Anayansi Contreras Martínez
Expediente 1016/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Anayansi Contreras Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Acorde a lo previsto en el párrafo tercero del punto undécimo del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original; apercíbasele que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese el escrito de ********(quejosa), por el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial; dígasele que una vez que se emita el acuerdo que declare firmeza el diverso por el que se desechó la demanda de amparo, y se ordene su archivo definitivo, este juzgado se pronunciará respecto a dicha devolución; de acuerdo con lo previsto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese la razón del actuario de este juzgado, por la cual manifiesta su imposibilidad de notificar a ******(quejosa), el proveído de veintiséis de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista dicho proveído, así como los subsecuentes. En cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, se notifica el proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, mismo que en lo conducente establece: Vista la demanda de amparo presentada por Anayansi Contreras Martínez; contra los actos del Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1016/2017. De la demanda se advierte de forma notoria e indudable que se actualiza la causal de improcedencia según lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para demostrarlo, es necesario conocer los antecedentes, que se obtienen de la lectura íntegra de la demanda: a) La parte quejosa es titular de la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes número 00050308, emitida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato, relativa a la negociación denominada "Crazy Beer" y/o Krazy Beer", localizado en Cortazar, Guanajuato. b) El trece de octubre del año en curso, se presentaron en la negociación de la quejosa diversos funcionarios del ayuntamiento de Cortazar, donde manifestaron el porqué de su apersonamiento, en dicho acto, entregaron el oficio 638 y acto continuo, clausuraron dicho establecimiento de manera definitiva. Éste es el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relacionada con la definitividad, que dispone: "El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." El dispositivo transcrito refiere uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, que es el de definitividad. El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a la instancia que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra actos administrativos es improcedente en el supuesto de que proceda en su contra un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho actos, siempre que conforme a las leyes que los rijan se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. De lo anterior se advierte que, dicho precepto admite, entre otras, como excepciones a dicho principio, a través del cual la quejosa tiene la posibilidad de demandar el amparo aunque no se haya agotado el juicio, recurso o medio de defensa ordinario consignado por la ley que rige el acto reclamado, cuando la ley ordinaria para suspender el acto impugnado exija mayores requisitos de los que establece la de amparo para tal efecto y/o establezca un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. De la narración de los actos reclamados citados con antelación, se deduce que, previo al amparo, son susceptibles de ser combatidos, mediante el recurso de inconformidad ante el Juzgado Administrativo Municipal, o bien, mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 243, de la Ley Orgánica Municipal de Guanajuato, y artículo 226, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los referidos actos; situación que también el artículo 61 del Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Cortazar, Guanajuato. Tales numerales disponen: Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Cortazar, Guanajuato: "Artículo 61.- Los actos y resoluciones administrativas dictados con motivo de la aplicación de este Reglamento podrán ser impugnados conforme a lo establecido en los términos previstos en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en su libro tercero, título cuarto, capítulo segundo". Ley Orgánica Municipal de Guanajuato: "Artículo 243.- Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento, podrán ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten intereses de los particulares. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto. Las resoluciones de los Juzgados Administrativos Municipales que pongan fin al proceso administrativo podrán ser impugnados por las partes, mediante el recurso de revisión ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo." Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa." De lo antes expuesto, se advierte que el propio Código Territorial Para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que las determinaciones dictadas por con motivo de la aplicación de ese Código y Reglamento, podrán impugnarse mediante lo previsto en la Ley Orgánica Municipal de Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ahora de la lectura íntegra del referido Código, se advierte la existencia de los medios de impugnación que prevé el artículo 226, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, contemplan el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elección; por tanto, son estos medios de impugnación la única alternativa de la quejosa para controvertir tales actos. En efecto, el artículo 226, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Por tanto, contra de los actos reclamados, la quejosa debió interponer, optativamente, el recurso de inconformidad ante el Juzgado Administrativo Municipal, o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así como el recurso de revisión. Sin que pase inadvertido que la quejosa haya señalado en su escrito de demanda lo siguiente: "Si bien es cierto, que el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, establece la procedencia de medio de defensa en contra de la Determinación que considero violatoria de mis derechos humanos, también lo cierto es, que señala más requisitos que la Ley de amparo para conceder suspensión, en virtud de que requiere, como interpretación que ha dado el ahora denominado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de su numeral 269, previo a conceder la suspensión, una Vista, a, en éste caso, a la autoridad responsable, a la que otorga tres días para que manifieste lo que a interés convenga;.". En razón de que dicha situación ya fue dilucidada por la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que refirió que el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo ya que los códigos relativos, no exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión de la clausura impugnada por esta vía, que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Décima Época, Tesis: XVI.1o.A. J/19 (10a.), Página: 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que a la letra dice: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo". En esas condiciones, al no haber agotado los recursos de defensa que tuvo a su alcance, el juicio de amparo es notorio e indudablemente improcedente, al actualizarse las hipótesis que devienen de relacionar la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de la parte quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene señalando domicilio para recibir notificaciones en la calle Villa Verde número 209, colonia Villas del Romeral, de esta ciudad; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo.
- Principal
Se desecha de plano la demanda.
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