil, se vulneraron sus derechos humanos a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, sin que en el caso pueda promover acción alguna ante los tribunales familiares para cancelar o revocar al adopción, porque ya es mayor de edad y ya no está sujeto a los efectos de la patria potestad; sin embargo, en ningún momento no controvierte la circunstancia principal tomada en cuenta por la autoridad responsable, en el sentido que está impedido para modificar el acta en cuestión porque fue realizada por órdenes de una autoridad judicial, ni tampoco combatió que no fueran aplicables al caso los fundamentos legales antes citados, en que se sustentó el Oficial del Registro Civil -artículos 84 y 86 del Código Civil para el Estado de Baja California-, para emitir dicha negativa. Asimismo, si bien la amparista adujo que a su parecer, no puede acudir a instar ninguna acción ante los tribunales familiares por las razones que destacó; no obstante, nada expuso en cuanto a cuál es el fundamento legal que le impide hacerlo, ni tampoco refirió si actualmente ya intentó o no hacer valer algún recurso o acción para lograr sus pretensiones de cambio de apellidos, derivado de la resolución del Juzgado Segundo de lo Familiar en esta ciudad, ni si esa petición ya le fue negada por dicha autoridad judicial. Sobre todo porque, del propio numeral 86, así como el artículo 88 del código sustantivo del Estado, se desprende que la autoridad judicial está facultado para emitir cambios en torno al acta o adopción de que se trata, de lo que emerge que ese tipo de determinaciones no son inmutables o eternas; lo cual se corrobra del texto de esos preceptos, que literalmente establecen lo siguiente: "ARTICULO 86.- El acta de adopción contendrá: el nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y domicilio del adoptado, nombres, apellidos, estado civil, domicilio y nacionalidad del o de los adoptantes y los datos esenciales de la resolución judicial, fecha en que causó ejecutoria y Tribunal que la dictó, siempre que los adoptantes se sujeten a la adopción simple. En los casos de adopción plena, se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos; procediendo en tal circunstancia a realizar las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará, ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición como tal salvo providencia dictada en juicio o cuando lo solicite personalmente el adoptado." "ARTICULO 88.- El Juez o Tribunal que deje sin efectos una adopción simple, remitirá copia certificada de la resolución al Oficial del Registro Civil que corresponda, dentro del término de ocho días después de que se declare ejecutoriada, para los efectos de que cancele el acta de adopción y anote la de nacimiento." Por consiguiente, al no exponer concepto de violación alguno para controvertir las razones y fundamentos principales que externó el Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento de Mexicali, para llegar a la conclusión de que no procedía la solicitud que le fue planteada y, limitarse la parte promovente a reclamar los derechos de identidad y libre desarrollo de la personalidad, en forma abstracta, sin rebatir lo atinente al impedimento de la autoridad registral, consistente en la existencia de una orden emitida por autoridad judicial al respecto; consecuentemente, procede calificar de inoperantes los motivos de disenso plasmados en la demanda de amparo, por insuficientes, al no rebatir las consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo reclamado. Sobre el particular, cabe invocar las jurisprudencias sustentadas por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." (Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Tesis: 173. Página: 116.) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 72, Tercera Parte. Página: 49.) En mérito de las consideraciones antes precisadas, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, dado que no obran en autos del expediente electrónico las constancias de notificación del auto de veintidós de abril del año en curso, en el que se ordenó agregar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y se dio vista a las partes con dicho informe en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que procedió a diferirse la audiencia constitucional; incluso, de la lista de acuerdos del SISE, no se aprecia hubiera sido publicado dicho proveído; tal como se advierte de la siguiente captura de pantalla: Se comisiona al actuario judicial. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dichas notificaciones ya se encuentren practicadas, se deberá integrar debidamente el expediente electrónico, lo anterior dentro del término de tres días; 2) En caso de que no se hubieren llevado a cabo las notificaciones ordenadas, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberán practicarse de inmediato, en forma personal e integrarse debidamente el expediente electrónico; 3) El acuerdo que no se haya publicado, deberá notificarse personalmente a las partes de inmediato e integrarse al expediente electrónico. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y, en su lugar se señalan las trece horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado, rendido por la autoridad responsable. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de que se trata, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Pruebas. No ofreció. Domicilio. No señaló. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo antes acordado, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las once horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.

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