Anabel Varela Huerta
Expediente 1119/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Anabel Varela Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la aquí quejosa ********************y en representación de su menor hija de iniciales ********************, a través del cual expone que la autoridad responsable denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de pagador de nómina u oficina de Recurso Humanos, o quien corresponda pagar la nómina de los jubilados de dicho Instituto, con sede en Veracruz, Veracruz, no ha dado cumplimiento a lo ordenado por resolución interlocutoria de dieciséis de noviembre del año en curso, en donde se le concedió la suspensión definitiva en los términos siguientes: "Con fundamento en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, y atendiendo al interés superior de la menor de edad involucrada, contemplado en el artículo 4º Constitucional, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que se dé cabal cumplimiento a lo decretado dentro del expediente civil ********************, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y se libere todo obstáculo que impida concretar a favor de la parte acreedora (aquí quejosas ********************y su hija menor de edad de iniciales ********************) el pago de la pensión ahí establecida, a cargo del deudor alimentario ********************; lo anterior hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva por sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que este incidente se contrae." En esas condiciones, previo a dar el trámite correspondiente al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión que promueve en el escrito que se atiende, pero además, porque de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el pasado veinticuatro de noviembre feneció el plazo de tres días conferido a la aludida autoridad responsable mediante resolución interlocutoria de dieciséis de noviembre pasado (notificada vía oficio 33550 y recibido el veintiuno de noviembre del año en curso) en donde se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa y se le requirió para que informara el cumplimiento dado a la medida cautelar, sin que a la fecha haya informado lo relativo. A fin de no dejar sin defensa a ninguna de las partes, y como el artículo 158 de la Ley de Amparo, faculta al suscrito para tomar las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento de las resoluciones de suspensión de los actos reclamados, con copia del escrito de cuenta, y ante la conducta contumaz de la autoridad responsable de referencia, de acatar un mandamiento judicial federal que le ha sido dirigido, haciéndolo con pleno conocimiento y en evidente desafío de esta autoridad; se impone requerir por segunda ocasión a la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de pagador de nómina u oficina de Recurso Humanos, o quien corresponda pagar la nómina de los jubilados de dicho Instituto, con sede en Veracruz, Veracruz, para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe el estricto cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés (notificada vía oficio 33550 el veintiuno de noviembre siguiente) emitida en el presente incidente de suspensión 1119/2023, desde el momento en que se emitió dicha medida cautelar, debiendo acompañar las constancias que brinden el soporte documental. Apercibido que de no informar lo solicitado, o en su caso no tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo señalado en la referida resolución de dieciséis de noviembre hogaño, se le impondrá una multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Indíquese a la actuaria de este Juzgado, que se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio de la aludida autoridad responsable, a fin de que realice la entrega del oficio que al efecto se libra, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Igualmente se apercibe a la autoridad responsable a que cumpla con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo incurrirá en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, como se dijo, dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopte al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
RESULTANDO PRIMERO. ********************por sí y en representación de su hija menor de edad de iniciales********************, promovió amparo contra actos de la autoridad responsable que enseguida se enuncia, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de pagador de nómina u oficina de Recurso Humanos, o quien corresponda pagar la nómina de los jubilados de dicho Instituto 31 ACUSE PRESUMIR CIERTO VERACRUZ, VERACRUZ De la que reclama el acto que más adelante quedará precisado. SEGUNDO. Por acuerdo de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, este juzgado concedió la suspensión provisional del acto reclamado, solicitó informe previo a la autoridad responsable y, fijó hora y fecha para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver;CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que éste Órgano Jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia: ".La omisión de aplicar los descuentos judiciales en contra del C. ********************, de quien se dictó medida provisional dentro del expediente No. ********************, en el JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ..." "...el no dar contestación a los informes correspondientes derivados de lo ordenado a dicho Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los oficios No. 4900/2023, 6419/2023, y 7977/2023, emitidos en fechas 29 de mayo, 10 de agosto, y 27 de septiembre, respectivamente, todos de la presente anualidad, expedidos por el JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ...//...Lo anterior se solicitó, toda vez que no se ha visto reflejado a la fecha el mencionado pago por concepto de pensión alimenticia en la cuenta bancaria a título de la promovente establecida en autos de la citada controversia familiar." TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, a las constancias exhibidas por la parte quejosa, por tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en el ejercicio de sus funciones y que la ley le confiere. