Anavelia Sánchez López
Expediente 52/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2018
Partes del expediente
- Anavelia Sánchez López
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
EN ATENCION AL CITATORIO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DEL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACIÓN QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, por el que ese órgano declinó competencia del juicio de amparo 13/2018 de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Oficio 771-III; Amparo directo 13/2018; y, Copias certificadas del expediente 748/2012; SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. Analizada la demanda promovida por ***, regístrese bajo el número 52/2018-I-B. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La solicitante del amparo reclama la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que fija las trece horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba en materia de trabajo social, citando personalmente a las partes en las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México en el expediente 548/2012, de su índice y, los apercibe que de no hacerlo, se les hará efectivo el apercibimiento decretado en auto del día doce de octubre de dos mil diecisiete. En ese sentido, respecto de la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que fija las trece horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba en materia de trabajo social, citando personalmente a las partes en las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México en el expediente 548/2012, de su índice, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicho acto sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado al desahogo de pruebas aportadas por una de las partes, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten es que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Tiene aplicación en lo conducente, la Jurisprudencia, publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175524, tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, visible en la página 297, cuyo rubro y texto dicen: PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO., sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso." Así como, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, visible a página 294, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo.' Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto al acto relativo al apercibimiento decretado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en autos del expediente generador del acto reclamado 548/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, se encuentra actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, pues únicamente se refiere al apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa a que refiere la quejosa, por tanto, es un acto futuro. Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones. Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro y texto que a la letra dice: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En mérito de todo lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil al resolver el recurso de queja 77/2017, de su índice, interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de desechamiento en el juicio de amparo 245/2017-VI, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual se reclamó similar acto que en el presente asunto. Además, en la especie se advierte que contra el acto aquí reclamado se actualiza diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..) El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Aunado a lo anterior, es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, conforme a los supuesto que derivaron de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10ª), relacionados con las constancias remitidas por el Tribunal declinante, se advierte que: I) en más de una ocasión y derivado de un mismo juicio natural, la quejosa promovió de manera incorrecta juicio de amparo directo cuando el procedente era el indirecto; II) que el amparo que nos ocupa fue presentado por segunda ocasión en la vía directa, en contra de un proveído que nuevamente señaló día y hora para que la perito en materia de trabajo social compareciera ante el juzgado responsable para llevar a cabo la valoración de dicho medio de convicción; y, III) que el amparo fue formulado en contra de actos derivados del juicio 748/2012, relativo al juicio de alimentos. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, se destaca que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que se turnó el amparo directo 109/2017 y declarar su incompetencia legal respecto a éste, explicó a la quejosa los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de la resolución ahí reclamada procedía el amparo indirecto. Luego, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, acorde con los precedentes, lo cierto es, que de constancias se advierte que la quejosa incurre en un segundo error al promover amparo directo en contra de un acto dictado en el mismo juicio natural relativo al juicio de alimentos en el que ella es parte, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Máxime, si como en la especie, el Tribunal Colegiado al declararse incompetente, explicó los supuestos de procedencia del amparo directo, señalando que en el caso concreto, procedía el indirecto. Por tanto, si la propia quejosa presentó de manera indebida en una segunda ocasión un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un proveído en el que señaló día y hora para que la perito en materia de trabajo social compareciera ante el juzgado responsable para llevar a cabo la valoración de dicho medio de convicción, del que derivó el acto reclamado en el amparo previo, y el acto reclamado en el amparo que se analiza se trata de una determinación que nuevamente señaló las trece horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba en materia de trabajo social, citando personalmente a las partes en las instalaciones del juzgado responsable; entonces, se estima que la quejosa conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Cabe destacar que, para llegar a la conclusión anterior, se requiere que el Tribunal Colegiado al que le turnó inicialmente el supuesto amparo directo, al declarar su incompetencia legal, haya expuesto a la quejosa los supuestos de procedencia del amparo directo y que hubiese aclarado que en contra de este tipo de actos procedía el juicio biinstancial. Circunstancias que, como se indicó con antelación, se encuentran colmadas en el presente asunto, pues en el diverso juicio de amparo 245/2017-VI, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, iniciado con motivo del diverso directo 109/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el