Anavelia Sánchez López

Expediente 46/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
46/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Anavelia Sánchez López

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en la queja civil 29/2018, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ***** contra el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 46/2018-I.A." Por ende, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Intégrese la promoción de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original, copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído de ocho de enero del año en curso, donde ese órgano declinó competencia del juicio de amparo directo 14/2018 de su índice, y adjunta las siguientes constancias: Amparo directo 14/2018; Oficio 205/2018 en dos fojas; y, Seis copias de demanda SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, regístrese bajo el número 46/2018-I-A; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La solicitante de amparo reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2.374, primer párrafo, 2.376, segundo párrafo y 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el acto de aplicación consistente en el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en el procedimiento especial sobre divorcio encausado 261/2017. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..).". El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Aunado a lo anterior, es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. Ahora, los supuesto que derivaron la contradicción de tesis que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a), se desprende que: I) en más de una ocasión y derivado de un mismo juicio natural, la quejosa promovió de manera incorrecta juicio de amparo directo cuando el procedente era el indirecto; II) que el amparo que nos ocupa fue presentado por segunda ocasión en la vía directa, se promovió en contra del proveído que nuevamente señaló fecha para la primera audiencia de avenencia; y, III) que el amparo fue formulado en contra de actos relativos a la solicitud de divorcio encausado. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que se turnó el diverso amparo directo 347/2017, al declarar su incompetencia legal explicó a la quejosa los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de la resolución ahí reclamada procedía el amparo indirecto. Es por ello, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que si bien un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, acorde con los precedentes, lo cierto es que si de constancias de autos se advierte que la quejosa incurre en un segundo error al promover amparo directo en contra de un acto dictado en el mismo juicio natural, y además que el acto reclamado constituye un proveído relativos a la solicitud de divorcio encausado, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Máxime, si como, en la especie, el Tribunal Colegiado, al declararse incompetente explicó los supuestos de procedencia del amparo directo señalando que, en el caso concreto, procedía el indirecto. Por tanto, si la propia quejosa presentó de manera indebida en una tercera ocasión un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un proveído en el que señaló fecha para la primera audiencia de avenencia, respeto a la solicitud de divorcio encausado, del que derivó el acto reclamado en el amparo previo, y el acto reclamado en el amparo que se analiza se trata de una determinación que nuevamente señaló fecha para la primera audiencia de avenencia; entonces, se estima que la quejosa conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Cabe destacar que, para llegar a la conclusión anterior, se requiere que el Tribunal Colegiado al que le turnaron inicialmente los supuestos amparos directos, al declarar su incompetencia legal, haya expuesto a la quejosa los supuestos de procedencia del amparo directo y que hubiese aclarado que en contra de este tipo de actos procedía el juicio biinstancial. Circunstancias que se encuentran colmadas en el presente asunto, pues en el diverso juicio de amparo 737/2017, del índice de este juzgado, fue con motivo del diverso directo 347/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el cual mediante proveído de once de mayo de dos mil diecisiete, se declaró incompetente para conocer del juicio señalado en segundo término, el considerar que el acto reclamado no reunía las características de las sentencias definitivas, ni de las resoluciones que ponen fin al juicio, porque no decidieron lo procedente sobre las prestaciones reclamadas en el procedimiento especial de divorcio encausado 261/2017. Además, nuevamente presentó diverso amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registrándolo con el número 636/2017, y mediante auto de veinticuatro de agosto de la anualidad pasada se declaró incompetente, radicándolo ante este juzgado con el número 1349/2017-IV-A, el cual fue desechado en términos similares al presente sumario. Esta condición permite que la quejosa tenga el conocimiento necesario y suficiente de la vía procedente, para tener por acreditado que el error en la vía deriva de una intención indebida para dilatar el procedimiento o de una temeridad procesal. Por tanto, si de constancias de autos se evidencia que la quejosa ya había sido informada acerca de la vía adecuada en una ocasión previa (juicios de amparo directo 347/2017 y 636/2017) y, no obstante ello, decide promover un tercer amparo directo de manera indebida en las mismas condiciones que el amparo primigenio 347/2017, por ende, no es aplicable la excepción a la regla sobre la no interrupción del plazo para presentar la demanda de amparo; máxime si la quejosa ha sido asesorada por el mismo abogado. Así, una tercera equivocación de la quejosa en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Presumir en todos los supuestos que la quejosa desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Ello, amén de obligar a los órganos jurisdiccionales a una carga procesal que no les corresponde por ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 275, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo.". En esas condiciones, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía se reclama el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, luego entonces esa notificación surtió sus efectos el diecisiete siguiente. Por tanto, es incuestionable, que el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías que en este momento intenta la quejosa, inició a computarse desde el veintiuno de noviembre del año en curso, día posterior al en que surtió efectos la notificación realizada en el expediente de origen *** toda vez que desde ahí tuvo conocimiento del citado juicio en donde figura como demandada y concluyó el once de diciembre de la anualidad pasada. Consecuentemente, si la demanda de garantías que en este momento intenta, se recibió ante este juzgado hasta el once de enero de dos mil dieciocho, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, pues ha excedido el término, desde que la quejosa tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados; lo cual implica que dicho acto tildado de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. En esa tesitura, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Además, en la especie se advierte que contra el acto aquí reclamado se actualiza diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La cual establece lo siguiente: "X.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Lo anterior es así, porque de tales documentales se corrobora que en el juicio de amparo 737/2017, de la estadística de éste órgano de control constitucional, la aquí quejosa reclamó: "La inconstitucionalidad de los artículos 2.374, primer párrafo, 2.376, segundo párrafo y 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el acto de aplicación consistente en el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en el procedimiento especial sobre divorcio encausado 261/2017.". Ahora, mediante sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se resolvió sobreseer y negar el amparo solicitado. Circunstancias que se corrobora al tener a la vista los autos del referido sumario. De lo relatado se colige que el acto tildado de inconstitucional ya fue combatido por la accionante del amparo en el juicio primigenio ***y ***, pues en el sumario constitucional en que se actúa, la inconstitucionalidad de los artículos 2.374, primer párrafo, 2.376, segundo párrafo y 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el acto de aplicación consistente en el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, en el procedimiento especial sobre divorcio encausado 261/2017. De lo hasta aquí expuesto, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio, ha sido materia de reclamo en diverso amparo promovido por la misma impetrante de la protección constitucional, por lo que no puede ser impugnado en un juicio de amparo nuevo, porque no puede desconocerse en el presente asunto. Sin que pase desapercibido que en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento, emitió el acuerdo siguiente: ". en esa virtud, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137, 1.138 y 2.374 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el desahogo de la PRIMERA AUDIENCIA DE AVENENCIA a que se refiere el último precepto legal invocado,. consecuentemente se turnan los autos al Notificador de la adscripción a efecto de que en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veintisiete de marzo del año en curso, notifique y de vista con la solicitud de divorcio a la cónyuge citada ***, debiéndole comunicar la fecha anteriormente señalada". Sin embargo, no puede considerarse dicho acuerdo como un nuevo mandamiento, pues es inconcuso que el Juez de origen sólo pretendió reanudar la audiencia de avenencia. Es menester precisar que a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de improcedencia de cosa juzgada opera cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, en la que se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como en el caso acontece, pues esta situación no puede ser desconocida en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 34 del apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la diversa tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, de epígrafe y sinopsis: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Finalmente, se ordena obtener copia certificada de diversas constancias relativas a los juicios de amparo 737/2017 y 1349/2017-IV-A, para ser agregadas al expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes.

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