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de pagador de nómina u oficina de Recurso Humanos, o quien corresponda pagar la nómina de los jubilados de dicho Instituto, con sede en Veracruz, Veracruz, no rindió su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio 31867 de treinta y uno de octubre del año en curso, en donde se le notifica la apertura del presente incidente de suspensión y se le requiere su informe previo, misiva que recibió desde el seis de noviembre pasado, como se aprecia del acuse de recibo que corre agregado en autos. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. Pronunciamiento. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, puesto que la parte quejosa solicita la suspensión, el suscrito procede a resolver: Con fundamento en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, y atendiendo al interés superior de la menor de edad involucrada, contemplado en el artículo 4º Constitucional, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que se dé cabal cumplimiento a lo decretado dentro del expediente civil ********************, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y se libere todo obstáculo que impida concretar a favor de la parte acreedora (aquí quejosas ********************y su hija menor de edad de iniciales********************) el pago de la pensión ahí establecida, a cargo del deudor alimentario ********************; lo anterior hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva por sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que este incidente se contrae. La suspensión aquí concedida no surtirá sus efectos si la negativa que constituye el acto reclamado obedece a una orden judicial emitida por un juez competente, o si la misma proviene de circunstancias diversas a las narradas en la demanda de amparo. Tampoco operará, en el supuesto de que la realidad fáctica que gira en torno a la reclamación constitucional revele la inexistencia del mandamiento de pago y aplicación de recursos económicos sea inexistente, en los términos en que lo identifica la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, atendiendo a lo manifestado por la parte quejosa en el escrito relacionado en la audiencia incidental de esta fecha, respecto de que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la suspensión provisional concedida, así como lo resuelto en la presente interlocutoria, en donde se concede la suspensión definitiva en los términos expuestos. El suscrito considera, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no dejar sin defensa a ninguna de las partes, y además como el artículo 158 de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para tomar las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento de las resoluciones de suspensión de los actos reclamados, con copia del escrito de cuenta, procedente requerir a la autoridad responsable, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación de esta determinación, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, informe el estricto cumplimiento dado a la suspensión otorgada a la parte quejosa, desde el momento en que se emitieron las medidas cautelares, debiendo acompañar las constancias que brinden el soporte documental. Apercibida que de no informar lo solicitado, o en su caso no tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo señalado en la presente medida suspensiva, se le impondrá una multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se;RESUELVE PRIMERO. Se CONCEDE a ********************por sí y en representación de su hija menor de edad de iniciales********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad responsable citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. SEGUNDO. Se requiere a la autoridad responsable el cumplimiento dado a la medida suspensional aquí decretada, en términos de la parte final del considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo que acompaña, signado por el Lic. ********************, en su carácter Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en representación de las autoridades responsables 5. Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, 6. Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, 7 y 10. Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, 8. Titular del Órgano de Operación Administrativa y 9. Titular del Departamento de Guarderías, todos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Xalapa, Veracruz; recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento al fallo constitucional. En esas condiciones, se reserva dar vista a la parte quejosa hasta en tanto dicha responsable, remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la parte tercera interesada en el presente asunto, la sentencia autorizada de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: "SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 343/2023. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Perla del Carmen Morales Solano en su carácter de defensora particular de SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-17). SEGUNDO. Trámite. Previa prevención (fojas 19-23) mediante auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo (fojas 32-39). Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja (fojas 42-43) El nueve de agosto del año en curso (fojas 58-62) se recibió oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; remitiendo testimonio de la ejecutoria dictada en el toca relativo al recurso de queja 138/2023 de su estadística, de la cual se advierte que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto. Por ello, en acatamiento a la resolución emitida por la Superioridad, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; asimismo se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados María Sánchez Hermida y Fiscal Noveno de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII, en Veracruz, mismos que fueron emplazados el quince y el catorce de agosto de dos mil veintitrés, respectivamente (fojas 69-70 y 71). