Andre Jared Rodríguez Verduzco
Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 10/05/2022
Partes del expediente
- Andre Jared Rodríguez Verduzco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo18, inciso a), del Acuerdo General antes citado, toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional; mediante resolución interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; y mediante resolución incidental de dos de julio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el tercer párrafo del artículo 20 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1841/2022 dirigido a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México, el cual fue devuelto por Correos de México, con la leyenda "Autoridad mal denominada"; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin embargo, de autos se advierte que mediante oficio SSPC/UGAJT/07290/2021, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, rindió el informe justificado requerido; asimismo, señaló como domicilio procesal el ubicado en avenida Constituyentes número 947, Edificio "C", Planta Alta, colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, en ciudad de México (a donde fue dirigido el comunicado en mención); por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno; y en términos del numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por notificada a dicha responsable de la determinación judicial de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por José Alejandro Ortiz Monroy, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la legislación reglamentaria. Dicha hipótesis encuentra su justificación en el hecho de que, al cambiar la situación jurídica del impetrante, se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a los actos reclamados y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva etapa procesal, toda vez que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquéllos para dejarlos sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la solicitante del amparo. En la especie, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad el artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la determinación de treinta de mayo de dos mil veintiuno dictado en la causa penal 551/2021, en el cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; así como el diverso de vinculación de proceso pronunciado en esa misma fecha en el expediente antes indicado. Luego, el notificador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió copia autenticada de las constancias que integran la causa penal 551/2021 así como el procedimiento ordinario de ejecución 247/2021, instaurados a André Jared Rodríguez Verduzco, de las que se advierte que en la causa penal 551/2021, el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, en la cual se impusieron a André Jared Rodríguez Verduzco, las penas de dos año de prisión y cincuenta días multa; asimismo se concedieron los sustitutivos de la pena de prisión previstos en el artículo 70 así como el beneficio de condena condicional previsto en el artículo 90, ambos del Código Penal Federal, de igual forma, al haber renunciado las partes al plazo para interponer algún recurso, en esa misma fecha dicho fallo se declaró ejecutoriado. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, conforme al numeral 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se dio inicio al Procedimiento Ordinario de Ejecución, el cual fue radicado bajo expediente número 247/2021. En esa misma data, el quejoso André Jared Rodríguez Verduzco, se acogió al beneficio de condena condicional, por lo que se ordenó su inmediata libertad por lo que hace a la causa penal 551/2021, de la cual derivó diverso procedimiento ordinario de ejecución 247/2021, lo cual aconteció en esa misma fecha. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. Por tanto, al haberse decretado sentencia condenatoria en la citada causa penal, y ordenarse la libertad del quejoso André Jared Rodríguez Verduzco, al haberse acogido al beneficio de condena condicional, se concluye este juicio de amparo es improcedente respecto de los actos reclamados, porque ocurrió un cambio de situación jurídica, de modo que se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones que se les atribuyen y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación procesal, por lo que es claro, en la especie, existe imposibilidad para analizar la constitucionalidad, y en su caso, modificarlos pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de los mismos para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del solicitante del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto señalan: En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Tales razonamientos se deberán hacer extensivos a la inconstitucionalidad del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también se reclama, pues al operar un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial donde se habían decretado los actos reclamados, como primer acto de aplicación del precepto legal tachado de inconstitucional; es de concluirse que no afecta ya, en este caso, los intereses jurídicos del quejoso. Apoya a lo anterior por identidad jurídica la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, es procedente dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de las documentales remitidas por el Notificador del Centro de Justicia Penal federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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