Anastasia Campechano Playot
Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Anastasia Campechano Playot
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene informando que se aceptó la competencia planteada por el suscrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por Anastasia Campechano Palayot, Pascuala Lindo y Pedro Camacho Mendoza. Háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.
- Principal
.... se notifica a la parte quejosa por medio de lista que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa, y del Juez de Control adscrito al Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 207/2023, y en atención al estudio integral de la demanda de cuenta, este Tribunal Federal procede a determinar: C O N S I D E R A N D O ÚNICO. El suscrito estima que en el caso particular, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de vía, no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, primer párrafo, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, párrafo segundo, y 47 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo que a continuación se transcribe: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Por su parte, el numeral 47 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." De los preceptos legales trascritos, se desprende que es competencia de los Tribunales Colegiados, las demandas de amparo que se promuevan en contra de las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio. En el caso, la parte quejosa destaca como acto reclamado el siguiente: ". IV. ACTO RECLAMADO.- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA se reclama: La interlocutoria de fecha 21 DE FEBRERO DEL 2023, NOTIFICADA EL DIA 28 de febrero del 2023, dictada dentro de los autos del Toca Penal número ********************-a, del Índice de la Primera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante la cual se confirma el Auto de SOBRESEIMIENTO dictado en los autos del registro penal acusatorio ********************, de 19 de abril del 2022, por el Titular JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTO PENAL ORAL DEL XIX DISTRITO JUDICIA, dictado en los autos del registro penal acusatorio ********************.- De las AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS se reclama: Todos los actos tendientes a ejecutar la determinación de Primera Instancia y que fuere avalada por el A Quo, particularmente el auto de sobreseimiento." Al respecto, es de destacarse el contenido de los artículos 327 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 327.- Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley". "Artículo 328.- Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado". De lo anterior se desprende que el sobreseimiento firme en el proceso penal, previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien no constituye una sentencia definitiva, sí se trata de una resolución homologa a ésta que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal, ya que adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo establece el aludido arábigo 328 antes trascrito, lo cual impide que el Ministerio Público continúe con el proceso penal; y en consecuencia, es procedente en su contra el juicio de amparo directo cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, lo expuesto en la ejecutoria relativa a la tesis de Jurisprudencia 40/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 459 del Tomo I, Libro 21 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2015, Décima Época, que señala: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito.". Por ende, la resolución recaída es una que dio por concluido el procedimiento penal al decretar el sobreseimiento en la causa, procediendo en consecuencia el juicio de amparo, pero en la vía directa y por ende, resulta incuestionable que de la demanda de cuenta, corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al contenido de los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo.. En consecuencia, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL, para conocer de la demanda de amparo, y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, en turno, con sede en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, para que ésta a su vez la haga llegar al Tribunal de la materia que por turno corresponda, a fin de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto. Asimismo, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, solicítese atentamente al Tribunal que corresponda conocer del presente asunto, acuse recibo de estilo y una vez que resuelva sobre la competencia planteada, informe a este juzgado sobre el particular. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Con apoyo en el primer párrafo del artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene a ******************** como representante común, sin perjuicio de que ellos hagan la designación posteriormente. Se tienen a las personas que menciona en el proemio de su escrito únicamente como autorizadas para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, dado que no se encontró registrada su cédula en el Sistema Computarizado mencionado en el párrafo que antecede. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
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