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 72). Integrado el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados, en donde se tuvo por apersonada a juicio a la tercero interesada aclarando que su nombre correcto es María Guadalupe Sánchez Hermida, y haciendo valer causal de improcedencia (fojas 110-114). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama omisión de acordar un escrito en un proceso penal, susceptible de afectar los derechos humanos, tutela efectiva y el derecho de petición de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, y el informe justificado de la autoridad responsable se aprecia que consisten en: La omisión de notificar de manera personal y con las formalidades de ley la constatación de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés relativa a la petición que formulara la defensa solicitando diferimiento de audiencia inicial en el proceso penal 472/2022 que se instruye en contra de SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de despojo cometido en agravio de María Guadalupe Sánchez Hermida, por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "A" en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "A" en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su respectivo informe justificado reconoció la existencia de la omisión atribuida por la parte quejosa (foja 72). Lo que se corrobora, en razón que la autoridad judicial responsable remitió copia auténtica de la constatación de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés reclamada (foja 106) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. La tercero interesada María Guadalupe Sánchez Hermida sostiene que la parte quejosa no tiene interés jurídico, al no demostrar qué es lo que le afecta directamente, por la omisión de la autoridad responsable. Sin embargo, contrario a lo expuesto la parte quejosa sí tiene interés jurídico, ya que SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ en el proceso penal 472/2022 se les imputa su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de despojo cometido en agravio de María Guadalupe Sánchez Hermida. Asimismo, la tercero interesada María Guadalupe Sánchez Hermida, sostiene que la parte quejosa no agotó el recurso idóneo de los previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, como lo refirió la Superioridad en la ejecutoria dictada en el toca relativo al recurso de queja 138/2023 al declarar fundado dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, lo que se reclama es la omisión de realizar una notificación, lo que implica la falta de controvertir lo resuelto por la autoridad responsable, por lo que en el presente asunto es inaplicable el principio de definitividad. Por ende son infundadas las causas de improcedencia que hace valer. Finalmente, no se advierte alguna causa de improcedencia que deba ser invocada de oficio, por lo que se pasa al estudio de los motivos de disenso de la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos al ser innecesaria su transcripción y no exigirlo algún precepto legal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En el presente asunto, la parte quejosa reclama la omisión de notificar de manera personal y con las formalidades de ley la constatación de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés relativa a la petición que formulara la defensa solicitando diferimiento de audiencia inicial en el proceso penal 472/2022 por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "A" en Veracruz, Veracruz. En el caso, se califican de fundados los motivos de disenso formulados por la parte quejosa y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, por las razones siguientes. PREMISAS NORMATIVAS Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se califican de esa los conceptos de violación, en principio conviene establecer las siguientes premisas: I. Formalidades esenciales del procedimiento El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Art. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal disposición constitucional ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente a que se emita el acto privativo, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 47/95, que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del citado precepto constitucional y de la tesis de jurisprudencia que lo interpreta, se puede advertir que las autoridades tienen el deber de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia previa y para garantizar la defensa adecuada, únicamente cuando se trata de un acto que priva de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, tales formalidades se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. En esos términos, la Corte ha precisado que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar, y El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y la circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto que imponga la obligación de respetar el derecho de previa audiencia cuando los actos privan al gobernado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, pues de no hacerlo estaría violando lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional (además de ser inconstitucional la ley). Al respecto, se invoca la jurisprudencia 95, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción." Así como la diversa tesis de contenido: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En materia administrativa en general, y especialmente en materia agraria, la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional debe interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos, sino que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, respetando los procedimientos que lo condicionan, tienen la obligación de dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca