Andra Pérez Hernández

Expediente 931/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Andra Pérez Hernández
  • ANDRA PÉREZ HERNÁNDEZ y Otros.
  • José Luis García Peralta (Apoderado Legal)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que el recurso de queja número 716/2022 presentado por la parte quejosa **********, por conducto de su apoderado legal ******** en contra del auto de once de octubre de dos mil veintidós, ha causado estado. Como lo solicita la autoridad, acúsese recibo vía interconexión, de las referidas constancias. En tal virtud, devuélvase el asunto a su lugar de resguardo, como se ordenó en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por José Luis García Peralta, apoderado legal de la quejosa directa Andrea Pérez Hernández, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el recurso de queja que promueve en contra del auto de once de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la legislación en cita, ríndase por separado el informe al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno; acompáñese el ocurso de cuenta y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Finamente, infórmese a la superioridad que corresponda conocer dicho medio de defensa, que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, al haber transcurrido el plazo que la ley otorga a la parte promovente para su interposición.

  3. Principal

    Cuso estado el fallo, archìvese como expediente totalmente concluido.

  4. Principal

    Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por **********, apoderado legal de la quejosa directa **********, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló a la parte promovente en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, así como a la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado. En principio, es necesario destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que la persona juzgadora debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Sentado lo anterior, cabe destacar que, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que parte quejosa señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO. La emisión del oficio número ********** de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, por el C. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la ciudad Celaya, Guanajuato, por carecer de fundamentación y motivación para considerar que no resulta procedente la solicitud para otorgarle la pensión por concubinato que mi representada solicitó al citado Instituto, violando con ello además sus garantías de seguridad y previsión social, derechos humanos protegidos por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, para mayor claridad, se anota que de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: El veinticinco de abril de dos mil veintidós, la quejosa solicitó a la autoridad responsable pensión por concubinato derivada del fallecimiento de su concubino. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el oficio número **********, a través del cual dio respuesta a la petición aludida. Este es el acto reclamado en esta instancia constitucional. A fin de dar sustento jurídico a la presente determinación, es necesario destacar los temas siguientes: I. Marco legal. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Además, debe tomarse en cuenta la fracción IV del artículo 107 constitucional, esta consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; es decir, implica que previo al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para cumplimentar el principio de definitividad del juicio de amparo, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. De modo que el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 61, fracción XX, referido. Ahora, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. II. Marco jurisprudencial. Sobre este punto, es indispensable precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 341/2015 determinó -en lo que interesa- que los institutos aseguradores, de conformidad con la legislación que los rige, están facultados para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. De igual forma, estimó que, cuando se atribuye al instituto asegurador la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Sin embargo, explicó que respecto de la respuesta que, en su caso formule el instituto, no procederá demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía común. III. Análisis del caso. En el caso, se reitera, el acto reclamado de forma destacada es la determinación contenida en el oficio número ********** emitido el dieciséis de junio de dos mil veintidós por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a través del cual dio contestación a la petición presentada por la hoy quejosa el veinticinco de abril del mismo año, en donde solicitó la pensión por concubinato respectiva. Por tanto, resulta patente, que previamente a instar el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita. De estos preceptos legales, se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, con la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En efecto, a través de la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, ya que la ley que lo rige prevé la citada medida cautelar sin exigir mayores requisitos a los regulados por la Ley de Amparo, tal como se establece en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable a los juicios que se siguen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la interpretación de este precepto, se obtiene que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo. En efecto, del análisis comparativo del mencionado numeral y los diversos 128, 129, 131 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a. Requisito de la solicitud de la suspensión por parte del agraviado. Tanto en el juicio de nulidad como en el de amparo, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados se solicita por el accionante; por lo que su regulación es similar. b. Oportunidad para solicitar la suspensión. