Analia Mirella Martínez Avila
Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/07/2022
Partes del expediente
- FELIPE MARTÌNEZ ROJAS y Otros.
- Analia Mirella Martínez Avila
- Felipe MartìNez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. En ese contexto, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, y por resolución incidental de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 21 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Se ordena estampar en las carátulas del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que los quejosos Felipe Martínez Rojas y Socorro Mireya Ávila Camacho, en representación de su menor hija A.M.M.A, señalaron como actos reclamados lo siguiente: "a)La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir del 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNtech, Pfizer a la quejosa, con sus dos dosis, ante la entrada escolar 2021-2022, que inicio el 30 de agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b)La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se aplicaran las dosis de la vacuna autorizadas, debido al inicio de clases presenciales el treinta de agosto de este año en la Ciudad de Tijuana. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la Republica, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." Por otra parte, se advierte que en esta fecha se consultó la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de la que se advierte que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, ya se encuentra disponible el registro para los menores de doce años o más sin comorbilidad alguna, a fin de que sean incluidos en la Política Nacional de Vacunación en contra del virus SARS-Cov-2. En atención a lo expuesto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Se cita en apoyo a ello la tesis aislada P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Además de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, si bien, la parte quejosa reclama diversos aspectos relativos a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19); asimismo, que la falta de inclusión en dicha política causa a la menor quejosa afectación a su derecho a la salud; lo cierto es que, del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye de forma medular la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de Covid-19 a la parte quejosa menor de edad, aprobada por la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Ahora bien, es un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que las autoridades sanitarias y, en particular, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, han informado que se tomó la decisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación a las personas menores de doce años o más de edad que no tengan comorbilidad alguna; y que a partir del día veintiocho de abril de dos mil veintidós, se abrió el pre registro para dichas personas. Lo anterior, se corrobora con la información consultada en esta fecha por la Secretaria que asiste y da fe, respecto del contenido de la información difundida en las redes sociales oficiales del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, así como en la página oficial https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que, efectivamente, se abrió el registro para los menores de doce años o más sin comorbilidad alguna a fin de que sean vacunados contra el virus SARS-Cov-2. Para tal efecto, se inserta la imagen correspondiente: De manera que es un hecho notorio que el grupo etario de personas menores de edad de doce años o más, ya puede ser vacunado. Apoya lo anterior, los criterios siguientes: Tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, tomo XXIII, junio de 2006, página 963, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.". Tesis de jurisprudencia número XX.2o. J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página: 2470, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.". En ese contexto, se ve satisfecha la pretensión de la parte quejosa en el sentido de que se le incluya dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de obtener la inoculación contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Con lo anterior, se estima evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Ello, porque la omisión de incluir a la parte quejosa menor de edad que tiene catorce años, dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunada contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que la autoridad responsable ya incluyó al grupo etario al que pertenece la parte quejosa en la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunada contra el virus SARS-CoV-2, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable. En cuanto a la omisión de aplicar la vacuna, se debe entender que no se está reclamando de manera independiente sino en vía de consecuencia de la diversa omisión normativa que se reclama; esto es, que el hecho de no incluir al grupo etario de que se trata entre los objetivos de vacunación, tiene como resultado la no vacunación de la parte quejosa; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a la norma, la improcedencia también recae sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. Lo anterior demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado como anteriormente se anunció, por lo tanto, es evidente que la falta de esquema de vacunación para los niños y adolescentes menores de edad y, en consecuencia, la omisión de aplicar a la directa quejosa la vacuna contra el virus SARS CoV2 (COVID-19), ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que la autoridad responsable emitió la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2, restituyéndose a la citada parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se ordenó la reexpedición del oficio 1128/2022 y adjuntar a este el diverso 30388/2021, dirigidos al Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con sede en Ciudad de México, a efecto de que rinda el informe justificado solicitado. Que dicho oficio se remitió mediante el servicio de mensajería acelerada denominado "Estafeta" según la guía de rastreo 1680269002, sin que a la fecha obre el acuse de recibo que acredite que dicha responsable fue notificada de los comunicados descritos en el párrafo que antecede. Por tanto, a efecto que evitar dilaciones innecesarias y que dicha responsable esté en posibilidad de rendir el informe justificado solicitado; reenvíese dicho comunicado mediante el servicio de mensajería acelerada denominado "Estafeta". En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a uno de abril de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los autos, se advierte que no obra acuse del envío del oficio 30386/2021 dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Salud, por el que se solicitó rindiera su informe justificado, lo anterior, en virtud que conforme a la fracción XV, punto 23 del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha representación corresponde al Secretario de Salud. En consecuencia, a fin de que evitar dilaciones en la tramitación de este asunto, reenvíese a dicho Secretario de Estado, el oficio 30386/2021 al que se deberá acompañar copia simple del escrito inicial de demanda, a fin de que se encuentre en condiciones de rendir el informe justificado solicitado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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