tal garantía; basta que sea consagrada en la Constitución General de la República. El artículo 27, fracción XI, inciso a), de la propia Constitución señala como atribución del Poder Ejecutivo Federal hacerse cargo de la actividad gubernamental en materia agraria, por conducto de la dependencia encargada de aplicar y ejecutar las leyes agrarias; tal atribución se ejerce sin necesidad legal de acudir previamente ante la autoridad judicial, porque la constituyen actos soberanos del Estado sancionados por la Constitución Federal." De lo que se concluye que dicho párrafo constitucional reproducido obliga a que todas las autoridades, sin distinción, deben respetar la prerrogativa que se comenta. II. Formas de las notificaciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales Para conocer la manera en que deben practicarse las notificaciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe atenderse a lo previsto en los artículos 82, 83 y 87, primer párrafo, del aludido código, los cuales establecen: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 83. Medios de notificación Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada. En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código." "Artículo 85. Lugar para las notificaciones Al comparecer en el procedimiento, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar en donde éste se sustancie y en su caso, manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en este Código. El Ministerio Público, Defensor y Asesor jurídico, cuando éstos últimos sean públicos, serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del Órgano jurisdiccional que ordene la notificación, salvo que hayan presentado solicitud de ser notificadas por fax, por correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro medio. En caso de que las oficinas se encuentren fuera de la jurisdicción, deberán señalar domicilio dentro de dicha jurisdicción. Si el imputado estuviere detenido, será notificado en el lugar de su detención. Las partes que no señalaren domicilio o el medio para ser notificadas o no informen de su cambio, serán notificadas de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 82 de este Código." "Artículo 87. Forma especial de notificación La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la materia, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación." Hasta aquí el marco referencial. ANTECEDENTES Con el propósito de dotar de un orden a la presente sentencia, conviene informar los antecedentes del asunto obtenidos de las copias auténticas que remitió la autoridad judicial responsable como justificación de sus actos: 1). Por oficio 710/2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la Comisionada a la Fiscalía Novena de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, solicitó al Juez de Control de Veracruz, Veracruz, fijara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial a fin de formular imputación contra SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictivo de despojo, en agravio de María Guadalupe Sánchez Hermida, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DJXVII/F-IX/3586/2021 (foja 73). 2). El veintiséis de mayo siguiente, la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, Sala "A", en Veracruz, Veracruz, en atención a esa solicitud, acordó: radicar el proceso penal 472/2022; fijar las doce horas del veintidós de septiembre del citado año, para llevar a cabo la audiencia solicitada y, notificar de manera personal a las partes interesadas de manera personal en los domicilios que corren agregados en el oficio signado por la Fiscalía (fojas 74-75) Mismas partes que fueron notificadas (fojas 76-91). 3). Mediante constatación de siete de septiembre de dos mil veintidós, la Juez de control refirió que en virtud del oficio 16875 signado por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, por medio del cual le concedieron permiso económico los días veintidós y veintitrés de septiembre dos mil veintidós, y ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia inicial señalada para el veintidós de septiembre de ese año, la jueza de control acordó: citar nuevamente a las partes para el día veintisiete de octubre de dos mil veintidós a las once horas, para llevar a cabo la audiencia inicial de imputación en libertad de las investigadas; con el apercibimiento para todas las partes que no comparecer sin causa justificada, se harían acreedores a una de las medidas de apremio que establece el código adjetivo de la materia (foja 92). 4). Ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia inicial, ante la inasistencia de la víctima María Guadalupe Sánchez Hermida, ni persona que la represente, por constatación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la jueza de control acordó: citar nuevamente a las partes para las catorce horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia inicial de imputación en libertad de las investigadas; con el apercibimiento para todas las partes que no comparecer sin causa justificada, se harían acreedores a una de las medidas de apremio que establece el código adjetivo de la materia, y por lo que hace a las investigadas, se les apercibió que en caso de comparecer en la fecha y hora señaladas sin causa justificada, se les podría decretar sustraídas de la acción de la justicia, ello conforme al artículo 141, cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 103-104). 5). Escrito suscrito por Perla del Carmen Morales Solano en su carácter de defensora particular de SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ en los autos del proceso penal 472/2022 presentó escrito dirigido a la Jueza de Control, por medio del cual solicitó se difiriera la audiencia inicial en libertad de las investigadas, en virtud de que se encontraba cursando su periodo de embarazo, especificando encontrarse en la semana treinta y siete, y para que las investigadas se encontraran debidamente representadas, solicitando se fijara una fecha prudente para el desahogo de dicha audiencia, refiriendo que anexaba documentales privadas que acreditaban su estado de gravidez, proporcionando medios electrónicos consistentes en teléfono móvil y correo electrónico (foja 105). 