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio hasta en tanto no se dicte sentencia firme; mientras que el artículo 130 de la Ley de Amparo prevé que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva al momento de promover el amparo o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; regulación idéntica en ambos juicios. c. Autoridad que provee respecto de la suspensión. En el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; mientras que en la suspensión en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del juicio de amparo, acorde con lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo; de ahí que deba considerarse que el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la legislación de amparo. d. Requisito relativo al orden público y al interés social. En los artículo 28, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 128 y 131 de la Ley de Amparo se exige, como requisito de procedencia, que la concesión de la medida cautelar no cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del interés para obtener la suspensión por parte del solicitante. e. Efecto del otorgamiento de la suspensión. El numeral 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que en los juicios contenciosos administrativos pueden decretarse medidas cautelares para mantener la situación de hecho existente, mientras que el artículo 26 establece medidas cautelares positivas. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo dispone que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión tendrá como efecto paralizar su ejecución o restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Consecuentemente, ambas legislaciones prevén efectos idénticos para las medidas cautelares. f. Plazo para proveer sobre la medida. Ambos ordenamientos establecen que tanto el magistrado instructor en el juicio de nulidad, como el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo, deben proveer dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de la solicitud de la suspensión, sobre el otorgamiento o negativa de la medida. En esas circunstancias se concluye que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. En ese tenor, como se adelantó, esta juzgadora federal considera que el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, como se expuso, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2008807, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 783, que establece: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Máxime, contrario a lo referido en la demanda de amparo, la quejosa no se ubica en alguna excepción al principio de definitividad, en materia administrativa. Es así, pues, en primer lugar, se advierte que el acto reclamado no carece de absoluta fundamentación y motivación, pues se sustentó, entre otros, en los numerales "208 fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 01 de abril de 2007, así como en lo dispuesto por los artículos 3 fracción 11, inciso e), 27 y 28 fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de febrero de 2019, en relación a los artículos 1, 2, 3, 8,9,10 fracción III inciso b),11 fracciones 1, XI y X11,19, 26 apartado A fracciones 1 y II y 29 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 03 de junio de 2015; con fundamento en lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En tal virtud, no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para la quejosa obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, en el que, al interponerlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juzgado de Distrito. En segundo lugar, la promovente del amparo en su demanda no plantea solamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino que cuestiona la legalidad del acto administrativo, pues manifestó que se viola en su perjuicio dicho principio de legalidad, toda vez que el acto reclamado, fue emitido con sustento en las "Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador y Pensionado Directo Finado"; asimismo, que dichas políticas establecen requisitos que anulan o menoscaban derechos humanos y constitucionales, ya que no fueron emitidas bajo algún procedimiento legislativo, ni promulgadas, por lo que carecen de validez; sin embargo, no reclama por vicios propios dichas políticas, sino que combate que sirviera de sustento para la emisión del acto. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa argumenta que el acto que aquí se combate fue sustentado en las "Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador y Pensionado Directo Finado"; sin embargo, dicho documento no tiene la calidad de un reglamento, pues fue emitido a través de un acuerdo general, por lo que debe ser considerado como de carácter interno de la autoridad responsable, el cual, únicamente contiene las instrucciones sobre los procedimientos a seguir para efectos del registro de probables deudos con fecha posterior al fallecimiento del pensionado; por tanto, se insiste, tales cuestiones de legalidad pueden ser combatidas a través del juicio de nulidad respectivo, ello con sustento en el artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, no pasa inadvertido para esta juzgadora que la quejosa pretende sustentar su demanda en la tesis aislada de rubro "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A OTORGARLA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, MÁXIME SI SE FUNDAMENTA EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". Sin embargo, tal circunstancia no releva a la afectada, de la obligación de agotar el recurso que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la promovente, quien podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca; cuestión que resulta contraria al principio de definitividad y a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. Lo anterior encuentra sustento en la la jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024511, de la Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, abril de 2022, tomo II, página 1704, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte." En ese sentido, la quejosa está obligada a agotar el principio de definitividad, pues al fallarse el recurso ordinario, debido a que si la autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido podría quedar sin efecto. Con base en todo lo expuesto, contrario a lo que sostiene la quejosa en su demanda de amparo, en el caso no se actualiza ningún supuesto de excepción de los que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Finalmente se destaca que el juicio de nulidad analizado no está previsto en un reglamento, sino en una ley, esto es, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se estableció en párrafos precedentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017685, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1101, que señala: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." En las relatadas condiciones, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, ello con fundamento en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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