Andrea Azucena Hernandez Garcia

Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
817/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Andrea Azucena Hernandez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se remitió por incompetencia, por cuestión de vía, el original del presente juicio, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, radicándolo con el amparo directo número 876/2021, de su estadística. Asimismo, en proveído de doce de noviembre de la indicada anualidad, se tuvo a la Superioridad de mérito informando que previo a proveer respecto de su competencia para conocer de la demanda, requirió al Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, le remitiera los autos originales del expediente ********** de su índice y las constancias o documentos aportados por las partes. Ahora bien, atento a la certificación de cuenta, se desprende que en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el citado órgano colegiado admitió a trámite la demanda planteada. Archivo y valoración del expediente. Consecuentemente, y dado que en el presente Cuaderno de antecedentes no existe acuerdo pendiente de pronunciar ni constancia que recabar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, toda vez que este juzgado determinó declinar el conocimiento de la demanda planteada. Integración del expediente. Finalmente, en términos del artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente, tanto físico como electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación, desde la radicación del presente asunto, hasta su conclusión; lo anterior, a fin de que ambos expediente coincidan en su totalidad.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio número 9132/2021, con firma electrónica del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a través del cual acusa recibo del propio 12371/2021 con el que se remitió por incompetencia el juicio de amparo indirecto en el que se actúa, e informa que se reservó proveer respecto a la competencia de ese órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de que se trata, hasta en tanto el Juzgado Sexto Menor Civil en Celaya, Guanajuato, remita los autos originales del expediente ***************** de su índice y las constancias o documentos aportados por las partes.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por **, en contra de actos de la juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 817/2021-1. Análisis de la competencia. Para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. --- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. --- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.--- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. --- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con (.)". De los numerales trascritos se aprecia que si un juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante este se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún la autoridad responsable ni el tercero interesado, si es que este existe, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por la juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil **, en la que se determinó que la acción cambiaria directa ejercitada en contra de los demandados se encuentra prescrita, y como consecuencia, se declaró improcedente la vía intentada para el cobro. Luego, con independencia de que la ley común contemple o no, un recurso ordinario por virtud del cual puede ser modificada o revocada la resolución reclamada, lo cierto es que esta concluye el juicio de origen, es decir, pone fin a la instancia, por tanto, si la parte quejosa optó por promover juicio de amparo para impugnarla, se considera que la vía idónea para ello es la uniinstancial; consecuentemente, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente, por cuestión de vía, para conocer de la demanda promovida por **. En apoyo a lo que precede se invoca la jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), de rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." De igual forma, es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." Por tanto, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital. Determinaciones administrativas. Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si acepta la competencia planteada. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de licenciados en derecho, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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