Anavelia Sánchez López

Expediente 524/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
524/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Anavelia Sánchez López
  • Director del Periodico Oficial del Gobierno del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitido en la queja 97/2018, en la cual se determinó: " (.) PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Anavelia Sánchez López, contra el auto de trece de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 524/2018. SEGUNDO. Se apercibe a la recurrente ***y sus abogados ***y Demetrio ****, en términos de la parte final del último considerando de esta ejecutoria. (.)." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental. Ahora, por no ser necesaria la conservación de las copias certificadas derivadas del presente juicio de amparo, destrúyanse las mismas. Finalmente, devuélvase a la responsable las constancias que remitió al presente sumario, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por la quejosa por el cual interpone queja contra el auto que desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito original de agravios y copia certificada del cuaderno principal. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  4. Principal

    En cumplimiento al citatorio de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, notifico por lista a la parte quejosa el acuerdo de trece anterior, al tenor siguiente: RADICACIÓN. Visto el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de diez de abril del año en curso, donde ese órgano declinó competencia del juicio de amparo directo 255/2018 de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Amparo directo 255/2018; Oficio 2269/2018 en tres fojas; 4 copias de demanda; y, El original del procedimiento especial sobre divorcio incausado 261/2017. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, regístrese bajo el número 524/2018-V-B; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del análisis al escrito de demanda se desprende que la quejosa reclama: La inconstitucionalidad de los artículos 2.374, primer párrafo, 2.376, segundo párrafo y 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el acto de aplicación consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en el procedimiento especial sobre divorcio incausado 261/2017. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..).". El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Aunado a lo anterior, es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, conforme a los supuesto que derivaron de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10ª), relacionados con las constancias remitidas por el Tribunal declinante, se advierte que: I) en más de una ocasión y derivado de un mismo juicio natural, la quejosa promovió de manera incorrecta juicio de amparo directo cuando el procedente era el indirecto; II) que el amparo que nos ocupa fue presentado por quinta ocasión en la vía directa, en contra de un proveído que nuevamente señaló fecha para la primera audiencia de avenencia; y, III) que el amparo fue formulado en contra de actos derivados del juicio 261/2017, relativo a la solicitud de divorcio incausado. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que se turnó el amparo directo 255/2018 y declarar su incompetencia legal respecto a éste, explicó a la quejosa los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de la resolución ahí reclamada procedía el amparo indirecto. Luego, si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, acorde con los precedentes, lo cierto es, que de constancias se advierte que la quejosa incurre en un cuarto error al promover amparo directo en contra de un acto dictado en el mismo juicio natural relativo a la solicitud de divorcio encausado en el que ella es parte, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Máxime, si como en la especie, el Tribunal Colegiado al declararse incompetente, explicó los supuestos de procedencia del amparo directo, señalando que en el caso concreto, procedía el indirecto. Por tanto, si la propia quejosa presentó de manera indebida en una quinta ocasión un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un proveído en el que señaló fecha para la primera audiencia de avenencia, respeto a la solicitud de divorcio encausado, del que derivó el acto reclamado en el amparo previo, y el acto reclamado en el amparo que se analiza se trata de una determinación que nuevamente señaló fecha para la primera audiencia de avenencia; entonces, se estima que la quejosa conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Cabe destacar que, para llegar a la conclusión anterior, se requiere que el Tribunal Colegiado al que le turnaron inicialmente los supuestos amparos directos, al declarar su incompetencia legal, haya expuesto a la quejosa los supuestos de procedencia del amparo directo y que hubiese aclarado que en contra de este tipo de actos procedía el juicio biinstancial. Circunstancias que, como se indicó con antelación, se encuentran colmadas en el presente asunto, pues en el diverso juicio de amparo 53/2018, del índice de este juzgado, iniciado con motivo del diverso directo 13/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el cual mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, se declaró incompetente para conocer del juicio señalado en segundo término, al considerar que el acto reclamado no reunía las características de las sentencias definitivas, ni de las resoluciones que ponen fin al juicio, porque no decidieron lo procedente sobre las prestaciones reclamadas en el procedimiento especial de divorcio encausado 261/2017. Además, nuevamente presentó diversos amparos directos, de los cuales conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registrándolos con los números 636/2017, 13/2018, 14/2018 y 255/2018, en los cuales, mediante autos de veinticuatro de agosto de la anualidad pasada, ocho de enero de dos mil dieciocho, se declaró incompetente; y, por razón de turno, se radicaron ante este juzgado con los números 1349/2017-IV-, 46/2018-I-A y 53/2018-II-B, mismos que fueron desechados