Andrés Eduardo Jiménez Martínez

Expediente 657/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
657/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Andrés Eduardo Jiménez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se ********************Resuelve********************Primero La Justicia Federal no ampara ni protege a********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución.********************Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución.********************Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.********************Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tijuana, Baja California, a las once horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 657/2023-C, promovido por Mercedes Angélica Quintana Valdez, en su carácter de defensora pública federal de Andrés Eduardo Jiménez Martínez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, en funciones de Juez de Control; ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia, sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, el secretario certifica que en el presente juicio, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias que existen en autos y al respecto certifica que obra: a) Escrito de demanda; b) auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se admitió a trámite la demanda c) emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3, de esta ciudad; y d)informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. A continuación, se abre el período probatorio en el que se hace constar que la autoridad responsable informó que autorizó el acceso al expediente electrónico para visualizar las constancias y audiencias llevadas dentro de la causa penal 602/2023, de las que se desprende la audiencia celebrada el dos de junio de dos mil veintitrés, relativas a la vinculación a proceso del aquí quejoso Andrés Eduardo Jiménez Martínez, por su probable autoría en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 en relación con el numeral 9, fracción II, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11 inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetamina previsto y sancionado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos de lo dispuesto en los artículos 19 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y con el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; probanza que adquiere el carácter de documental pública lato sensu, teniéndose por desahogadas sin necesidad de una audiencia especial, mismas que serán tomada en consideración en su oportunidad. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba anteriormente referida de acuerdo con su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de valorarla al momento de dictar sentencia; con ello, se cierra el periodo correspondiente. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar ninguna de las partes los formuló, por tal virtud, queda precluido el derecho de las partes para formularlos por lo que se cierra este periodo. Con lo anterior se da por terminada la etapa de la audiencia prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, firmando el acta quienes en ella intervinieron, en unión de la Juez y el secretario que da fe; por lo que se declaran vistos los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, del estado de autos se advierte que el veinte de junio del año en curso, se tuvo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, rindiendo su informe justificado y no obstante que refirió autorizar a este Juzgado Federal el acceso al expediente electrónico de la causa penal 602/2023, previa revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió en dicho momento que no se encontraba vinculado, por lo que se reservó realizar pronunciamiento alguno ya que dentro del incidente de suspensión se solicitó la vinculación de éste, sin que a la fecha se haya informado lo propio en este expediente. Ahora, dado que previa revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte autorizado el acceso a las constancias que integran la causa penal 602/2023, por tanto se le tienen por anunciadas éstas como pruebas de su intención, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 657/2023-C, promovido por ********************, en su carácter de defensora pública federal de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, en funciones de Juez de Control.********************R e s u l t a n d o********************Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California en esta ciudad y recibido en este Juzgado el mismo día, ********************, en su carácter de defensora pública federal de ********************, presentó demanda y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad que en su denominación correcta es la siguientes:********************Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Baja California.********************"IV. Acto (s) reclamado (s): ********************a) La resolución dictada el día 02 de junio de 2023, dentro de la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal, mediante la cual dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de ********************, por los delitos de: PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81 párrafo I, en relación con el 9 fracción III y 10 fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. POSESIÓN DE CARTUCHOS, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II en relación con el 11 inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos de los numerales 7, 8, 9, y 13 fracción II del Código Penal Federal. CONTRA LA SALUD, previsto y sancionado por el artículo 477 de la Ley General de Salud. ********************b) La resolución dictada el día 02 de junio de 2023, dentro de la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal, mediante la cual IMPONE A MI REPRESENTADO ******************** LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, derivado del dictado de auto de vinculación a proceso en contra de, por, entre otros, el delito de: POSESIÓN DE CARTUCHOS, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II en relación con el 11 inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos de los numerales 7, 8, 9, y 13 fracción II del Código Penal Federal."********************Segundo. En catorce de junio de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original el presente cuaderno incidental, se solicitó el informe previo a la autoridad responsable, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede.********************Considerando********************Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 657/2023-C, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente:********************La resolución dictada en audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, en la que se vinculó a proceso a ******************** y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal ********************.********************Tercero. Existencia de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Baja California, en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe previo.********************Cuarto. En la especie, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************Igualmente, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social.********************Por su parte, el artículo 147 de la ley de la materia, en su párrafo segundo dispone que en los casos en que la suspensión fuera procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas de mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.********************Ahora bien, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.********************Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.********************Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto:********************"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión".********************Por tanto, lo procedente es conceder a ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto establecido en el artículo 166 de la mencionada ley; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal ******************** del índice de la autoridad responsable, que se le instruye, -por ser de orden público, por tanto insuspendible-, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa.********************Lo anterior es así, toda vez que las solicitudes de medidas cautelares según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelven por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. De tal manera que para su emisión "ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal."********************Ello, aunado a que el supuesto que prevé el numeral 166 fracción II de la Ley de Amparo, refiere en su primera parte al supuesto de procedencia de la suspensión, cuando el quejoso no ha sido detenido, lo que no acontece en el caso.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis: XXVII.3o.83 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2019121 de rubro y texto siguiente:********************"PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CON EFECTOS RESTITUTORIOS, NO OBSTANTE QUE EL QUEJOSO AFIRME QUE SE TRATA DE UN CASO EXCEPCIONAL. Las solicitudes de medidas cautelares, según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resolverán por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En consecuencia, para su emisión ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal. Por tanto, si el quejoso, con el objeto de que se le pusiera en libertad, solicitó la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional por presentar un "trastorno mental" que le impide permanecer privado de su libertad, es improcedente concederla contra dicha orden coactiva con los efectos solicitados, porque ello implicaría atentar contra la finalidad propia de esta medida cautelar del juicio amparo, la cual consiste en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretarla y no puede tener efectos restitutorios de derechos, en virtud de que ello es materia exclusiva de la sentencia de fondo, cuando en el caso proceda la protección constitucional, por lo que, en todo caso, acorde con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concederá para el único efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juez responsable, por cuanto al procedimiento penal concierne."********************Así como la tesis: XXVII.3o.78 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2019122 de rubro y texto siguiente:********************"PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SE EJECUTE EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme al artículo 163, en relación con el párrafo segundo del diverso 166, ambos de la Ley de Amparo, que prevé expresamente que cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al Juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, entre otras cosas, la comparecencia del imputado en el juicio, y el Juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Ahora bien, si se promovió el juicio de amparo indirecto contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y su ejecución, es improcedente conceder la suspensión para que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso, en términos del artículo 162, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es una orden de privación de la libertad (distinta de la prisión preventiva) no ejecutada, ni una prohibición de abandonar una demarcación geográfica a las que se refiere este último precepto, sino una medida cautelar de prisión preventiva dictada por autoridad competente (Juez de Control) y ejecutada, al estimar que otras son insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, quien se encuentra materialmente privado de su libertad, lo que trae como consecuencia que los efectos de la suspensión desarrollados en ese dispositivo no le sean aplicables y sea improcedente concederla en los términos solicitados por el quejoso, es decir, con el efecto de que la privación de la libertad se ejecute en su domicilio."********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se;********************Resuelve********************Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada a ********************, respecto de la autoridad precisada en el considerando tercero por los motivos precisados en el considerando cuarto, de esta resolución.********************Notifíquese. ********************Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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