cual mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, se declaró incompetente para conocer del juicio señalado en segundo término, al considerar que el acto reclamado no reunía las características de las sentencias definitivas, ni de las resoluciones que ponen fin al juicio, porque no decidieron lo procedente sobre las prestaciones reclamadas en el juicio de alimentos 748/2012. Esta condición permite que la quejosa tenga el conocimiento necesario y suficiente de la vía procedente, para tener por acreditado que el error en la vía deriva de una intención indebida para dilatar el procedimiento o de una temeridad procesal. Por tanto, si de constancias de autos se evidencia que la quejosa ya había sido informada acerca de la vía adecuada en una ocasión previa (juicio de amparo directo 109/2017) y, no obstante ello, decide promover un segundo amparo directo de manera indebida en las mismas condiciones, por ende, no es aplicable la excepción a la regla sobre la no interrupción del plazo para presentar la demanda de amparo; máxime, si la quejosa ha sido asesorada por el mismo abogado. Así, una cuarta equivocación de la peticionaria del amparo en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Presumir en todos los supuestos que la amparista desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Ello, amén de obligar a los órganos jurisdiccionales a una carga procesal que no les corresponde por ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. En esas condiciones, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía se reclama el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, luego entonces esa notificación surtió sus efectos el mismo día, conforme al Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, legislación aplicable al juicio de origen. Por tanto, es incuestionable, que el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías que en este momento intenta la quejosa, inició a computarse desde el veintiuno de noviembre de octubre de dos mil diecisiete, día posterior al en que surtió efectos la notificación realizada en el expediente de origen 748/2012, toda vez que desde ahí tuvo conocimiento del citado juicio en donde figura como actora y concluyó el once de diciembre de la misma anualidad, sin contar los días inhábiles. Consecuentemente, si la demanda de garantías que en este momento intenta, se recibió ante este juzgado hasta el doce de enero de dos mil dieciocho, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, pues ha excedido el término, desde que la quejosa tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados; lo cual implica que dicho acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Ahora, en virtud de que contra el acto de aplicación deviene improcedente el juicio de amparo, se hace extensiva a la inconstitucionalidad del artículo 5.56, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuya aplicación se llevó a cabo en la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 548/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en virtud de que la inconstitucionalidad reclamada no puede analizarse de manera independiente al acto de aplicación, pues al reclamarse tal ordenamiento general con motivo de su aplicación concreta, no puede desvincularse su estudio del que concierne a su aplicación, pues el acto de aplicación es el que precisamente causa perjuicio al particular y no por sí solo tal ordenamiento general considerado en abstracto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que estas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. ACUERDO OFICIO. Finalmente, intégrese únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio y las constancias que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en virtud a lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, por el que ese órgano declinó competencia del juicio de amparo 13/2018 de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Oficio 771-III; Amparo directo 13/2018; y, Copias certificadas del expediente 748/2012; SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. Analizada la demanda promovida por Avelina Sánchez López, regístrese bajo el número 52/2018-I-B. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La solicitante del amparo reclama la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que fija las trece horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba en materia de trabajo social, citando personalmente a las partes en las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México en el expediente 548/2012, de su índice y, los apercibe que de no hacerlo, se les hará efectivo el apercibimiento decretado en auto del día doce de octubre de dos mil diecisiete. En ese sentido, respecto de la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que fija las trece horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba en materia de trabajo social, citando personalmente a las partes en las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México en el expediente 548/2012, de su índice, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicho acto sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado al desahogo de pruebas aportadas por una de las partes, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten es que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto al acto relativo al apercibimiento decretado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en autos del expediente generador del acto reclamado 548/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, se encuentra actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, pues únicamente se refiere al apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa a que refiere la quejosa, por tanto, es un acto futuro. Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.". Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro y texto que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley.". En mérito de todo lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil al resolver el recurso de queja 77/2017, de su índice, interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de desechamiento en el juicio de amparo 245/2017-VI, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual se reclamó similar acto que en el presente asunto. Además, en la especie se advierte que contra el acto aquí reclamado se actualiza diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..).". El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Aunado a lo anterior, es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, conforme a los supuesto que derivaron de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10ª), relacionados con las constancias remitidas por el Tribunal declinante, se advierte que: I) en más de una ocasión y derivado de un mismo juicio natural, la quejosa promovió de manera incorrecta juicio de amparo directo cuando el procedente era el indirecto; II) que el amparo que nos ocupa fue presentado por segunda ocasión en la vía directa, en contra de un proveído que nuevamente señaló día y hora para que la perito en materia de trabajo social compareciera ante el juzgado responsable para llevar a cabo la valoración de dicho medio de convicción; y, III) que el amparo fue formulado en contra de actos derivados del juicio 748/2012, relativo al juicio de alimentos. