Andrea Coto Gapi

Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
765/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Andrea Coto Gapi

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, recibido en línea, y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto en autos por la parte quejosa, en contra del proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, mismo que registro con el número de expediente de queja 713/2022 de su índice; por lo que se está en espera de lo que la Superioridad resuelva respecto de dicho medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por ANDREA COTO GAPI, por su propio derecho y en representación del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, en su carácter de Regidora Primera; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de uno de septiembre del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de uno de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez notificado el presente acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común el original y copia del escrito del recurso de queja; copia certificada del proveído recurrido; el informe sobre la materia de la queja; y copias certificadas de las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación de dicho recurso. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es en contra del proveído que se tuvo por desechada la demanda de amparo y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte promovente por este conducto, el proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por ANDREA COTO GAPI, por su propio derecho y en representación del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, en su carácter de Regidora Primera, contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número 765/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, el suscrito juzgador procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza una causa de improcedencia y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Ello es así, pues en el caso se configura la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XV, en relación con los diversos artículos 103, y 107, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y Fracción reformada DOF 29-01-2016 Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)." (lo subrayado es propio) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (...)" De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales reproducidos, se advierte que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se produzca, con excepción de aquellas en materia electoral. Por otra parte, el artículo 61, de la Ley de Amparo, determina las causales de improcedencia que hacen improcedente el juicio de amparo. Como se advierte de la citada fracción XV de la Ley de Amparo, conforme con el orden constitucional, la naturaleza y objeto del juicio constitucional, se determina la improcedencia de éste, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo cual abarca a los actos que se emitan para hacer efectivas sus determinaciones, ya que por esa circunstancia gozan de la misma naturaleza electoral. En el caso, la promovente reclama el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, recaído en el expediente TEV-JDC-524/2021 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el cual decretan imponer la media de apremio consistente en multa de veinticinco (25) UMAS, así como los actos tendientes a la ejecución de la misma. En los antecedentes del escrito de demanda, que manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que dicho acuerdo reclamado deriva de un incidente de incumplimiento a la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, del índice del Tribunal Electoral antes mencionado, a efecto de otorgar a los agentes y subagentes municipales (parte actora) una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones pertenecientes al Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, correspondiente el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Por tanto, es evidente que el procedimiento de origen deriva de la omisión y presupuestación para otorgar a los actores el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, refiriéndose a las remuneraciones por virtud de su desempeño en el cargo popular de agentes auxiliares o municipales, lo que significa que sus funciones están determinadas por disposiciones de orden electoral y sus percepciones representan un derecho del mismo entorno, esto es, de orden político electoral. Por tal motivo, si el acto combatido deriva de una resolución emitida por una autoridad competente en materia electoral, como lo es el Tribunal Electoral para el Estado de Veracruz, y se relaciona con derechos políticos electorales, entonces se produce la improcedencia del juicio de amparo. Por todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XV, 113, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 103 y 107 primer párrafo, de la Carta Magna, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase a Álvaro Francisco Rosas Rodríguez, y Antonio García Rodríguez, como autorizados en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que acreditan tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene a las restantes personas como autorizados en términos del segundo párrafo del invocado artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no encontró registro de sus cédulas en el aludido Sistema. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "LICFRANCISCOROSAS" en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ En esas condiciones, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar la alta correspondiente con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, lagosyabogados@hotmail.com; sin que a través de dicha mensajería electrónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no es medio de notificación previsto por la ley de la materia. De igual forma, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar su código QR, para los efectos legales procedentes.

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