en términos similares al presente sumario. Esta condición permite que la quejosa tenga el conocimiento necesario y suficiente de la vía procedente, para tener por acreditado que el error en la vía deriva de una intención indebida para dilatar el procedimiento o de una temeridad procesal. Por tanto, si de constancias de autos se evidencia que la quejosa ya había sido informada acerca de la vía adecuada en tres ocasiones previas (juicios de amparo directo 636/2017, 13/2018, 14/2018 y 255/2018) y, no obstante ello, decide promover un quinto amparo directo de manera indebida en las mismas condiciones que el amparo primigenio 347/2017, por ende, no es aplicable la excepción a la regla sobre la no interrupción del plazo para presentar la demanda de amparo; máxime, si la quejosa ha sido asesorada por el mismo abogado. Así, una cuarta equivocación de la peticionaria del amparo en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Presumir en todos los supuestos que la amparista desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Ello, amén de obligar a los órganos jurisdiccionales a una carga procesal que no les corresponde por ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo.". En esas condiciones, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía se reclama el uno de marzo del año en curso, luego entonces esa notificación surtió sus efectos el mismo día, conforme al Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, legislación aplicable al juicio de origen. Por tanto, es incuestionable, que el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías que en este momento intenta la quejosa, inició a computarse desde el dos de marzo de dos mil diecisiete, día posterior al en que surtió efectos la notificación realizada en el expediente de origen 261/2017, toda vez que desde ahí tuvo conocimiento del citado juicio en donde figura como demandada y concluyó el veintisiete de ese mismo mes y año, sin contar los días inhábiles. Consecuentemente, si la demanda de garantías que en este momento intenta, se recibió ante este juzgado hasta el doce de abril de dos mil dieciocho, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, pues ha excedido el término, desde que la quejosa tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados; lo cual implica que dicho acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Además, en la especie se advierte que contra el acto aquí reclamado se actualiza diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La cual establece lo siguiente: "X. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Lo anterior es así, porque de tales documentales se corrobora que en el juicio de amparo 737/2017, de la estadística de éste órgano de control constitucional, la aquí quejosa reclamó: "La inconstitucionalidad de los artículos 2.374, primer párrafo, 2.376, segundo párrafo y 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el acto de aplicación consistente en el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en el procedimiento especial sobre divorcio encausado 261/2017.". Ahora, mediante sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se resolvió sobreseer y negar el amparo solicitado. Circunstancias que se corrobora al tener a la vista los autos del referido sumario. De lo relatado se colige, que el acto tildado de inconstitucional ya fue combatido por la accionante del amparo en el juicio primigenio 737/2017-IV-A, pues en el sumario constitucional en que se actúa, la inconstitucionalidad de los artículos 2.374, primer párrafo, 2.376, segundo párrafo y 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el acto de aplicación consistente en el auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en el procedimiento especial sobre divorcio incausado 261/2017. De lo hasta aquí expuesto, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio, ha sido materia de reclamo en diverso amparo promovido por la misma impetrante de la protección constitucional, por lo que no puede ser impugnado en un juicio de amparo nuevo, porque no puede desconocerse en el presente asunto. Sin que pase desapercibido que en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Juez del conocimiento, emitió el acuerdo siguiente: ".Visto el escrito de cuanta, presentado por JOAQUÍN RUIS SALINAS, con apoyo en los artículo 2.376 y 2.377 del Código Procesal en cita, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO para que tenga verificativo la Primer Junta de Avenencia en la que se tratara de avenir a las partes; por lo que, cítese a ANAVELIA SÁNCHEZ LÓPEZ, en el domicilio proporcionado en el escrito inicial, dándole la vista para que manifieste lo que a su derecho corresponda a la solicitud de divorcio y al convenio propuesto por el promovente, como fue ordenado en proveído de veintisiete de marzo del presente año". Sin embargo, no puede considerarse dicho acuerdo como un nuevo mandamiento, pues es inconcuso que el Juez de origen sólo pretendió reanudar la audiencia de avenencia. Es menester precisar que a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de improcedencia de cosa juzgada opera cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, en la que se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como en el caso acontece, pues esta situación no puede ser desconocida en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 34 del apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la diversa tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, de epígrafe y sinopsis: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, y la diversa prevista en el artículo citado en primer término, fracción XI, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. FORMACIÓN DE ANEXOS. Dado el volumen que presenta el juicio de origen remitido por la superioridad, fórmese el anexo uno. Finalmente, se ordena obtener copia certificada de diversas constancias relativas a los juicios de amparo 737/2017-IV-A, 1349/2017-IV-A, 46/2018-I-A y 53/2018, para ser agregadas al expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes.

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