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, se destaca que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que se turnó el amparo directo 109/2017 y declarar su incompetencia legal respecto a éste, explicó a la quejosa los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de la resolución ahí reclamada procedía el amparo indirecto. Luego, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, acorde con los precedentes, lo cierto es, que de constancias se advierte que la quejosa incurre en un segundo error al promover amparo directo en contra de un acto dictado en el mismo juicio natural relativo al juicio de alimentos en el que ella es parte, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Máxime, si como en la especie, el Tribunal Colegiado al declararse incompetente, explicó los supuestos de procedencia del amparo directo, señalando que en el caso concreto, procedía el indirecto. Por tanto, si la propia quejosa presentó de manera indebida en una segunda ocasión un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un proveído en el que señaló día y hora para que la perito en materia de trabajo social compareciera ante el juzgado responsable para llevar a cabo la valoración de dicho medio de convicción, del que derivó el acto reclamado en el amparo previo, y el acto reclamado en el amparo que se analiza se trata de una determinación que nuevamente señaló las trece horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba en materia de trabajo social, citando personalmente a las partes en las instalaciones del juzgado responsable; entonces, se estima que la quejosa conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Cabe destacar que, para llegar a la conclusión anterior, se requiere que el Tribunal Colegiado al que le turnó inicialmente el supuesto amparo directo, al declarar su incompetencia legal, haya expuesto a la quejosa los supuestos de procedencia del amparo directo y que hubiese aclarado que en contra de este tipo de actos procedía el juicio biinstancial. Circunstancias que, como se indicó con antelación, se encuentran colmadas en el presente asunto, pues en el diverso juicio de amparo 245/2017-VI, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, iniciado con motivo del diverso directo 109/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el cual mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, se declaró incompetente para conocer del juicio señalado en segundo término, al considerar que el acto reclamado no reunía las características de las sentencias definitivas, ni de las resoluciones que ponen fin al juicio, porque no decidieron lo procedente sobre las prestaciones reclamadas en el juicio de alimentos 748/2012. Esta condición permite que la quejosa tenga el conocimiento necesario y suficiente de la vía procedente, para tener por acreditado que el error en la vía deriva de una intención indebida para dilatar el procedimiento o de una temeridad procesal. Por tanto, si de constancias de autos se evidencia que la quejosa ya había sido informada acerca de la vía adecuada en una ocasión previa (juicio de amparo directo 109/2017) y, no obstante ello, decide promover un segundo amparo directo de manera indebida en las mismas condiciones, por ende, no es aplicable la excepción a la regla sobre la no interrupción del plazo para presentar la demanda de amparo; máxime, si la quejosa ha sido asesorada por el mismo abogado. Así, una cuarta equivocación de la peticionaria del amparo en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Presumir en todos los supuestos que la amparista desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Ello, amén de obligar a los órganos jurisdiccionales a una carga procesal que no les corresponde por ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo.". En esas condiciones, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía se reclama el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, luego entonces esa notificación surtió sus efectos el mismo día, conforme al Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, legislación aplicable al juicio de origen. Por tanto, es incuestionable, que el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías que en este momento intenta la quejosa, inició a computarse desde el veintiuno de noviembre de octubre de dos mil diecisiete, día posterior al en que surtió efectos la notificación realizada en el expediente de origen 748/2012, toda vez que desde ahí tuvo conocimiento del citado juicio en donde figura como actora y concluyó el once de diciembre de la misma anualidad, sin contar los días inhábiles. Consecuentemente, si la demanda de garantías que en este momento intenta, se recibió ante este juzgado hasta el doce de enero de dos mil dieciocho, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, pues ha excedido el término, desde que la quejosa tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados; lo cual implica que dicho acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Ahora, en virtud de que contra el acto de aplicación deviene improcedente el juicio de amparo, se hace extensiva a la inconstitucionalidad del artículo 5.56, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuya aplicación se llevó a cabo en la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 548/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en virtud de que la inconstitucionalidad reclamada no puede analizarse de manera independiente al acto de aplicación, pues al reclamarse tal ordenamiento general con motivo de su aplicación concreta, no puede desvincularse su estudio del que concierne a su aplicación, pues el acto de aplicación es el que precisamente causa perjuicio al particular y no por sí solo tal ordenamiento general considerado en abstracto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que estas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. ACUERDO OFICIO. Finalmente, intégrese únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio y las constancias que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en virtud a lo acordado en párrafos precedentes. Acúsese recibo.
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