6). Constatación de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, por medio de la cual la Juez de control responsable, una vez visto el escrito suscrito por la licenciada Perla del Carmen Morales Solano por medio del cual solicita se difiera la audiencia para el día diez de febrero de dos mil veintitrés, en virtud de que se encuentra cursando la semana treinta y siete de gestación, una vez impuesta del mismo acordó: "con fundamento en los artículos 17 segundo párrafo Constitucional, 16, y 134, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, agréguense los mismos a los autos del Proceso Penal para su debida constancia, dígase al ocursante que sin mayor proveer, en virtud de que no anexa documento alguno que justifique su dicho, motivo por el cual la suscrita carece de certeza jurídica.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE." (foja 106) -La omisión de notificar dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN Como se observa de los antecedentes, la fiscal investigadora solicitó al Juez de Control se fijara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial a fin de formular imputación contra SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo en agravio de María Guadalupe Sánchez Hermida. Ante ello, la juzgadora radicó el proceso penal 472/2022 y, luego de diversos diferimientos, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, acordó citar nuevamente a las partes para las catorce horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, a fin de llevar la aludida audiencia inicial; con el apercibimiento para todas las partes que no comparecer sin causa justificada, se harían acreedores a una de las medidas de apremio que establece el código adjetivo de la materia, y por lo que hace a las investigadas, se les apercibió que en caso de comparecer en la fecha y hora señaladas sin causa justificada, se les podría decretar sustraídas de la acción de la justicia, ello conforme al artículo 141, cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que Perla del Carmen Morales Solano en su carácter de defensora particular de SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ presentó escrito por medio del cual solicitó se difiera la audiencia para el día diez de febrero de dos mil veintitrés, en virtud de que se encuentra cursando la semana treinta y siete de gestación, acordando la Juez de control, sin mayor proveer, en virtud de que no anexó documento alguno que justifique su dicho, por carecer de certeza jurídica, ordenando que dicho auto fuera notificado. Sin embargo, del análisis de las constancias que fueron anexadas al informe justificado rendido por el Juez de control responsable, se advierte que dicha constatación o auto no fue notificado de manera personal, por lista, Estrado o Boletín Judicial, ni por algún medio tecnológico proporcionado por la defensora, es decir por alguna de la formas que señalan los artículos 82 y 83, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, no obra acta circunstanciada pormenorizada por parte del actuario que acredite la notificación respectiva. En ese contexto, se considera vulnerado el derecho fundamental de seguridad jurídica de la parte quejosa, en virtud de que en los autos del proceso penal 472/2022, no existe constancia que acredite que le fue notificado a la defensora particular Perla del Carmen Morales Solano la constatación o auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se informaba que se agregaba a los autos el escrito relativo a la petición que formulara la defensa solicitando diferimiento de audiencia inicial en dicho proceso en virtud de que se encontraba cursando la semana treinta y siete de gestación, acordando la Juez de control, sin mayor proveer, en virtud de que no anexó documento alguno que justifique su dicho. Máxime que de haberse notificado dicho acuerdo de manera oportuna, la defensora particular podría haber justificado su solicitud y se podría haber acordado favorable su solicitud de diferimiento de la audiencia inicial señalada para las catorce horas del diez de febrero de dos mil veintitrés. CONCLUSIÓN En consecuencia, el acto reclamado el mismo deviene inconstitucional y violatorio de los derechos fundamentales que se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. EFECTOS En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Jueza de Control responsable: 1). Ordene notificar de manera personal o por los medios electrónicos proporcionados por la defensora particular Perla del Carmen Morales Solano, la constatación o auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, y en caso de justificar su estado de gravidez, como consecuencia deje sin efectos los demás actos desahogados en los autos del proceso penal 472/2022 de su índice, y señale fecha y hora para para llevar a cabo la audiencia inicial a fin de formular imputación contra SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho delictivo de despojo, en agravio de María Guadalupe Sánchez Hermida. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Perla del Carmen Morales Solano en su carácter de defensora particular de SABRINA DEL CARMEN SOTO CABRA, ADRIANA MARÍA SOTO CABRA y MARÍA CABRA PÉREZ, contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de Ley." Firmas electrónicas.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Ana Ruth Reyes Rojas931/2014
- Ana Silvia Morales Hernández914/2015
- Ana Victoria Díaz Contreras307/2023
- Ana Yajaira Bonilla Vázquez702/2021
- Ana Yeni Licona Canela Hernández740/2017
- Anabel Iglecia Castro833/2023
- Anacleto Vázquez Hernández665/2019
- Anahí Espinoza Rodríguez695/2023
- Anahí Scarñet Caro Yáñez121/2021
- Analí Mendoza Najera1192/2015
- Anastacia Marcial Salazar975/2014
- Anastasia Campechano Playot207/2023